Los nuevos dueños de la obra pública en Santa Cruz, con nombres conocidos
Un exfuncionario procesado aparece en una de las firmas con más adjudicaciones; sospechas de la oposición
EL CALAFATE.– Luego del período “dorado” de la obra pública que se vivió en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el ocaso fue contundente: tras el cierre de Austral Construcciones de Lázaro Báez, miles de trabajadores quedaron en la calle y las obras se paralizaron. A siete años de esos dramáticos días, en la provincia se vive una reactivación de la mano de constructoras de perfil local: las obras no tienen la épica de entonces y los objetivos y presupuestos son más sencillos, pero no están exentas de sospechas y denuncias.
Ninguna de las empresas de Báez que por estos días estuvieron en la agenda pública a raíz del juicio de la causa Vialidad volvió a participar en la obra pública: en las licitaciones no aparecen Austral ni Loscalzo y Del Curto o Kank y Costilla, como tampoco Sucesión Adelmo Biancalani o Gotti Hnos. Sin embargo, la reactivación trajo aparejada la aparición de constructoras que arrastran rémoras de aquel pasado: una tuvo entre sus asistentes técnicos a Mauricio Collareda, procesado en la causa Vialidad, mientras que en otra aparece un exempleado de Austral Construcciones.
“El sistema no empezó y terminó con Lázaro Báez, el sistema sigue. Es claro y evidente que la digitación de la obra pública continúa, lo único que ha cambiado son los nombres”, afirma el concejal de Río Gallegos Pedro Muñoz (Coalición CívicaARI). Esta semana presentará un amparo ante la negativa del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Frente de Todos), de brindar información sobre el registro de empresas que llevan adelante la obra pública en la capital provincial. “De los $2000 millones de obras para Río Gallegos, 1300 millones se les adjudicaron a Strella Construcciones, y queremos explicaciones”, afirmó Muñoz a la nacion.
Muñoz quiere conocer por qué Río Gallegos continúa adjudicando obras a Strella Construcciones pese a que, según un edicto judicial publicado en el Boletín Oficial, su responsable figura en un concurso preventivo. El concejal también cuestiona que la empresa no tributó al municipio ni figura con habilitación comercial. La última obra adjudicada es de mayo de este año, por $55 millones, para la intervención urbana de la Laguna Ortiz.
Viejos conocidos
A partir de 2016, cuando se suspendieron los fondos nacionales para obras y las empresas de Báez desaparecieron de escena, otros nombres surgieron para tomar obras de menor envergadura, la mayoría realizadas a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que hasta 2019 era presidido por Grasso. Al frente del IDUV quedó ahora su hermana, María.
Consultora Better SRL fue de las empresas que sumaron adjudicaciones. Según quedó asentado en registros audiovisuales, Mauricio Collareda, jefe del Distrito 23 Santa Cruz de Vialidad Nacional entre 2007 y 2015, era el referente técnico de la empresa. Según los documentos consultados por la nacion, Collareda no figura como accionista de la constructora, pero tampoco en su planta de empleados. Sin embargo, firmaba los convenios por la empresa.
Según la acusación del fiscal Diego Luciani, desde Vialidad Collareda intervino en la contratación y ejecución de numerosas obras que tenían las empresas de Báez y de otras en las que Vialidad resultaba comitente. “En todos los casos legalmente inadmisibles o insuficientemente acreditados, el plazo de 36 meses se elevó a 102, el costo de la obra se elevó a más de $319 millones, tuvo un incremento del contrato de más del 100% y pese a todo esto la obra fue abandonada”, dijo Luciani respecto de Collareda. Se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del Estado.
A Better SRL se le adjudicaron una obra de cloacas en Pico Truncado, la construcción de silos en Punta Quilla, canchas de césped sintético, el nuevo edificio de IDUV y el acceso vial del Barrio San Benito. Esta última obra representó un papelón sin precedentes: a los seis días de inaugurada con gran pompa, el asfalto empezó a desprenderse y debió realizarse otra vez. El municipio rescindió el contrato y le pidió a Vialidad que termine la obra.
Por varias de estas obras realizadas a través del IDUV, la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas Yanina Gribaudo radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 1. En su denuncia, explica que los inspectores del organismo advirtieron serias falencias en el material utilizado y, sin embargo, se siguió adelante. También pide que se investiguen irregularidades detectadas en la construcción de la nueva sede del IDUV y cuestionó que se haya contratado una empresa con limitada capacidad de obra para hacer ocho proyectos por un monto superior a los $42 millones. “La causa no avanzó en la Justicia”, confirmó ayer Gribaudo a la nacion
Dentro de la misma denuncia judicial, Gribaudo pide que se investigue la contratación de la empresa Magdalon, por la obra Refacciones del Centro de Salud N° 1 de Río Gallegos, a raíz de demoras, incumplimientos y ampliaciones de obra. Raúl Fernando Magdalon es el titular de la empresa que hizo punta en las contrataciones públicas locales de los últimos años.
Según los registros laborales consultados, Magdalon aparece como empleado por Austral Construcciones entre los años 2007 y 2010, y también está registrado en la plantilla de Consultora Better SRL en 2018. En tanto, en 2018 figuró como presidente de la empresa constructora Mata Negra, otra de las favorecidas por la obra pública provincial en los últimos años.