Crisis. La región, terreno de bandas criminales
Un explosivo combo alimenta su consolidación
Una peligrosa mezcla de inestabilidad de las instituciones, corrupción, pobreza y porosidad de las fronteras lleva a América Latina a ser un territorio a merced de las bandas del crimen organizado y las redes de violencia transnacionales, que afectan a muchos países y que se intensificaron con la pandemia, según advierten los expertos.
El asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado en su residencia de Puerto Príncipe, puso en evidencia no solo el universo sombrío de los mercenarios colombianos –señalados como partícipes del magnicidio–, sino, también, el profundo nivel de deterioro del Estado en el país caribeño, palpable también en otros países de América Latina en los que la debilidad institucional facilita el desarrollo del crimen organizado, algo que se intensificó con la pandemia del coronavirus.
El homicidio de Moïse “sirve para poner sobre la mesa las conexiones entre todos los grupos ilegales, que en muchos casos están siendo más fuertes que los propios Estados o han penetrado a las instituciones estatales y, quizás, ya son parte [de ellas]”, dijo a la nacion Laura Tedesco, especialista en liderazgos políticos en América Latina. “El magnicidio expuso cómo se están regionalizando estos grupos y las consecuencias que puede tener sobre Estados tan frágiles”, advirtió.
La inestabilidad de las instituciones y de la democracia; la corrupción; la impunidad; la fragilidad de la ley y de las penalidades; la superpoblación en las cárceles, que suelen ser “escuelas” del crimen; la porosidad de las fronteras, y las amplias extensiones geográficas son algunos de los factores que caracterizan a varios países de la región, según expertos consultados por la nacion, y favorecen la consolidación de las organizaciones criminales, que buscan rédito económico a través de actividades ilícitas diversas.
“Tienen como mantra el profit, la generación de ganancia económica. Los mueve lo que más plata dé en el momento”, indicó la investigadora del Conicet y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Carolina Sampó.
El portfolio es diverso: asesinatos a sueldo, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, explotación minera, tráfico de personas, de armas, y, principalmente, de drogas. “En América Latina, la mayor parte de las actividades criminales están asociadas al tráfico de cocaíbandas na porque es el único espacio territorial en el mundo en donde se puede generar un arbusto de coca susceptible a transformarse en droga”, explicó Sampó. “Además, los mercados están en expansión. Ya no demanda solo Estados Unidos, sino Europa, Australia, China y Medio Oriente. Por eso, todos se focalizan tanto en cocaína como en marihuana”, añadió.
Producto estrella
La producción de cocaína se concentra en Colombia, Bolivia y Perú, pero su traslado hacia los países de consumo hace que la actividad despliegue rutas y actores en todo el territorio latinoamericano. Aunque ya hace tiempo que cayeron los principales capos narco, como el colombiano Pablo Escobar –del Cartel de Medellín– o el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán –del Cartel de Sinaloa–, y se hayan desmantelado grandes grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lejos de desaparecer, las organizaciones criminales se fragmentaron y ganaron capilaridad.
“Se democratizó la cocaína. Ahora no está claro quién se encarga de cada parte porque hay mucha coca disponible y son cada vez más los actores que se involucran en el negocio sin sufrir reprimendas”, detalló Sampó. “Una de las lecciones de la caída de [los carteles de] Cali y Medellín es hacerse menos visibles”.
El Cartel de Jalisco Nueva Generación, Los Zeta, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana, en México; las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Urabeños, en Colombia; el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y la Familia do Norte, en Brasil; el Tren de Aragua y la Banda de El Koki, en Venezuela, y las maras Salvatrucha y M-18 en El Salvador, Honduras y Guatemala –el denominado Triángulo Norte– son tan solo algunos de los cientos de grupos criminales que se mueven por América Central y América del Sur.
El “contraejemplo de la atomización” es, para Sampó, el PCC. “Es la organización más importante de toda América Latina y sigue una lógica inversa al resto. Mientras todas se fragmentan, el PCC
La inestabilidad de las instituciones es uno de los factores que golpean a la región
Muchas actividades criminales están asociadas al tráfico de cocaína
Grupos armados secundarios tienen actividades como los carteles y guerrillas
se consolida y tiende cada vez más redes, con el agravante de que se nutre de las prisiones, un espacio que debería ser un monopolio estatal”, detalla la investigadora del Conicet.
