Un juez fuera de la ley
Un nuevo escándalo se suscita en la Justicia Federal, en este caso en la jurisdicción de Mendoza. Las denuncias presentadas contra el juez federal y en lo electoral Walter Bento incluyen imputaciones del fiscal Dante Vega como jefe de una asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramitan en el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del juez Eduardo Puigdengoles. Este magistrado ya ordenó la detención de varios abogados, de un comisario y de la esposa e hijos de Bento.
El juez Bento está acusado de cobrar sobornos para favorecer a autores de delitos graves, como narcotráfico y homicidio, postergando detenciones, ordenando discrecionalmente excarcelaciones y libertades. Desde hace tiempo, este juez, designado en 2005, era objeto de fundadas sospechas en el foro mendocino por un nivel de vida incompatible con sus ingresos como juez federal.
Ya había sido sometido a un juicio político por la arbitrariedad con que actuó pretendiendo intervenir a la empresa Cablevisión. Sus actuaciones habían sido declaradas nulas por la Corte Suprema, en función de que había realizado “una creación ex nihilo para fundar su competencia e irrumpir en la ajena”. Ese pedido de juicio político fue fundamentado en el mal desempeño y el manifiesto desconocimiento del derecho, acreditado con solo leer los fundamentos del fallo de la Corte. Pero la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura rechazó el pedido.
Es lamentable que este cuerpo no haya suspendido aún a este juez, mientras prosigue el trámite previsto en estos casos. El organismo ha avanzado con celeridad en el caso de otros magistrados que se animaron a promover causas contra sospechosos de corrupción, pero ha demostrado en demasiadas ocasiones complacencias con jueces de escasa formación, sospechados de enriquecimiento ilícito, pero alineados con el Gobierno.
Casos como el de los exjueces Oyarbide o Canicoba Corral, que lograron eludir los juicios políticos por sus conexiones políticas a pesar de sus escandalosas conductas, no contribuyen al alicaído prestigio del Consejo de la Magistratura.
Surgido de la reforma constitucional de 1994, el Consejo fue promovido por el expresidente Alfonsín con la intención de mejorar el proceso de selección de los magistrados, priorizando la excelencia por sobre los padrinazgos políticos. Sin embargo, es harto conocido por quienes han seguido los procesos de selección que los concursos son en muchos casos verdaderas farsas. Basta contar con el respaldo de personajes de la política, en particular de gobernadores provinciales que buscan asegurar su impunidad dominando la Justicia provincial, para saltar del último lugar del concurso a los primeros.
En el caso que nos ocupa, a la mala formación académica se suman conductas delictivas de alta peligrosidad y la probabilidad de que estemos ante el jefe de una banda delictiva de vastas proporciones, una red con complicidades forenses y policiales.
Es de esperar que, mientras tramitan en la Justicia Federal las denuncias del fiscal Vega, el Consejo de la Magistratura proceda a la suspensión del magistrado mendocino. Es hora de poner freno a la degradación institucional de la república. Solo en un país de valores profunda y peligrosamente subvertidos puede darse el desatino de que un magistrado sospechado de tantos delitos graves continúe dictando sentencias.