En el primer semestre, 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales
Lo denunciaron ONG con un monitoreo; es la mitad que en ese lapso de 2020
CARACAS (El Nacional/GDA).– Un total de 825 personas murieron en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre del año en Venezuela. Los datos corresponden al monitoreo de Lupa por la Vida, un proyecto de la ONG Provea y el Centro Gumilla.
Esa cifra representa una disminución de 48,6% comparada con los números registrados durante el mismo período el año pasado, cuando se documentaron 1611 asesinatos.
“La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, el hecho de que más de 820 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, señalaron.
Además, afirmaron que se demuestra el alto nivel de letalidad policial y la ausencia de una política de seguridad ciudadana en el país orientada a preservar la vida y causar el menor daño físico posible.
“Persiste la práctica del disparen a matar. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, denunciaron en el informe.
Lupa por la Vida señaló que la disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que ocurría desde 2015. Desde ese año hasta junio pasado policías y militares presuntamente asesinaron a 7180 personas bajo condiciones irregulares.
Impacto
Por el monitoreo se destacó el impacto positivo que tuvo el informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial, particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Una de las novedades que se registran en este primer semestre de 2021 es el cambio en las actuaciones de las FAES, señaló el informe.
La mayor evidencia es que en ese período solo intervinieron, de acuerdo con el monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuyen ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.