Los grupos piqueteros temen que la auditoría sirva para recortar 400.000 planes sociales
Las universidades comienzan hoy a revisar los padrones de beneficiarios; en la Casa Rosada niegan que sea un pretexto para un ajuste presupuestario
El rumor recorre los despachos oficiales, pasa por los claustros universitarios y llega hasta los movimientos sociales oficialistas y opositores. Las auditorías de los planes Potenciar Trabajo, que desde hoy en Lanús llevarán a cabo distintas universidades nacionales, tienen como objetivo no declarado reducir en un tercio (unos 400.000) la cantidad de asignaciones, que a cambio de una contraprestación laboral o educativa asignan a sus beneficiarios medio salario mínimo, que hasta hoy (antes del aumento programado para octubre) alcanza poco más de $23.000.
“Rectores de distintas universidades nos han dicho que ese es el objetivo, que quieren cortar un tercio de los planes, empezando por unos 130.000 de quienes no se presenten a censarse, siguiendo por los que van y reconocen que no tienen trabajo asignado, más lo que logren cortar de las organizaciones”, afirmaron a este diario desde dos organizaciones sociales no kirchneristas con relación al tamaño de recorte, que habría sido consensuado entre el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, y el de Desarrollo Social, de Juan “Juanchi” Zabaleta. Desde otra organización, esta vez oficialista, reconocieron que “algo de eso hay”, aunque estimaron que es un “número dicho al voleo”, que puede terminar concretándose o no.
El jueves, Zabaleta y un grupo de funcionarios de ese ministerio, como Emilio Pérsico (también líder del Movimiento Evita) y Gustavo Aguilera, informaron a las organizaciones sociales que las auditorías comenzarán hoy en la Universidad Nacional de Lanús, continuarán el martes en Santa Fe y el miércoles en Ituzaingó. La idea, según relataron asistentes al cónclave, fue bajar ansiedades de los movimientos piqueteros y “coordinar” esas auditorías entre los responsables designados por las casas de altos estudios y los encargados de las denominadas unidades de gestión, como organizaciones sociales, municipios e instituciones eclesiásticas. No se habló allí de un número de planes Potenciar a dar de baja, como afirman desde el Ministerio de Desarrollo Social.
“El objetivo de las auditorías es obtener más datos de los que hoy tenemos, para mejorar el programa, como capacidades laborales o grados de formación”, explicaron desde ese ministerio, y afirmaron que “en ninguna reunión oficial se habló de ese número”, sin descartar que el recorte llegue finalmente a ese punto.
“Estamos todavía en etapa de reclutamiento de quienes van a auditar”, afirmaron a este diario desde la conducción de la UBA, que concentra el 30 por ciento del sistema nacional.
Los argumentos
Desde el oficialismo adjudicaron los rumores de recorte a la “presión de los piqueteros no oficialistas”, como Barrios de Pie o el Polo Obrero, que reciben y administran cada uno unos 80.000 planes, poco menos que los 120.000 y 100.000 que reciben, respectivamente, los oficialistas Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, cercanos al presidente Alberto Fernández, pero apuntados (sobre todo el Evita) por el cristinismo y La Cámpora.
El mismo día que asumió como ministro, Massa tomó la bandera de las auditorías sobre los 1,3 millones de planes Potenciar, que ya había sido anunciada por Zabaleta y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el 14 de julio pasado. “El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla recibirá la suspensión del plan. En paralelo, vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de la Anses”, dijo el titular del Palacio de Hacienda horas después de su jura. “Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo, lo permanente”, dijo Massa, en referencia a los planes Potenciar y como parte de su política general de ajuste de gastos de la administración, que la semana pasada alcanzó a ministerios como Educación y Desarrollo Productivo.
“Lo que queremos es cuidar a los beneficiarios y beneficiarias, dándoles la oportunidad para que sigan sosteniendo su trabajo a partir de la economía popular y la posibilidad de la inserción laboral”, había explicado Zabaleta, sabedor que hasta ese entonces más de 200.000 beneficiarios ya habían modificado su unidad de gestión por mudanza o por denuncias de irregularidades contra los administradores.
“Todo lo que sea control está bien, pero tenés ocho millones de personas fuera del sistema, en negro. ¿A esa gente quién la protege?”, aseguran desde el Movimiento Evita, señalado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en aquel acto en Avellaneda en el que criticara la “tercerización de los planes sociales”. Acaso para charlar de estos temas, Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, funcionario de la Jefatura de Gabinete y también dirigente del Evita, almorzaron esta semana en el primer piso de la Casa Rosada con Juan Manuel Olmos, el empoderado vicejefe de Gabinete desde los últimos cambios ministeriales. “Es importante que las organizaciones sociales seamos parte. La gente está muy asustada porque teme que le saquen el plan. Ante la situación de necesidad, les decimos que se queden tranquilos, que si se hace la contraprestación van a seguir recibiendo ese pago”, afirmó a la nacion Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sin ocultar su preocupación por el futuro de los planes que manejan las organizaciones sociales.
“Para hacer una auditoría en serio tenés que ir al terreno, verificar si los beneficiarios trabajan o no, hacer un seguimiento. Eso es muy caro y lleva tiempo”, comentó a la nacion con mirada escéptica la autoridad de una de las universidades seleccionadas para la tarea.