Con una estructura financiera sofisticada y una gestión de recursos humanos que le permitió conseguir fuerte lealtad de los grupos marginados por el Estado, al beneficiarlos con dinero, alimentos y servicios sociales, el PCC logró expandirse más allá de San Pablo –su lugar de origen–, y desembarcar en Paraguay, Bolivia, Perú, e, incluso, Colombia, para acercarse, así, a la cadena de producción.
La conquista de tierras es uno de los principales factores desencadenantes de violencia, según expertos. Eso explica por qué Brasil,
México, Colombia, Honduras y Venezuela, entre otros países, registran picos de homicidios que oscilan entre las 20 y 50 víctimas cada 100.000 habitantes –según datos de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial e instituciones locales–; números 30 veces mayores que el promedio europeo y que superan con creces los de algunos países vecinos, como la Argentina, Uruguay y Perú, que no suelen alcanzar los diez homicidios cada 100.000 personas.
Autodefensas y milicias
La situación se complejiza aún más con el surgimiento de las autodefensas de la población civil, agrupaciones paramilitares o milicias autogestionadas que intentan contrarrestar el avance de las criminales, ante un Estado que no logra disuadirlas o que, incluso, cuenta con funcionarios y policías sobornados que juegan para ellas. Como si fuera poco, los expertos en crimen organizado advierten que los gobiernos tienden a mantenerse al margen de estas milicias, esperanzados con la posibilidad de que colaboren en desarticular a sus objetivos principales.
Subidos al round, estos grupos armados secundarios empiezan a involucrarse en las mismas actividades que los carteles y las guerrillas. Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), lo ejemplificó, en diálogo con este medio: “En el arco minero de Venezuela, tierra de nadie, hay muchos países presentes extrayendo minerales y oro, y recurren a grupos paraestatales para que le den seguridad”.
Una vez más, la motivación es la plata. “Quienes buscan seguridad privada en la minería venezolana pagan 1000 dólares al mes, en un país donde el salario mínimo es de cuatro dólares y un militar no llega a los 50 dólares. Es muy difícil competir. El financiamiento les da un poder enorme”, detalló Serbin Pont.
Mercenarios
Algo similar ocurre con los pagos millonarios que reciben los militares retirados, otra suerte de banda ilícita organizada, con un set de habilidades específicas que no se traducen en el mercado civil. “No es sorpresa que sean colombianos los involucrados en el asesinato del presidente de Haití, porque son los pocos con tanta experiencia en combate. Tienen medio siglo de guerra interna en la jungla”, explicó el director de Cries, también especialista en temas de seguridad y defensa internacionales.
Según una publicación realizada días atrás por Los Angeles Times, los acusados por el crimen de Moïse habrían percibido sueldos mensuales superiores a 3000 dólares, en tanto que un soldado activo colombiano cobra menos de 500 dólares.
Como en Venezuela, en México es moneda corriente la explotación ilegal minera por parte de
los carteles. Se estima que en 2018 los ladrones de petróleo o “huachicoleros” robaron, en promedio, 58.200 barriles por día, equivalente a 4,1 millones de dólares de ingresos perdidos diarios. El dato surge de una investigación publicada este año por la revista Global Crime, titulada “Robo de petróleo de oleoductos: un examen de su comisión criminal en México”.
Los grupos criminales se cruzan en todos los rubros. “El Tren de Aragua, de los más grandes de Venezuela, está vinculado con el Clan del Golfo, con los grupos de Perú, con el PCC. Cada uno se expande y abre su mercado”, explicó Serbin Pont, y continuó, respecto de otra actividad ilegal: “Semanas atrás encontraron en Rosario un fusil AR-15 traído de Estados Unidos. Eso da cuenta de una coordinación para el tráfico de armas”.
