Relevamiento de casos sin condena durante la cuarentena

Denuncian acciones de hostigamiento a jóvenes de los barrios humildes

El caso de Cristian Exequiel Gallardo es, según el abogado que representa a la familia de la víctima, Josué Díaz Cueto, uno de los más resonantes en cuanto a violencia institucional y “gatillo fácil” que llega a juicio en la provincia de Salta con chances de lograr una pena ejemplar.

Como antecedente, el letrado cita el de Nahuel Salvatierra, un chico de 17 años que en 2018 fue asesinado de un tiro en la cabeza por el cabo Juan Carlos Cardozo. Durante el juicio, que duró 10 meses, se probó que el policía lo mató sin más y luego pretendió hacer pasar su muerte como producto de un enfrentamiento entre bandas barriales. Finalmente, Cardozo fue declarado culpable del delito de homicidio calificado agravado por el abuso en su función o cargo y condenado a la pena de prisión perpetua.

“En 2020 –recuerda Díaz Cueto– realizamos un relevamiento junto a la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la organización H.I.J.O.S. sobre casos de violencia institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y en solo dos meses constatamos más de 20 hechos. Menos de la mitad de ellos llegó a la etapa de juicio, y los que llegaban a esa instancia terminaban en absolución”.

Durante el reclamo de justicia por su hermano, Mariel Gallardo conoció a Jorge Farfán, padre de “Gurí”, el joven de 24 años que murió en la comisaría del barrio Santa Ana en febrero de 2019.

Entre los dos formaron la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Salta, que ya tuvo reuniones con funcionarios provinciales para denunciar la existencia de una forma de actuación sistemática en cada uno de los hechos que involucran a policías y a jóvenes de los barrios populares salteños.

“No queremos montar ninguna cruzada contra las fuerzas policiales –aclara Díaz Cueto– porque entendemos que lo que ocurre es multicausal. Tiene que ver con las condiciones de trabajo de los agentes y también con la falta de formación. La mayoría de los policías imputados en casos de violencia pertenecen a los mismos sectores populares a los que pertenecen las víctimas. Son cabos, agentes, sargentos que trabajan en las calles, nunca son sus jefes los apuntados. Hay que avanzar en una mejora integral en la forma en que ellos desarrollan sus funciones. Si no, seguiremos sufriendo lo mismo”.