La presión sobre la intendenta de La Rioja saca a la luz el manejo caudillista del poder
Así definió la caótica situación de la ciudad la dirigente radical Inés Brizuela y Doria
CÓRDOBA.– El conflicto abierto hace semanas entre la gestión municipal de la ciudad de La Rioja, a cargo de la radical Inés Brizuela y Doria, y el gobierno provincial del peronista Ricardo Quintela, creció peligrosamente y transparenta problemas relacionados con el manejo de los recursos y la forma de ejercicio del poder.
El propio Quintela, cuando era intendente de La Rioja, reclamó contra esos métodos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A poco de cumplirse una década, ahora es el gobernador el que padece los planteos de Brizuela y Doria.
Las tensiones entre ambas administraciones incluyen la suspensión de prestación de servicios, toma de edificiospúblicos,protestascallejeras violentas y paros de empleados municipales. Hay 10 camiones de recolección de residuos tomados, al igual que la oficina de cobro de impuestos.
Tampoco actúa la Justicia provincial. La intendenta asegura que “no existe el Estado de Derecho” en
La Rioja. Antes de apelar a la Corte nacional se presentó ante el Superior Tribunal provincial, que nunca le respondió el planteo.
“Secuestran” camiones
No parece haber vía de distensión; incluso la situación empeora. El martes por la noche un grupo de los que integran la protesta intentó “secuestrar” el camión más grande que tiene la municipalidad para el acopio de los residuos; la Policía detuvo a cuatro personas y liberó a dos. “Es la ley de la selva –subraya Brizuela y Doria a la nacion–. Si no llegaba la policía era un desastre. Los que estaban trabajando querían actuar por mano propia al verse atacados. Eso es lo grave de lo que vivimos, al estar la zona liberada la gente va a responder”.
Si bien la intendenta asumió con mayoría en el concejo deliberante, a los dos meses uno de sus concejales se pasó al Frente de Todos y hoy siete responden a ella y ocho a la oposición (está pendiente la asunción del reemplazo de un edil que asumió como diputado). El bloque del FDT solicitó sesión especial para “analizar” la conducta de la intendenta y la falta de servicios en la ciudad. Sobrevuela la palabra “intervención”, pero el número del FDT no alcanza para aprobarla.
Brizuela y Doria y Quintela (quien levantó su perfil) estuvieron en la ciudad de Buenos Aires, cada uno con gestiones por su lado. Hasta el momento, en la Casa Rosada apoyan al gobernador. El mandatario pelea por los recursos extras asignados para la provincia en el presupuesto nacional, alrededor de $13.000 millones, de los que el 97% van para la administración central.
El desencadenante de la pelea fue la designación en planta permanente, después de las PASO, de unos 2000 trabajadores por parte de la intendenta. La provincia los rechaza por “irregulares”, ya que la ley provincial 9782 establece que las decisiones salariales y los nombramientos deben ser “consensuados” con la administración central.
El gobierno de Quintela es el único en el país que liquida y paga con los fondos coparticipables los sueldos de los empleados municipales, salvo en el caso de la ciudad capital, incluso desde antes de la asunción de Brizuela y Doria. El saldo de recursos se gira a los intendentes.
La versión oficial
Juan Luna, jefe de Gabinete de La Rioja, dice a la nacion que en 2001 -en medio de la crisis nacional- hubo una reforma constitucional en la que se suprimieron las cartas orgánicas municipales; se corrigió después por otra modificación, pero ningún municipio inició el proceso para generar una nueva carta.
“En ese marco, la liquidación de sueldos quedó en manos de la provincia, que tenía mayor capacidad técnica que los municipios; todos menos Chilecito y la capital acordaron que fuera así. Chilecito posteriormente se sumó pero la capital, aún gobernada por el peronismo, no –describe Luna–. Debe quedar claro que las obligaciones entre empleador y empleado son responsabilidad de los municipios”.
La Rioja cuenta con una ley de coparticipación desde 2016; la Legislatura provincial la sancionó por orden de la Corte Suprema de 2014. La norma establece la distribución de 9,5%, uno de los porcentajes más bajos del país.
Desde la municipalidad plantearon a este diario que antes de la asunción de Brizuela y Doria, la planta de agentes saltó en 2400 personas entre 2014 y diciembre de 2019: ella recibió 5811 en planta permanente y 2915 precarizados. Sostienen que lo que recibe el departamento capital por coparticipación está 38% por debajo de la media, siendo el valor per cápita más bajo de toda la provincia y concentrando en su territorio el 54% de la población provincial.
Brizuela y Doria muestra los exbancarios en los que consta que en noviembre recibió $229 millones más $22 millones para un “bono electoral que pagó el Gobierno” y, este mes, solo los $ 229 millones. Insiste en que le corresponden $629 millones, lo que permitiría pagar todos los sueldos y contar con un resto de $210 millones para funcionamiento.
La única salida para el conflicto es con más recursos. En la provincia aseguran que es “imposible” duplicar la coparticipación. “Las finanzas son muy finitas”, deslizan en el círculo chico de Quintela y se quejan de que la intendencia no tiene “ningún plan”. También apuntan a que “duplicó la planta de funcionarios no escalafonados, creando ítems que aumenta los sueldos”. “Nada que ver –responde Brizuela y Doria–. Esos ítems ya estaban porque se crearon para recortar el desfase con los sueldos públicos. Yo no cree nada”.
La única opositora
En 2019 la elección de Brizuela y Doria como intendenta de la capital rompió la racha de años sin opositores en la administración de municipios; es la única en toda la provincia.
Al cierre del tercer trimestre de este año, La Rioja es –junto a Formosa– la provincia de mayor dependencia de recursos de origen nacional. Los ingresos propios de la primera equivalen apenas al 8,1% de los corrientes (en el caso formoseño, es 6,1%). Según Politikon Chaco, las transferencias no automáticas nacionales dejan a La Rioja como la mayor receptora por habitante: a noviembre recibió $44.715 por riojano, cifra que cuadruplica el promedio nacional ($10.964).ß
Inés Brizuela y Doria intendenta de La RiOJa enfrenta al gobierno provincial del peronista Ricardo Quintela. La recolección de basura fue el detonante del conflicto con el gobernador