«Massa da una señal política de ajuste pero el verdadero ajuste lo sigue haciendo la inflación»
La directora de la consultora Eco Go explica que, en términos macroeconómicos, la segmentación que se aplicará este año no tendrá un impacto fuerte en el déficit; indica además que el grueso del gasto público se dedica a transferencias, jubilaciones y subsidios
Hay que bajar el déficit que genera la cantidad de empleados de las empresas públicas pero eso no va a solucionar el problema macroeconómico”, plantea. “En términos macroeconómicos, el grueso del aumento del gasto público, que hoy es de 37 o 38 % del PBI, está asociado a las transferencias, al esquema previsional y a los subsidios”, aclara. “Este año, la segmentación tarifaria tiene muy poco impacto: 0,2 puntos del PBI”, sostiene. “El Plan Conectar Igualdad también es, de alguna forma, una transferencia a las empresas de Tierra del Fuego. Se podría comprar computadoras más baratas”, explica. “La protección infinita en determinados sectores no lleva a ningún lado”, afirma.
La economista Marina Dal Poggetto, entre las más consultadas y respetadas de la Argentina y directora ejecutiva de la consultora Eco Go, estuvo en La Repregunta.
Aquí, pasajes destacados de la entrevista.
–El ministro de Economía Sergio Massa le ofreció integrarse a su equipo como viceministra, ofrecimiento que usted rechazó. Si efectivamente asumiera en este contexto de la Argentina, ¿cuáles serían los puntos imprescindibles en un plan económico?
–Hace rato que lo vengo diciendo. Desde que arrancó la corrida contra el peso en 2018, urge un plan de estabilización. Se fueron dilapidando oportunidades y los costos de ese plan de estabilización son cada vez más altos. Y seguimos perdiendo el tiempo. Hoy hay tres síntomas. Por un lado, una inflación que corre al 7% mensual. Por otro lado, hay una violenta dispersión de precios relativos: los precios de las tarifas son ridículamente baratos, hay bienes que son ridículamente caros y a diferencia de 2015, cuando se daba el mismo desajuste de precios, hoy el salario está rezagado. El tercer problema es la brecha cambiaria que supera el cien por ciento. Hoy está en la zona del 110%. Es una brecha terriblemente confiscatoria: es una transferencia directa de ingresos de la exportación a la importación. Genera todo tipo de comportamientos especulativos y que el Banco Central no acumule dólares. Como resultado, detrás de esto, el panorama es un Banco Central al cual le sobran pesos y le faltan dólares.
–¿Cuáles serían las medidas a encarar?
–Hay que normalizar el balance del Banco Central. Hay dos posibilidades. Por un lado, se necesita equilibrio fiscal y reducir el financiamiento monetario, que es parte del anuncio de Massa. Después, hay otras fuentes de expansión de pesos. Hoy, la principal es la tasa de interés. La emisión es, primero, para financiar al Tesoro, que ahora se va a cortar. Segundo, es para comprar dólares: hoy no se emite con ese objetivo porque no se está comprando dólares. Tres, el crecimiento endógeno de los pesos por el aumento de la tasa de interés. Con una tasa de interés en la zona arriba del 90% anual, la cantidad de pesos se va a duplicar en un año. El balance del Banco Central no acumula reservas y se están creando pesos. Es necesario dar una señal fiscal. Y hay que acomodar los precios relativos. Para hacer eso en forma gradual, con una inflación que corre cada vez más rápido, hay que devaluar arriba de la inflación de 7% mensual. La estabilización requiere corregir los precios.
–¿Eso implica devaluar?
–En la economía hay tres precios básicos. Uno es el dólar. Otro, el precio de las tarifas. El tercer precio son los salarios. El dólar oficial no está muy atrasado: el dólar de $60 que dejó la presidencia de Mauricio Macri, que recibió Alberto Fernández cuando asumió, hoy debería ser un dólar de $170 o $175 pesos. O sea, al tipo de cambio le faltan $35 o $40. Pero el problema no es el nivel del tipo de cambio oficial sino la brecha con los dólares alternativos. Con ese esquema, no se puede normalizar el balance del Banco Central.
–¿Un plan debería ajustar para terminar con el déficit fiscal y, por el otro lado, reducir la brecha entre dólar oficial y los otros dólares?
