Deleznables falsas denuncias
Es imprescindible tomar recaudos para que una mera acusación, sin pruebas, no baste para cercenar un derecho o condenar socialmente a una persona
Así como afortunadamente en los últimos tiempos se develan y persiguen numerosos casos de abuso sexual en familias e instituciones educativas, deportivas y religiosas, entre otras, se viene intensificando una práctica muchas veces perversa y hasta rentable: la de las falsas denuncias. Ocasionar daño, asegurarse venganza, influir en la separación de padres y en la tenencia de hijos como parte de juicios de divorcio, perjudicar una posición política o empresaria son algunos de los objetivos perseguidos.
En nuestro país funciona el Observatorio de Falsas Denuncias (observatoriodefalsasdenuncias.org), que promueve transparentar información sobre esta problemática mediante el monitoreo y el análisis de casos. Por primera vez en la Argentina se conmemoró, el 9 del actual, el Día Internacional contra las Falsas Denuncias, instituido originariamente en Inglaterra para recordar la muerte de Simon Warr, víctima de una falaz acusación que le valió 672 días en la cárcel, cobrándose su carrera, reputación y salud, antes de ser absuelto.
Sin lograr que lo atendieran ni escucharan las autoridades, un grupo de manifestantes se reunió ese día en el Parque Lezama para protestar ante el Ministerio de la Mujer en un afán por dar visibilidad y crear conciencia sobre el daño que producen las falsas denuncias, cómo vulneran los derechos humanos y desbaratan las garantías jurídicas. Tampoco se pueden soslayar aquellas falsas denuncias no judicializadas que se suceden en las redes. Se viralizan velozmente con graves efectos, como injustas condenas sociales. Los casos en ámbitos escolares, entre adolescentes, por ejemplo, pueden afectar traumáticamente sus psiquis incluso al punto de terminar en suicidios.
En materia política, hubo en el país sonados casos de acusaciones sin fundamento que han provocado graves daños. Por ejemplo, las falsas denuncias contra el dirigente Enrique Olivera, en 2005, en plena lucha electoral con el kirchnerismo. Se lo acusó de haber omitido la declaración de dos cuentas bancarias en el exterior. Dos años después, su denunciante, el exfuncionario ibarrista Daniel Bravo, presentó ante la Justicia un texto de retractación, en el que reconoció que los datos de la presentación judicial contra Olivera eran falsos y que con la denuncia creó “injustamente un manto de dudas” sobre el entonces candidato a legislador porteño por ARI. El mal ya estaba hecho.
Hace pocas horas, el juez federal Sebastián Casanello condenó a los funcionarios de la AFIP Fabián Osvaldo Di Risio y Fidel Omar Chiapperi, respectivamente, a un año y a seis meses de prisión por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de Elisa Carrió. El magistrado consideró que fueron parte de una campaña de desprestigio contra la fundadora de la Coalición Cívica mediante la utilización de facultades y potestades propias de sus cargos.
Fuera de la política, muchos ciudadanos son perjudicados por estas deleznables maniobras, por ejemplo, litigantes de ambos sexos que pretenden encontrarse con sus hijos y se les impide el acceso por ello. Muy grave también es observar cómo en juicios donde se discuten la tenencia y el cuidado de los hijos, abogados inescrupulosos se valen de esta vil argucia para trabar el derecho natural y humano a esos encuentros.
La exageración de la llamada violencia de género, absolutamente razonable en sí misma, es muchas veces tergiversada, al punto de generar una suerte de temor reverencial sobre cualquier denuncia de esta naturaleza, disparando medidas cautelares restrictivas de todo contacto, destinadas a lograr ventajas en acuerdos espurios ante la desesperación de las víctimas de estos ataques.
Este abuso de falaces acusaciones ha llevado a invertir la carga de la prueba; es decir, que no es el denunciante el que tiene que probar el abuso, sino que se presume que el denunciado, aun sin pruebas, es considerado “en principio” culpable para someterlo a las restricciones señaladas. La decisión provisoria se prolonga a lo largo del pleito. Cuando no, padres desesperados, ya agotados sus esfuerzos, abandonan dolorosamente la lucha y a sus hijos.
Es imprescindible, tanto en materia civil como penal, que se tomen recaudos iniciales para que no baste una mera denuncia para lograr decisiones que solo deberían decretarse con una convicción suficientemente verosímil del hecho denunciado y, sobre todo, evitar que una filosofía loable se convierta en una presunción de culpa ajena a nuestras leyes y a impartir verdadera justicia.