El oficialismo busca aprobar con aumentos el proyecto de Bienes Personales
advertencia. Juntos por el Cambio alertó que la eventual ley podría ser objetada en la Justicia porque introduce artículos rechazados con el presupuesto 2022
Juntos por el Cambio denunció que el Frente de Todos “quiere meter por la ventana” artículos que fueron rechazados con el proyecto de presupuesto 2022
En lo que será la última función del año en el Congreso, el kirchnerismo estrenará hoy su nueva mayoría en el Senado y, con el voto de aliados provinciales, sancionará la actualización del impuesto a los bienes personales con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El texto será rechazado por el arco opositor. Juntos por el Cambio pretende insistir con la iniciativa que aprobó el Senado en octubre último, descartando los cambios que el Frente de Todos logró imponer, por apenas un voto, en Diputados la semana pasada.
Al respecto, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff (Formosa), alertó sobre la posible judicialización de la ley si llegase a aprobarse como salió de la Cámara baja. “Lo que el oficialismo quiere aprobar contiene fragmentos del presupuesto que fue rechazado y no corresponde que se lo considere en el transcurso de este año”, afirmó.
El legislador se refirió así a la cláusula que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de modificar el impuesto a las ganancias. “Ahora lo quieren meter por la ventana y se abre la puerta a una judicialización”, advirtió.
El oficialismo tendría asegurados los votos para sancionar el texto elaborado por Diputados. A los 35 miembros de la bancada oficialista sumarán su apoyo los provinciales Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).
El proyecto aprobado la semana pasada eleva el monto no imponible de 2 a 6 millones y el valor de la vivienda única familiar, que queda excluida del cálculo del gravamen, de 18 a 30 millones.
Hasta ahí, es la misma letra aprobada por el Senado a fines de octubre cuando, tras la dura derrota en las primarias y como parte de la campaña electoral, el kirchnerismo impulsó la actualización del impuesto cuyas cifras se mantienen congeladas desde 2018.
Sin embargo, el Frente de Todos le introdujo en Diputados un incremento de un cuarto de punto a las alícuotas de las categorías para patrimonios superiores a 100 y 300 millones de pesos, que pasarán a tributar el 1,5% y el 1,75%, respectivamente, si el texto se convierte en ley. Además, quedará en 2,25% el gravamen para quienes tengan bienes en el exterior por un valor superior a los 18 millones de pesos.
Estos cambios responden a la necesidad del Gobierno de compensar, en plena crisis económica, la pérdida de recaudación que implicarán las actualizaciones del mínimo no imponible y del valor de la vivienda familiar.
El Ministerio de Economía ya había puesto el grito en el cielo cuando el proyecto se trató por primera vez en el Senado. Los delegados de Martín Guzmán rechazaban cualquier propuesta que significara caída en la recaudación. Sin acuerdo, los senadores oficialistas decidieron avanzar con el proyecto, aunque redujeron las cifras iniciales que establecían una elevación a 8 y 50 millones del mínimo no imponible y del valor de la vivienda familiar.
Por esa razón el proyecto estuvo cajoneado por el oficialismo hasta la semana pasada, cuando el temor a que la oposición pudiera volver a conformar mayoría, como lo había hecho una semana antes al rechazar el presupuesto 2022, obligó al bloque que conduce Máximo Kirchner a encontrar una propuesta alternativa.
Polémica
A horas de la sesión, un memorándum en el que se señala que los senadores deben tener las dos dosis de la vacuna contra el Covid provocó polémica.
El comunicado del secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, menciona que “en razón de las disposiciones sanitarias en vigencia, resulta necesario contar con el esquema completo de vacunación contra Covid-19”.
El texto fue rechazado por la oposición, que calificó la disposición de “inaplicable” ya que la vacunación no es obligatoria.
Además, criticaron su constitucionalidad, ya que introduce un nuevo requisito para ser senador. “Es una modificación de facto de la Constitución nacional con un simple memorándum. No solo es una arbitrariedad, sino que es una barbaridad y una ignorancia jurídica que asusta”, se quejó Naidenoff.
Fuentes de la Secretaría Parlamentaria respondieron que el memorándum es “una copia calcada” del que fuera enviado a los senadores en la sesión anterior y negaron que la falta de vacunación pueda impedirle a un legislador sentarse en su banca. Solo verían restringido su ingreso al recinto si les diera positivo el test PCR al que deberán someterse antes de la sesión.ß