–¿Qué implica el ajuste fiscal per se? Massa dice que no va a tocar el tipo de cambio y que se va a mantener en el esquema de crawling peg, un ritmo de devaluación que corre todos los meses al 6% mensual. Eso pone la inflación en un ritmo cada vez más alto y. Por otro lado, Massa plantea un ajuste fiscal para reducir el financiamiento monetario y.
–¿Hay un plan económico de Sergio Massa o son medidas sueltas que no terminan de anunciarse como plan?
–Hace dos años, en agosto de 2020, cuando se terminó la negociación tan ardua de la deuda con los privados, cuando la tasa de interés de la deuda rendía 11%, cuando hoy rinde casi 40%, en ese momento cuando el tipo de cambio oficial estaba relativamente bien y la brecha estaba en 70%, anuncios como los que hizo Massa habrían generado euforia. En agosto de 2020, las jubilaciones todavía estaban desindexadas pero hoy se vuelven a indexar. El grueso del ajuste fiscal que se está anunciando tiene que ver con la aceleración inflacionaria.
–Uno de los cuestionamientos que se le hace a Massa tanto por izquierda como por derecha tiene que ver con qué rubros se están ajustando: un ajuste de $110.000 millones en áreas como educación, salud, obra pública. ¿Se está haciendo un ajuste significativo al tocar partidas destinadas por ejemplo al plan Conectar Igualdad?
–Es un anuncio concreto sobre partidas que no se están ejecutando y sin margen de ejecutarse de acá a fin de año. Massa paga un costo político pero muestra una señal de que está haciendo algo. En términos presupuestarios, un ajuste de $110 mil millones es muy poco. El grueso del ajuste se está haciendo tratando de mantener el gasto en línea con una inflación de 63%, según la primera revisión del acuerdo con el FMI, cuando este año la inflación va a estar arriba del 90%.
–¿Entonces dónde se trata de contener el gasto? ¿Con la segmentación tarifaria?
–Este año, la segmentación tarifaria tiene muy poco impacto: va a impactar en 0,2 puntos del PBI. El verdadero ajuste fiscal lo hace la aceleración de la inflación. Cuando la inflación corre arriba del 90%, al 6% o 7% mensual, a un ritmo de 135 %, es muy fácil
ajustar. El problema es que es muy difícil sostener el ajuste si la inflación baja.
–La percepción pública es que Massa está ajustando, pero usted plantea que el verdadero ajuste viene dado por la mecánica de la inflación. ¿Cuál es el incentivo que tiene Masa para bajar la inflación cuando la inflación le está solucionando el problema del ajuste?
–Es que no va a bajar la inflación. No hay un escenario posible donde la inflación de 2023 sea menor que la de 2022.
–¿Ni siquiera ajustando significativamente?
–Pero es que el ajuste requiere más inflación. Como vos dijiste: si frenás la inflación, frenaste el ajuste porque el gasto está indexado al pasado.
–Las empresas públicas también tienen partidas subejecutadas y, sin embargo, no fueron alcanzadas por el ajuste. Además, de aquí a fin de año, habrá transferencias de $ 37.000 millones para algunas, entre ellas Aysa. Si Massa tomara la decisión política de ajustar estas transferencias voluminosas a empresas deficitarias, ¿este tipo de ajuste le ganaría o al menos competiría más de igual igual con el ajuste que aporta la inflación?
–El aporte al ajuste que genera la inflación es mucho más grande que todo esto. En relación a las empresas públicas, el déficit tiene que ver fundamentalmente con la dinámica de las tarifas vis a vis la dinámica del gasto. Las tarifas se usaron como ancla anti inflacionaria. Con eso, se generó un agujero fiscal en la mayor parte de las empresas públicas.
–¿El caso de Aerolíneas Argentinas es distinto?
–Aerolíneas tiene una estructura de funcionamiento mucho mayor que la de una aerolínea parecida y por eso requiere una tarifa más alta.
–Otro cuestionamiento que se hace tiene que ver con las políticas de promoción en Tierra del Fuego: la crítica es que allí se subsidian privilegios, por ejemplo, con la liberación del IVA que representa entre el 0,4 y el 0,6 del PBI. Empresas que facturan el IVA pero que no se lo devuelven al Estado. ¿Un ministro que quiere sanear las cuentas públicas tiene que tocar esos grandes rubros como el déficit de las empresas públicas y privilegios como los regímenes de promoción?
