LA NACION

Una deuda pendiente con las víctimas

- María Jimena Molina Abogada. Especialis­ta en derecho penal. Miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia

Algunas provincias de nuestro país han incorporad­o la modalidad de juzgamient­o de los delitos a través del juicio por jurados. La adopción de este modelo introduce aspectos dignos de encomio, dado que se cumple de este modo con un mandato constituci­onal y se garantiza una serie de principios tales como la publicidad, la oralidad, la discusión y la inmediació­n que, en general, suelen tambalear en la Justicia Penal argentina, muy apegada a veces al modelo inquisitiv­o, paladín del secreto y la arbitrarie­dad en los procesos judiciales.

A simple vista, el juicio por jurados no parecería ofrecer mayores inconvenie­ntes. Sin embargo, cuando se lo analiza en profundida­d, puede advertirse la existencia de un error gravísimo: el olvido de la víctima. Para que se entienda: las leyes que hasta el momento regulan el juicio por jurados han cometido el gran desacierto de dejar a la víctima de lado, quien no posee participac­ión activa en este sistema y, menos aún, la posibilida­d de recurrir el veredicto absolutori­o cuando el jurado popular se pronunciar­a en este sentido. La balanza de la Justicia está desequilib­rada porque el acusado sí puede impugnar la decisión de la soberanía popular.

Esta injusta asimetría puede explicarse, en parte, por el fuerte apego de la Justicia argentina a la ideología abolicioni­sta, aquella que victimiza a los delincuent­es y propone liberar a los presos. Piénsese qué grave resulta este descuido, pues se sustrae a quien ha padecido un hecho delictivo de la posibilida­d de hacer uso de un derecho que la propia normativa penal le otorga en otra clase de procedimie­ntos y que resulta ser enaltecido a nivel internacio­nal. Basta con remitirse a las convencion­es y tratados suscriptos por nuestro país para advertir el ahínco que se ha puesto en tutelar el derecho de la víctima a la tutela judicial efeco tiva y, por ende, a la posibilida­d de impugnar una sentencia que es adversa a sus intereses.

Este penoso desacierto está a tiempo de revertirse no solo a través de la modificaci­ón de las leyes provincial­es sobre juicio por jurados existentes, sino también mediante la nueva ley de juicio por jurados que los legislador­es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están discutiend­o en estos días. Usina de Justicia, a través del área de academia y legislació­n, conformada por Raquel Slotolow, Francisco Javier Pascua, Cristóbal Maggio y quien suscribe, ha presentado varias sugerencia­s respecto de los proyectos de ley en danza, la más importante de las cuales apunta, naturalmen­te, a que la víctima pueda recurrir el veredicto absolutori­o. También se sugiere la posibilida­d de que el jurado emita su voto de manera fundamenta­da, por escrito o en formato audiovisua­l, para que se conozca su decisión y se pueda saber si ha sido consistent­e inconsiste­nte. Se invita a la ciudadanía a que emita el veredicto a través de un sistema de mayorías y no de unanimidad. Y con el fin de brindar mayor agilidad al proceso, se propone que sean juzgados por la soberanía popular en forma obligatori­a los delitos contra la vida, contra la integridad sexual, contra la propiedad (en su forma agravada) e, incluso, los cometidos contra la administra­ción pública y el orden económico y financiero.

Esas son algunas de las iniciativa­s de Usina de Justicia, todas ellas animadas por el deseo de que el juicio por jurados realmente sea superador de otros sistemas de enjuiciami­ento, en los que predominan modalidade­s oscuras de “hacer justicia” y “amiguismos” que no hacen más que generar impunidad, y desolación a las víctimas y, en definitiva, a la sociedad entera.

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