Veto a la venta de productos fabricados con trabajo forzado
Bruselas estima que este abuso afecta a 27 millones de personas en el mundo; 800.000 están dentro de los 27 países que componen la entidad geopolítica
La Comisión Europea ha aprobado un reglamento que busca evitar la venta de cualquier producto que en su proceso de elaboración contenga algún tipo de trabajo forzado. La aplicación de la norma, una vez que se apruebe por el Parlamento Europeo y el Consejo, corresponderá a los Estados miembros, que para detectar la presencia de este tipo de trabajo contarán con información de una base de datos de trabajo forzoso centrada en productos y áreas geográficas sensibles a la utilización de este tipo de mano de obra. También se usará las due diligence [auditorías a fondo] que las propias empresas tienen que hacer en su propia cadena de suministro, explica Bruselas.
Aunque el trabajo forzoso pueda parecer una realidad del pasado, todavía hoy hay regiones del mundo en las que se produce. Según los cálculos con los que la Comisión contextualiza su iniciativa partiendo de las investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aún 27 millones de personas sufren este abuso en todo el mundo. La situación puede encontrarse incluso en la propia Unión Europea. El vicepresidente responsable del área económica y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, calcula que afecta a unas 800.000 personas en Los Veintisiete, según explica en un encuentro con varios medios, entre ellos EL PAÍS. No obstante, el político letón, que advierte que esas cifras pueden estar desactualizadas por ser de 2012, sitúa en Asia central la zona más afectada por esta lacra.
“Esta propuesta supondrá un cambio real en la lucha contra la esclavitud moderna, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Nuestro objetivo es eliminar del mercado de la UE todos los productos fabricados con mano de obra forzada, independientemente de dónde se hayan fabricado. Se aplicará tanto a los productos nacionales como a las exportaciones e importaciones”, ha declarado Dombrovskis.
“No podemos mantener un modelo de consumo de bienes producidos de forma insostenible. Nuestro mercado único es una baza formidable para evitar que los productos fabricados con trabajo forzado circulen por la UE, y una palanca para promover más sostenibilidad en todo el mundo”, ha añadido el comisario responsable de Mercado Interior, Thierry Breton.
Due dilligence
En la Unión Europea ya hay diversas normas que persiguen estos abusos, como una directiva de 2009 que fija sanciones mínimas a empleadores de inmigrantes en situación irregular. Además, en la actualidad está en trámite otra directiva sobre la obligación para las empresas de realizar due dilligence, auditorías sobre sus cadenas de suministro, de ahí que esta propuesta esté muy vinculada a la aprobada este miércoles.
Pese a que este tipo de abuso se da más en actividades textiles, agrícolas o mineras, la nueva norma se dirige a todos los sectores y empresas, sin dejar fuera de su cumplimiento a la pymes.
No obstante, explican los responsables de la Comisión que en la aplicación del reglamento se tendrán en cuenta sus circunstancias y que, incluso, prevé dar orientaciones para que se realicen las auditorías en las cadenas de suministros. Dombrovskis, además, apunta que no esperan que “haya costos importantes adicionales para las empresas”.
Esta afirmación se basa en que Bruselas defiende que muchas empresas ya han avanzado en el trabajo de añadir transparencia a la cadena de suministro. No obstante, se asume que algo habrá cuando se señala que “los costes variarán en función del tamaño de la empresa, del sector y de la cadena de suministro de una determinada empresa”.ß