Por defraudación al Estado acusan a Cristóbal López, De Sousa y Echegaray
La resolución de García Elorrio impidió que cayera la causa, luego de que la AFIP desistiera de querellar a los dueños de Oil Combustibles
El fiscal Patricio García Elorrio sostuvo ayer ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) la acusación contra los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en el juicio que enfrentan por defraudación al Estado.
Se trata de una mala noticia para los acusados, que habían celebrado hace dos semanas el desistimiento de la AFIP, que es querellante en la causa, originada porque Oil Combustibles no pagó $8000 millones en concepto de impuesto a la transferencia de combustible durante el kirchnerismo.
“Por las evidencias recolectadas en el debate, esta fiscalía tiene por probados por el grado de certeza requerido para el dictado de un fallo condenatorio los hechos de este proceso leídos en el requerimiento de elevación a juicio”, comenzó su alegato el fiscal García Elorrio, y anticipó que pedirá condenas para los tres acusados.
Al haberse retirado la AFIP, la definición del fiscal era determinante: si no acusaba, la causa se caía. La única salida hubiera sido la absolución. Por eso, la audiencia era clave para el destino del expediente, que está en manos de los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos.
El fiscal sostuvo que hay prueba suficiente y valorada de acuerdo con las reglas de la lógica para alcanzar la certeza sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados. En su exposición, repasó parte de la prueba que acumula el expediente: desde informes elaborados por la AFIP, pasando por auditorías internas y declaraciones testimoniales.
La audiencia, decidieron los jueces del TOF 3 al dictar un cuarto intermedio, continuará el jueves de la semana próxima. Una vez que García Elorrio, único acusador del caso, concluya su alegato y haga públicos los pedidos de penas, será el turno de las defensas y los acusados si es que deciden alegar nuevamente. Después el TOF quedará en condiciones de deliberar y dictar sentencia.
La decisión de la AFIP de no acusar a Echegaray, López y De Sousa fue de alto voltaje político por su efecto concreto en la causa y favorable para la situación de los dueños del Grupo Indalo, pero no fue sorpresiva.
Durante la etapa de declaraciones testimoniales, tanto los testigos considera dos secundarios como otros catalogados como más relevantes por los defensores de los acusados expusieron en contra de la línea que sostenía la querella del organismo cuando comenzó este proceso.
Denuncia de la oposición
Esa decisión de la AFIP motivó una denuncia de diputados de la Coalición Cívica a la titular del ente recaudador Mercedes Marcó del Pont y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado. Esa causa está en manos del juez federal Luis Rodríguez.
La AFIP había denunciado que hubo “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” en el avance de esta causa. Ayer, por el contrario, García Elorrio dijo que no fueron vulneradas las garantías constitucionales en el proceso.
En este tramo del caso, López, De Sousa y Echegaray son acusados de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles.
De Sousa tiene como abogado al reconocido penalista Carlos Beraldi y a Ary Llernovoy, quienes se ocupan de los frentes judiciales de Cristina Kirchner. López es representado por Fabián Lertora, mientras que Echegaray designó a León Arslanian y Martín Arias Duval.
En paralelo con esta causa penal, mientras la AFIP desistía de avanzar contra ellos, López y De Sousa dieron otro paso en los tribunales comerciales, donde ya tienen levantada la quiebra de Oil Combustibles. Hace dos semanas, comunicaron que consolidaron su deuda fiscal con dos planes de pagos que suman más de $12.700 millones y que deberán devolver durante los próximos años, en 97 cuotas con una tasa de interés fijada por debajo de la inflación.
López y De Sousa detallaron que el primero de los planes de pago –basado en la moratoria que impulsóel gobierno de alberto fernández y que incluyó a empresas quebradas y el impuesto a la transferencia a los combustibles– superará los $12.000 millones y será a ocho años.