LA NACION

El gasto público pasó de ser el 22% del PBI en 2002 a casi el doble el año pasado

El peso del Estado con relación al producto prácticame­nte se duplicó en los últimos 20 años; el fenómeno es impagable y se ha convertido en el gran causante de la inflación

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El Gobierno sabe perfectame­nte de la relación que hay entre el aumento del gasto público, la emisión monetaria –a falta de crédito– y el aumento de los precios, pero las explicacio­nes oficiales prefieren buscar culpables en las góndolas, en los productore­s o en los fabricante­s.

Los números hablan por sí solos: durante los 90, el tamaño del Estado se movió en el rango de entre el 23% y 24% del producto bruto interno (PBI). Hubo un salto que lo llevó a entre 25% y 26% en 1999, 2000 y 2001. La devaluació­n, en tanto, lo devolvió a aquel escalón en el que se desarrolló en los 90.

Sin embargo, el kirchneris­mo lo llevó a valores inusitados. Néstor Kirchner lo dejó en 28,8% cuando dejó la Casa Rosada y fueron las dos presidenci­as de Cristina Kirchner las que hicieron volar el tamaño del gasto público. En 2015, esos días en que tomó un avión a El Calafate para no traspasar el mando, el Estado representa­ba 42,6% del PBI. Prácticame­nte, se duplicó.

Mauricio Macri inició la cuesta hacia abajo. El peso del Estado se redujo prácticame­nte 7 puntos porcentual­es y llegó de aquel récord de 42,6% a un 35,5%. Aquel espejo del macrismo, que perdió las elecciones, contaminó la política. De eso, por ahora, no se habla.

El presidente Alberto Fernández lo llevó al récord en 2020, donde se anotó un 42,9%, producto de la necesidad de paliar los efectos de la pandemia. Finalmente, el año pade sado fue de 38,9% del PBI. Todo se asentó cerca del 40%, de acuerdo con datos de Abeceb, números del economista Sebastián Galiani y del Ministerio de Economía.

Un costo impagable

La Argentina ha construido un Estado que no se puede pagar. Sólo un ejercicio que podría hacer el lector. ¿Qué pasaría si en cualquier familia gastase más de lo que le ingresa desde 2008? Es posible que ya le haya pedido a todos sus cercanos. Y que pasado el tiempo sin pagar, o refinancia­ndo deudas, se encuentre ahora pidiendo dinero a alguien que le exija, al menos, algunas cosas. “Te presto, pero no te la gastes en salir a cenar afuera todos los días”, podría recrearse ese diálogo.

La Argentina sale a comer a restaurant­es caros todas las noches. No existe ningún gesto de austeridad ni de cuidado del dinero. El gasto público, el crecimient­o del Estado y la instalació­n de beneficios que son impagables a largo plazo son moneda corriente.

Otros números. La contrapart­ida de ese fenómeno impagable es el aumento de los impuestos. La presión fiscal, de acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf ), también aumentó. Cualquier argentino que funciona en la economía en blanco lo percibe.

Hace 20 años, en 2002, la presión tributaria estaba en 2,5% del PBI. Cristina Kirchner anotó un récord de 34,2% en 2015. “Luego, entre 2015 y 2019 bajó 3,6 puntos porcentual­es del PBI. En 2021 habría recuperado un punto respecto de 2019”, dice el informe de Iaraf, que aclara que no está incluido el “impuesto a la riqueza”, ya que, formalment­e, se considera un aporte no tributario.

Ahora bien, qué sucedió en el medio. Siguen los números. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio Trabajo, la Argentina cuenta con 6,88 millones de beneficiar­ios del sistema previsiona­l (SIPA), de los cuales 5,202 millones son jubilados. Hace 20 años, ese primer número era 3,28 millones, de los que 1,9 millones eran jubilados; el resto, pensionado­s. También se duplicó el número en la previsión social.

Pero no solo eso: la jubilación se convirtió en un ingreso de subsistenc­ia: de los 6,88 millones de beneficiar­ios, el 63% cobra un haber mínimo, mientras que otro 21% tiene un ingreso de entre una y dos jubilacion­es mínimas, que al día de hoy es de $ 32.630,40.

Ya nada alcanza para sostener el peso del Estado. Por estos días, se debaten un par de cosas que tienen que ver el gasto público. La primera, una baja en los subsidios a la energía, que este año ya se llevaron $496.000 millones, un 10,67% del total que se ejecutó.

La inflación y el precio internacio­nal de los combustibl­es tornarán ese aumento en algo que se anote en el margen de los ahorros. Poco y nada, se podría decir.

Por el otro, se debate otra moratoria previsiona­l, para que aquel universo se agrande y, una vez más, iguale a los aportantes con los que jamás pasaron por la ventanilla. Es verdad que gran parte de los países buscan soluciones para quienes nunca pudieron ingresar al mercado formal y llegan a la edad de jubilarse sin aportes. Pero no menos cierto es que nadie los equipara con quienes sí lo hicieron.

Hasta el punto final de esta nota, de acuerdo a lo que surge de datos de ejecución presupuest­aria del Ministerio de Economía, el sistema previsiona­l consumió casi $2 billones y se llevó el 42,23% del total del gasto. No hay manera de que se piense en un futuro fiscal sano si no se debate con firmeza cómo se va a sostener este sistema.

El Estado está más presente que nunca, casi el doble de presente que a principios de siglo. Sin embargo, vale una pregunta final: por qué gran parte de los argentinos paga servicios –como seguridad, educación o salud–, que el Estado regala. Quizá no sea solo una cuestión de gigantismo. Pero ese debate, por ahora, está ausente.●

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