Ascensos militares e ideología
La Constitución de 1853 establecióquelosascensosenlosmáximos niveles del Poder Judicial, del cuerpo diplomático y las Fuerzas Armadas debían tener acuerdo del Senado, dada su trascendencia institucional. Esta sabía disposición se mantuvo desde entonces.
El Ejecutivo propone los candidatos, cuya designación, para hacerse efectiva, requiere de la aprobación de una mayoría calificada de dos tercios de los senadores presentes. En el caso del Poder Judicial, la selección está predeterminada por el Consejo de la Magistratura, creado por la reforma constitucional de 1994, que a su vez propone los candidatos al Ejecutivo.
En el caso de los diplomáticos y los militares, la propuesta procede de las juntas de calificaciones de los respectivos ministerios. Pero no tienen el nivel institucional de los jueces en cuanto a la obligatoriedad para el Ejecutivo. Lamentablemente, la injerencia del Ejecutivo en los ascensos diplomáticos se ha ido extendiendo al tiempo que demasiados nombramientos políticos desplazaron a calificados profesionales de carrera.
En el caso de las Fuerzas Armadas, durante la gestión de Nilda Garré, se llegó al punto máximo de esta injerencia. Hubo años en los cuales, sobre diez coroneles propuestos para ascender, la mitad procedía de la Junta de Calificaciones y la otra era a elección del Ministerio de Defensa, sin pasar por ella. El efecto de esta situación se torna inevitable: lamentablemente, a la hora de ascender, los contactos políticos pasan a ser más relevantes que los méritos profesionales y de ello deriva la ineludible politización que acertadamente se quiere impedir en las Fuerzas Armadas.
Hacia el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, esta práctica comenzó a ser erradicada, también lo fue durante el gobierno de Cambiemos y continuó en los dos primeros años del actual. Pero este año parece haberse retomado la vieja, ideologizada y desaconsejada senda.
A los dos generales de Brigada propuestos para ascender a general de División en el Ejército y a los ocho coroneles propuestos para general de
Brigada, el Poder Ejecutivo agregaría cuatro más: un coronel de Caballería, dos coroneles de Intendencia –hoy es considerada un arma más y, por ende, podrían acceder a la Jefatura de la fuerza– y un teniente coronel que, por sus contactos políticos, está a cargo de la seguridad de la Casa de Moneda.
No es el caso abrir juicio sobre los antecedentes de las personas, sino puntualizar que apartarse de la costumbre que se había corregido deteriora la profesionalización militar y, quiérase o no, induce a la politización como medio para acceder al grado superior. Es de notar que el acuerdo del Senado se limita a los oficiales superiores, es decir, a los ascensos para generales y coroneles.
A su vez, la situación alienta las llamadas “internas” dentro de las Fuerzas, e incluso las promueve dentro de las Armas.
El Poder Ejecutivo está a tiempo de evitar que sea reimplantada una nefasta práctica fundada en razones ideológicas y que bien se venía corrigiendo en los últimos años.