–Hay que tener una discusión sobre el tamaño del Estado pero, sobre todo, sobre la eficacia del Estado. En 2015, con el kirchnerismo el gasto público llegó a 41 o 42 % del PBI. Con Macri, bajó a la zona de 36 % pero, en gran medida, bajó por la aceleración inflacionaria, con el cambio de la inflación del 25% al 50%. Después de la pandemia, el gasto público volvió de nuevo al 40% y hoy está en la zona de 37 % del PBI, que son 10 o 12 puntos más que el gasto público histórico entre 1960 y principios de los 2000. La Argentina tiene un nivel de gasto público que no es financiable con los recursos tributarios aun con una presión impositiva récord. La recaudación efectiva está en la zona de 32 o 33 puntos del PBI. Hay un bache fiscal que se está financiando con emisión monetaria. Un tercio del gasto público son transferencias.
–¿Transferencias a dónde?
–El grueso de las transferencias son al sector privado. La mayor parte se la lleva el gasto previsional que está concentrado fundamentalmente en la nación. Son subsidios a las familias, fundamentalmente por las jubilaciones y, en menor medida, los planes sociales: son 15 puntos del PBI. Los subsidios a las empresas representan alrededor de 3 puntos del PBI que son, en gran medida, la contracara del congelamiento tarifario. Hay que corregir la parte tarifaria.
–El gran debate hoy es el ajuste y dónde impacta. ¿Convendría ajustar primero por el lado de las empresas públicas antes que por el Plan Conectar Igualdad?
–El Plan Conectar Igualdad también es, de alguna forma, una transferencia a las empresas de Tierra del Fuego. Se podría comprar computadoras más baratas. La partida presupuestaria que se cortó no se iba a usar. Estás sincerando algo que no iba a pasar.
–¿Por qué no hay un sinceramiento similar con, por ejemplo, Aysa, que tiene partidas subejecutadas?
–Se está tratando de corregir la dinámica de los subsidios de las empresas públicas no desde la discusión del costo sino desde la discusión del precio, cargando el precio a parte de la sociedad. Cada uno de estos esquemas de subsidio a un sector, ya sea sector público o como transferencias al sector privado, genera una estructura de costos, de precios internos, que hace que el salario necesariamente sea más bajo. O discutimos productividad y competitividad tanto en lo público, porque con un Estado grande se requiere competitividad, como en la parte privada, pero enmarcado en un proyecto hacia dónde querés ir. La protección infinita en determinados sectores no te lleva a ningún lado.
–Gran parte de la estructura de costos de las 34 empresas públicas tiene que ver con los salarios de sus empleados. Tienen un total de 90 mil empleados, de esos, 74 mil se concentran en las 10 empresas principales. ¿Por qué no analizar la estructura de costos de las empresas públicas?
–El sector público es bastante más amplio que la Nación. En los ‘90, la educación y la salud pasaron a las provincias y en los 2000, la nación se quedó con la jubilaciones. Después del gobierno de Macri, hay provincias superavitarias, que han conseguido compensar sus recursos, y del otro lado, una nación quebrada. El grueso del déficit está en la nación que se quedó con los subsidios y con el esquema previsional; las provincias recuperaron recursos, sobre todo aquellas que tienen regalías, que se supone que se ocupan del grueso del empleo público que tiene que ver con la ejecución del Estado, salud y educación.
–Pero la operadora ferroviaria, la empresa pública número uno en cantidad de empleados públicos, tiene 24.182. Aerolíneas, unos 11.400 y Aysa, 7.962 trabajadores. ¿Por qué no dar esta discusión respecto de las empresas públicas antes de pensar en tocar gastos en salud o en educación?
–Sin dudas hay que encarar el déficit de las empresas públicas. Pero en términos de magnitud, la cantidad de empleados públicos no es el impacto más grande, aunque sí es escandaloso. El tema es la tarifa, que es muy ridícula. Hay que dar las dos discusiones: desde el lado de los precios y desde el lado de la eficiencia. Pero insisto: en términos macroeconómicos, el grueso del aumento del gasto público, que hoy es de 37 o 38 % del PBI, está asociado a las transferencias, al esquema previsional y a los subsidios. Vuelvo al principio: lo que está haciendo el ajuste es la aceleración inflacionaria. En algún momento, hay que frenarla con un programa de estabilización que incluya un ordenamiento de los precios relativos y una consolidación fiscal.ß
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