El Gobierno profundiza sus ataques a la Corte en la previa de fallos que pueden ser adversos
Los principales portavoces judiciales del oficialismo embistieron contra el máximo tribunal
Después de la áspera reunión entre el ministro de Justicia, Martín Soria, y los jueces de la Corte Suprema, los portavoces del oficialismo endurecieron sus críticas al funcionamiento del Poder Judicial e insistieron en apuntar contra el máximo tribunal.
La visita del ministro a la Corte Suprema en las horas previas a que saliera el fallo del máximo tribunal sobre la disputa de fondos entre la provincia de Santa Fe y el Estado nacional y mientras el Gobierno espera una definición adversa con respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura mostró que las tensiones están en carne viva.
Soria dijo a la salida del encuentro que les expresó preocupación a los ministros de la Corte por la “gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos cinco años”. Y sus dichos provocaron un efecto dominó. En las últimas 24 horas el discurso oficial puso el foco en los tiempos de la Corte para resolver determinadas cuestiones.
Uno de los alfiles jurídicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, también apuntó contra la Corte ayer y dijo que el Estado nacional no se va a quedar callado con lo que pasa en la Justicia nacional. “La Corte tiene herramientas para resolver sobre la situación de Milagro Sala. Su caso lleva años en la Corte y no lo ha resuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió antes que los resortes jurídicos de nuestro país. Es inadmisible. El caso de Milagro es emblemático porque es el caso con que iniciaron la persecución”, consideró Mena.
Los cuestionamientos del oficialismo llegan también cuando la Corte Suprema tiene en su poder la resolución de los planteos de Cristina Kirchner contra las causas por corrupción.
“Tenemos que volver a una administración de la justicia que no sea conforme a los grupos de poder”, dijo Mena.
Sobre el tema también se pronunció el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Cor ti.“Vemos cómo la Corte se sienta arriba de causas contra civiles cómplices de la dictadura hace demasiados años”, sumó Pietragalla Corti, también en declaraciones radiales. Una vez más, el foco de los embates fueron los tiempos del máximo tribunal.
Y no faltó la voz del senador nacional Oscar Parrilli, que directamente centró sus declaraciones en los jueces y en la idea que proponía el proyecto de democratización de la Justicia. “Creo que debería haber un mecanismo de control ciudadano sobre los jueces. No puede ser que tengan la impunidad de fallar como ellos quieren. La Justicia es uno de los estamentos del poder más desprestigiados”, dijo Parrilli.
La semana pasada Soria y Pietragalla compartieron un panel del que también participaron la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Los dardos estuvieron dirigidos al Poder Judicial y los medios de comunicación, con el concepto de law fare como consigna y también como respuesta a los problemas judiciales de muchos funcionarios kirchneristas, y de funcionarios de gobiernos latinoamericanos. Esta nueva escalada de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal se da mientras el Gobierno tiene que postular a una persona para cubrir la vacante que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco con su salida. Hace casi un año, mientras el Gobierno buscaba consensos para destrabar el tratamiento de la ley destinada a modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, trascendieron las intenciones de enviar un proyecto de ley al Congreso para crear un tribunal intermedio que limitara el rol de la Corte Suprema en las causas de corrupción. Sin aval legislativo y con la frustrada reforma judicial, ese proyecto no llegó a ver la luz.