Advierten que hay una “injerencia indebida”
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó su “profunda preocupación” por las declaraciones contra el Poder Judicial que hicieron el presidente Alberto Fernández y las máximas autoridades del Gobierno después de la acusación del fiscal Diego Luciani en el juicio contra Cristina Kirchner.
“Cuando las autoridades ejecutivas y legislativas interfieren en una investigación penal en curso agravian la separación de poderes que es uno de los principios fundamentales de todo sistema republicano”, sostuvieron los académicos, en un comunicado firmado por su presidente, Juan Carlos Cassagne. Añaden que el Presidente no debe olvidar que “su alta investidura le impide formular ese tipo de declaraciones”.
Fernández acusó a los jueces y fiscales de montar una persecución contra Cristina Kirchner con el fin de “excluirla de la vida pública, política y electoral”. Como parte de su defensa, comparó durante una entrevista televisiva la situación del fiscal Luciani con la de Alberto Nisman. “Hasta acá, Nisman se suicidó. Yo espero que no haga algo así Luciani”, dijo. La frase despertó una ola de repudio social y llevó a que la oposición en la Cámara de Diputados le pidiera el juicio político.
La Academia considera la actitud del Presidente “una injerencia indebida” en las funciones que la
Constitución encomienda al Poder Judicial. “Sorprende y preocupa que la más alta autoridad de ka República se erija en defensor de la Sra. Vicepresidenta en una causa judicial en trámite y acuse públicamente al fiscal”.
Consideran que “no es ésta, por cierto, la actitud que la ciudadanía espera de su Presidente, quien debería aguardar, en respetuoso silencio, que se pronuncien en firme los magistrados de la causa”.
La declaración recuerda que los constituyentes de 1853 -después de un largo período de facultad es extraordinariasincorporaron ala Carta Magna los artículos 29 y 109, “preceptos inspirados en el proyecto de Constitución elaborado por Alberdi que fueron mantenidos por la reforma de 1994”.
“Se ha dicho que una Constitución debe ser el fruto de la historia y allí están esas dos normas para atestiguarlo. La primera de ellas equipara a quienes concedan facultades extraordinarias a los ‘infames traidores a la patria’ y la segunda, consecuencia necesaria de la anterior, prohíbe al Presidente de la Nación ‘arrogarse el conocimiento de causas judiciales pendientes o restablecer las fenecidas’”, indica la institución.
La Academia de Derecho recuerda que “el artículo 109 de la Constitución y la historia que lo respalda y justifica no toleran manifestaciones políticas de esta naturaleza”.