Efectos no deseados: los riesgos del plan local de contar años de aportes por los hijos
Analistas valoran la medida oficial por su efecto de corto plazo, pero advierten que llevará a acentuar el estereotipo de la mujer cuidadora; señalan que no se atacan los problemas de fondo y que no se previó financiamiento; en otros países el derecho es
Más allá del efecto valorado de que permitirá en el corto plazo que miles de mujeres de 60 años y más accedan a un ingreso mensual, el plan para reconocerle a la población femenina tiempo de aportes jubilatorios por los hijos tiene sus ejes para el debate. Una observación hecha por algunos analistas es que, en forma contradictoria a los fines de una política de género, con el paso del tiempo contribuirá a acentuar el estereotipo de la mujer siempre a cargo del cuidado de los chicos, en lugar de alentar que la tarea se comparta de manera equilibrada entre los padres. Es un riesgo que algunos países donde rigen esquemas de este tipo, como España y Francia, buscaron atacar, al incluir a los varones en el derecho a estos reconocimientos.
Así, lo dispuesto iría en el sentido opuesto de alentar en el mediano plazo la participación laboral femenina. Es cierto que su justificación tiene que ver con un mercado muy deteriorado y con alta informalidad, en el cual las mujeres llevan la peor parte. Pero la medida no es acompañada por otras que se propongan mejorar esa realidad. Por otro lado, en la valoración de las tareas de cuidado no se tuvieron en cuenta situaciones como la de hogares monoparentales de un varón con hijos, o la de matrimonios de varones.
Otro punto sobre el cual se advierte es que, frente a la necesidad de dar sostenibilidad al régimen previsional, se comprometen más pagos futuros sin prever recursos.
El programa, establecido por un decreto de necesidad y urgencia, se pondrá en práctica en agosto y será gestionado por la Anses. Se reconocerán uno, dos o tres años de aportes por cada hijo. El hecho de que, sin justificar la urgencia, no se haya enviado un proyecto al Congreso, cuando se está modificando un aspecto central de la ley, fue cuestionado por referentes de la oposición.
“La propuesta contribuye en el corto plazo a resolver los problemas de acceso al sistema previsional en una determinada población, y a visibilizar el cuidado como un trabajo fundamental para la sociedad”, valora un análisis de los economistas Rafael Rofman y Luciana Petrone, del Programa de Protección Social del Cippec. Sin embargo, advierte que “la utilización de este sistema como mecanismo de compensación ‘hacia atrás’ está asociado a dos desafíos: no permite interrumpir la reproducción de inequidades en el origen [en la vida laboral], y perjudica la sostenibilidad del sistema”.
El informe señala que las mujeres deben ser reconocidas como las principales responsables de las tareas de cuidado. Pero agrega que si la medida “se mantuviera exclusivamente para las mujeres, a la larga podría generar incentivos no deseados en favor de la feminización del cuidado”. Según los economistas, la experiencia sobre licencias por maternidad ofrece un ejemplo de cómo este tipo de políticas puede ser “contraproducente sobre las trayectorias laborales de las mujeres”, si no se incluyen componentes para promover la redistribución del cuidado. En el caso de las licencias, la tendencia en muchos lugares del mundo es incentivar a que sean compartidas entre los padres.
La conclusión sobre el DNU es que “es posible que no se trate de la herramienta más efectiva para responder a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a beneficios bajo el régimen general, al tiempo que puede generar efectos no buscados”. Y se indica que el tema debería ser parte de un debate amplio sobre el sistema. Se afirma tambiénquelasmujeresmásvulnerable no se verán alcanzadas, porque ni aun con el reconocimiento por hijos y con la adhesión a la moratoria vigente alcanzarían los 30 años de aportes que se requieren.
La prestación alternativa, ante la insuficiencia de aportes, es la PUAM, equivalente al 80% del haber mínimo, que exige una edad mínima de 65 años a ellos y a ellas.
“Cuando se habla de ampliar derechos, todo suena bien –dice Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires–. Pero deberíamos tener en cuenta varias cosas. Una es a qué responde la medida, en el contexto de un sistema desguazado y sobresaturado, que suma incorporaciones a través de planes como las moratorias”. Semino afirma que, al no haber medidas de financiamiento “puede pensarse que nuevamente [como en las moratorias] se apelará al poco recurso del sistema; así, las incorporaciones, que son para algunos grupos y no para otros, se hacen a costa de quitas a los haberes”.
Para la abogada previsionalista Andrea Falcone, la medida es correcta desde el aspecto de la inclusión,incorrectadesdelaperspectiva de género, e insuficiente por la falta de una política de fondo para el problema de la no creación de empleo formal. “Se acentúa el estereotipo de mujer madre, mujer cuidadora”, considera. Y explica que en España, por ejemplo, hay un derecho a aportes por hijos que vale para mujeres y varones. Tal como está planteado, evalúa, el DNU es un reemplazo de una ampliación de la moratoria (que se decidió no hacer) y, en ese sentido, “es discriminatorio”.
“El reconocimiento por hijos surgió en países que buscaron incentivar la natalidad, por tener invertida la pirámide poblacional”, dice el abogado Adrián Tróccoli. Y agrega que en la Argentina hay un reconocimiento por tareas no remuneradas o del hogar implícito en la edad jubilatoria, de 60 años para mujeres y de 65 años para varones, a lo cual se suman las moratorias, más favorables para la población femenina. En un debate amplio debería incluirse, dice, la igualación de la edad. Debería evaluarse, en definitiva, la interconexión entre los aspectos de un régimen cuyo debate de fondo siempre queda pendiente.