Inédito: la querella y la defensa, unidas contra la acusación a un peón en un caso de femicidio
Alegan que el campesino Lucas Bustos no es el asesino de Cecilia Basaldúa, la mochilera violada y ahorcada en marzo de 2020; coinciden en señalar a otro sospechoso
“Desde que la figura del femicidio existe en la Argentina, nunca la querella y la defensa fueron por el mismo lado. Este es un caso único”, advierte Sergio Sánchez, codefensor, junto a Hernán Arce, de Lucas Bustos, un joven campesino de Capilla del Monte, Córdoba, acusado de violar y asesinar a la turista Cecilia Basaldúa, en 2020.
“La causa se elevó a juicio, pero nosotros, como querella, no vamos a acusar a Bustos. Sabemos que es algo que no se ve mucho, pero la familia no quiere que un inocente vaya preso”, agrega la abogada Daniela Pavón, representante de los Basaldúa.
Las dos partes coinciden en que la investigación de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, está repleta de irregularidades y que la única prueba contra el imputado es una confesión realizada en una comisaría a instancias de los presuntos apremios ilegales y torturas a los que los policías habrían sometido a Bustos.
Cecilia, una mochilera de 35 años, llegó a Capilla del Monte en marzo del año pasado con la idea de escribir sobre sus experiencias vividas en más de diez países en el último tiempo. El decreto presidencial que estableció el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 estropeó sus planes y, sucesivamente, debió abandonar un hospedaje en la zona del cerro Uritorco y otro en el balneario municipal.
Sin lugar donde quedarse, se instaló en la plaza del pueblo. Allí conoció a Viviana Juárez, una artesana apodada “la Rasta”, que le presentó a un vecino, Mario Mainardi.
“Él comenzó a llamarla para invitarla a que fuera a su casa. Los primeros días acampó en el patio, después le hizo lugar adentro. Ella se comunicaba con nosotros y nos contaba que le estaba haciendo una huerta. En una de esas llamadas le dijo a su hermano menor que Mainardi la estaba volviendo loca e incluso le pidió que le averiguara algo sobre él”, recuerda Daniel Basaldúa, el padre de Cecilia.
Se sabe que el sábado 4 de abril de 2020 hubo una fiesta en la casa de Mainardi de la que habrían participado dos policías que luego intervendrían en la investigación, según el audio de Whatsapp de una testigo anónima que estuvo esa noche en el lugar, y que la fiscal desechó sin más trámite (ver recuadro).
“Mainardi dijo que el domingo 5 de abril Cecilia se fue de la casa luego de un brote psicótico, pero recién nos avisó tres días después. Nunca hizo la denuncia, la hicimos nosotros en la comisaría 35ª, de Núñez, en la Capital. La policía de Córdoba creyó la versión de Mainardi y por eso la buscaban como si ella fuese una loca que hablaba con los árboles y estuviera perdida en la montaña”, se lamenta el padre.
El 25 de abril, después de veinte días de estar desaparecida, el cadáver de Cecilia fue hallado en un campo en las afueras de Capilla del Monte, cercano a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba. La autopsia reveló que su cuerpo tenía signos de abuso sexual y que la causa de la muerte era asfixia por estrangulamiento. Aún hoy, el cuerpo de Basaldúa permanece en la morgue de Córdoba.
“Los asesinos están sueltos”
Mainardi se convirtió en el principal sospechoso para la familia de la víctima. Fue el último que vio a Cecilia con vida y en su casa quedaron algunas pertenencias valiosísimas de ella, como el celular y la notebook. Incluso fue capaz de regalarle al hijo de su pareja un instrumento de la mujer, cuando todavía estaba desaparecida. En simultáneo, los peritos científicos encontraron 11 rastros de sangre en su casa que no pudieron ser analizados en ningún laboratorio de Córdoba. Sin embargo, la fiscal Kelm tardó 10 meses en llamarlo para declarar como testigo y hasta le permitió abandonar Capilla del Monte para volver a su Rosario natal.
“Hasta la aparición del cuerpo, la única pista rondaba alrededor de Mainardi, pero el 28 de abril la Brigada de Homicidios llegó a la casa de la familia Bustos y se llevó a Lucas y a su hermano Santiago con el pretexto de hacerles firmar una declaración jurada. Ahí empezó el calvario de Lucas”, dice el abogado Sánchez.
El defensor denuncia que en la comisaría de Capilla del Monte los hermanos Bustos fueron golpeados y torturados con el único fin de incriminarlos y que Lucas recién firmó la confesión cuando los agentes lo amenazaron con que harían lo mismo con su madre.
“Dos días después –continúa– en sede judicial, Lucas negó el hecho y contó lo que había padecido, pero la fiscal no le hizo caso y prefirió avalar a los policías”.
Kelm imputó a Bustos por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causae”, que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua, y elevó la causa a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que decidirá si fija fecha de juicio oral u ordena una nueva investigación.
Al igual que la familia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, rechazó la decisión de la fiscal de cerrar la investigación y adelantó que tampoco acompañará la acusación.
“Hay una persona detenida sin pruebas. El joven [Bustos] es miembro de una familia campesina humilde que habita en la zona, más precisamente a unos 3,5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de Basaldúa. Ese solo hecho y su supuesta confesión en sede policial son los argumentos que sostienen su detención”, expresó en un comunicado el organismo federal.
Las esperanzas del padre están depositadas en que el fiscal de Cámara reabra la investigación haciendo foco en Mainardi y en la comisaría de Capilla del Monte.
“Si el caso llega a juicio, espero que no se lo condene a Bustos, porque es un ‘perejil’. Todo fue armado por la policía. Es muy difícil luchar contra todo eso desde Buenos Aires, pero vamos a seguir porque los asesinos de mi hija están sueltos”.