En cuanto a la situación argentina, en donde la banda local más poderosa es la rosarina Los Monos y el país crece como punto de transbordo para el despacho marítimo de drogas, el director de Cries hizo una salvedad: “Las estructuras criminales en la Argentina viven en la edad de piedra comparadas con el PCC o el CV de Brasil. Pero si el PCC se siguiera expandiendo y nos empezara a ver como un mercado lucrativo, no tenemos capacidad para resguardarnos”.
En la misma línea, Luca Sorti, investigador del crimen organizado en la Universidad de Turín, en Italia, sostuvo que el sentido de pertenencia a un grupo criminal no siempre significa una limitación para su movimiento, en tanto el cruce con otra banda resulte redituable.
“Dentro de los grupos de crimen organizado existe una convicción de pertenencia al grupo que crea límites entre bandas. Pero, al mismo tiempo, conviven la actitud racional y la necesidad de hacer negocios y lucrar para mantener la estructura que los lleva a cooperar”, indicó a la nacion el académico.
Lógica interna
En el Triángulo Norte de América Central, la región más peligrosa del mundo según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la situación es algo distinta. El Salvador, Honduras y Guatemala constituyen un corredor casi natural para el contrabando hacia Estados Unidos, no solo por su ubicación geográfica, sino, también, por la fragilidad de sus sistemas institucionales.
Las poderosas maras son el reflejo de la marginalidad y los problemas socioeconómicos característicos de los países de la zona, al tiempo que actúan como protectores de estas sociedades afectadas. Su estructura difiere de la del resto de los grupos criminales. “Son muy territoriales y tienen detrás un sentido de identidad y pertenencia muy fuerte. Las pandillas empezaron siendo una especie de juego serio muy violento en el que poco importaba el crecimiento económico de la estructura. Se basaban en mantener un sistema de agresiones recíprocas entre pandillas”, detalló Juan José Martínez D’aubuisson, antropólogo salvadoreño que estudia estos grupos.
“Los carteles y los narcotraficantes, en general, prefieren no relacionarse con estas pandillas porque son grupos que tienden a confiar mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera. Es todo lo que no le interesa a un narco”, profundizó Martínez D’aubuisson.
Planes de acción
¿Cómo se desmantela este amplio tejido criminal? Sampó sostuvo que “la única forma de contenerlo es operando”, con países que reconozcan el problema y actúen coordinados. Por su parte, Serbin Pont recuperó el intento del macrismo por convertir la Policía Federal en una suerte de FBI. “Además de fuerzas de choque, se necesitan equipos de inteligencia, políticas a largo plazo y acompañamiento estatal. Tenés que dar educación y servicios a la gente que encuentra una salida en el mundo ilegal”, afirmó el analista.
Lo cierto es que, hasta el momento, ninguna iniciativa de combate del crimen organizado ha prosperado. No lo hizo la inversión de Estados Unidos en el Plan Colombia de principios de los años 2000, ni el acuerdo bilateral entre George W. Bush y el entonces mandatario mexicano Felipe Calderón por la Iniciativa Mérida de 2007.
La pandemia tampoco puso freno al desarrollo del crimen en América Latina.
“Los Estados están mirando para otro lado por la crisis sanitaria. Hubo una primera etapa de shock, con el cierre aéreo, que complicó sacar la cocaína por vuelos. Pero el tráfico marítimo siempre es rentable: solo el 2% de los contenedores se
Los grupos criminales se cruzan en todos los rubros en América Latina
Las poderosas maras son el reflejo de la marginalidad y el drama social
El cierre de fronteras terrestres no resultó un obstáculo para los grupos criminales
escanea, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”, explicó Sampó.
La especialista en crimen transnacional concluyó, respecto del tránsito por tierra: “El cierre de las fronteras terrestres no resulta un obstáculo en tanto las organizaciones criminales no circulan por las vías formales”.
“La pandemia del coronavirus demostró que las pandillas son realmente los gobiernos locales de muchas comunidades. En América Central, con las restricciones y la crisis económica hubo hasta hambruna, y la gente decidió no mirar hacia el Estado; miró a la pandilla, y esta respondió. Esto habla de la legitimidad que tienen en las comunidades”, agregó Martínez D’aubuisson.