La izquierda busca derogar las reformas de Lacalle Pou en un referéndum
El Frente Amplio reunió las firmas para una consulta, que se realizará el 27 de marzo; una prueba de fuego para el gobierno
MONTEVIDEO.– El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, enfrenta una pulseada política clave. Pese a las fiestas de fin de año y al tradicional verano de playa, la dirigencia política sabe que no se puede tomar vacaciones, porque la Corte Electoral confirmó que la oposición de izquierda logró las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre la principal ley de reformas del oficialismo, un factor considerado determinante para el futuro del gobierno.
Se trata de la “ley madre” del gobierno de Lacalle Pou, que abarca reformas comprometidas por la coalición oficialista sobre seguridad pública, educación, relaciones laborales y mecanismos de disciplina fiscal, entre otras.
Hace justo dos años que el líder del Partido Nacional, al frente de una coalición de varios partidos, desplazó al Frente Amplio del gobierno que ejerció desde 2005 por tres períodos. Su promesa de cambios se plasmó en una ley resistida por los sindicatos y la izquierda y que será sometida a la voluntad popular el 27 de marzo en un referéndum con voto obligatorio.
La Corte Electoral validó ayer la cantidad de firmas necesarias para un referéndum sobre los 135 artículos impugnados de la ley Nº 19.889, conocida como “ley de urgente consideración” (LUC) porque fue en trámite de plazo acotado.
Los artículos cuestionados se refieren, por ejemplo, a la reforma educativa –establece pautas para la formación curricular y quita peso a los sindicatos en los órganos de conducción de la enseñanza–, al endurecimiento de penas para varios delitos y el refuerzo de las condiciones de la policía, y la prohibición de “piquetes”.
Los sindicatos rechazan que en el caso de ocupaciones por huelga, la ley garantiza el derecho a los patrones a ingresar en su fábrica y que los trabajadores que no adhieran a la medida de lucha puedan entrar a trabajar. Los gremios plantean que eso es fomentar la figura del “carnero”, el trabajador que se niega a la huelga.
Esas normas sobre sindicatos son un reclamo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que falló contra Uruguay en una demanda de las cámaras empresariales hecha durante el gobierno de izquierda.
Termómetro social
En este referéndum se podrá ver si el gobierno sigue firme en la gestión o sale debilitado. También se percibe como un anticipo de las elecciones de 2024, cuando el Frente Amplio intentará volver al poder, que perdió en 2019.
La central sindical (PIT-CNT) logró arrastrar al Frente Amplio a una recolección de firmas en medio de la pandemia, pese a que la coalición de izquierda no quería asumir ese riesgo y creía que no se podrían conseguir las adhesiones. Eso demoró el lanzamiento de la campaña e insumió la mitad del período constitucional para recoger firmas, que es de un año de promulgada la ley.
¿Cuál es la historia de esta ley impugnada? Para las elecciones de 2019, Lacalle Pou tejió una alianza de varios partidos que sumaron 56% de los votos y obtuvieron una holgada representación parlamentaria (18 de 31 en el Senado y 56 de 99 en Diputados).
El acuerdo de 2019 fue sobre un compromiso programático para integrar un gabinete con ministros de todos los socios, y votar una ley de reformas que incluyera todos los puntos de coincidencia en los programas de cada partido. Esa es la “ley de urgencia”.
Los principales impulsores del referéndum fueron los sindicatos de los rubros de combustibles (Ancap) y de telecomunicaciones (Antel): el primero protesta contra los artículos que dan un mecanismo de precios de paridad de importación para fijar las tarifas en el mercado local, y el segundo porque la ley habilita a que el usuario de telefonía móvil que se cambie de proveedor pueda mantener su número telefónico, lo cual, dicen, perjudicará a la empresa de comunicaciones pública.
La campaña por el “sí” a la derogación de la ley pone el acento en que se trata de una norma con una seguridad sin garantías y una impronta punitiva que puede impactar en la saturación del sistema carcelario, la reducción del Estado por la aprobación de la regla fiscal que a juicio de los sindicatos achica la participación del Estado como motor de la economía nacional, un debilitamiento del rol de las empresas públicas, la restricción del derecho de huelga, la mercantilización de la educación pública, la precarización de la vivienda y la precarización del sistema de adopciones.
La ley está vigente desde el 9 de julio con 476 artículos. El Frente Amplio votó más de la mitad de la ley e incluso algunos de los artículos que están impugnados para la consulta popular.
Pensado como un plebiscito sobre el gobierno, el presidente Lacalle Pou tiene un punto a favor, y es que la aprobación de su gestión se mantiene alta, en torno del 50%, y la desaprobación es baja, cercana al 30%, pero nadie sabe cómo será el estado de la opinión pública cuando se vaya a las urnas.
La campaña electoral comenzará en el verano, pero en los hechos ya se están haciendo actos públicos por el “sí” (boleta rosada) o el “no” (boleta verde) a la derogación de la ley.
La consultora Equipos dio a conocer ayer la última encuesta de intención de voto para este referéndum, que consigna que el 46% se inclina a votar por mantener la ley, contra el 33% que la quiere derogar. El resto está indeciso (18%) o votará en blanco (1%). Para derogar la norma impugnada, el voto por “sí” debe superar al voto por “no” y al voto en blanco. Los encuestadores se limitan a divulgar una foto de opinión pública y advierten que no hay pronóstico.ß