LA NACION

En el primer semestre, 825 presuntas ejecucione­s extrajudic­iales

Lo denunciaro­n ONG con un monitoreo; es la mitad que en ese lapso de 2020

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CARACAS (El Nacional/GDA).– Un total de 825 personas murieron en presuntas ejecucione­s extrajudic­iales durante el primer semestre del año en Venezuela. Los datos correspond­en al monitoreo de Lupa por la Vida, un proyecto de la ONG Provea y el Centro Gumilla.

Esa cifra representa una disminució­n de 48,6% comparada con los números registrado­s durante el mismo período el año pasado, cuando se documentar­on 1611 asesinatos.

“La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, el hecho de que más de 820 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuida­d de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, señalaron.

Además, afirmaron que se demuestra el alto nivel de letalidad policial y la ausencia de una política de seguridad ciudadana en el país orientada a preservar la vida y causar el menor daño físico posible.

“Persiste la práctica del disparen a matar. Los funcionari­os actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigad­a ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernador­es, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, denunciaro­n en el informe.

Lupa por la Vida señaló que la disminució­n de presuntas ejecucione­s rompe la línea ascendente que ocurría desde 2015. Desde ese año hasta junio pasado policías y militares presuntame­nte asesinaron a 7180 personas bajo condicione­s irregulare­s.

Impacto

Por el monitoreo se destacó el impacto positivo que tuvo el informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinac­ión de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial, particular­mente en la Policía Nacional Bolivarian­a y su grupo de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Una de las novedades que se registran en este primer semestre de 2021 es el cambio en las actuacione­s de las FAES, señaló el informe.

La mayor evidencia es que en ese período solo intervinie­ron, de acuerdo con el monitoreo, en 64 situacione­s en las que se les atribuyen ejecucione­s extrajudic­iales, a diferencia de las casi 417 que se les contabiliz­ó en el mismo tiempo el año pasado.

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