Los agresores “antisistema”, una tipología social que se repite

Sabag Montiel y Uliarte comparten muchos rasgos de otros jóvenes que cometieron ataques

El padre de Fernando Sabag Montiel se negó a darle su apellido durante un tiempo. Y se desligó hace años. Tanto, que no lo visitó, ni lo llamó, ni contactó a las autoridades judiciales desde que su hijo quedó detenido por el magnicidio fallido contra Cristina Kirchner. Se cree que vive en su Chile natal, ajeno a su derrumbe, que muchos cifran que comenzó en 2017, con la muerte de su madre, Viviana. La relación de Brenda Uliarte con su familia tampoco es un mar de rosas. Abusada de pequeña, su madre la abandonó, la crio su abuela, que ya murió, y parió una criatura que murió al poco de nacer. En su celular, agendó a su padre como “inservible”.

Tampoco resulta mejor el contexto en el que se movió Nicolás Carrizo hasta quedar detenido. A 600 metros del estadio de Deportivo Morón, su casa muestra signos evidentes de deterioro y abandono. Madre viuda, su hermano con problemas psiquiátricos pasa el día detrás de una persiana rota. A una hora de allí, en Monte Grande, la vivienda de los padres de la joven de 25 años que analiza ahora la Justicia, Joana Daniela Colman, combina madera y materiales, techo de chapa, vereda y calle de tierra, y una bombita quemada. Sus padres dicen no saber dónde está desde hace unos días, aunque para los investigadores ella –situación crediticia en rojo- es solo una “testigo” y no está imputada en la causa.

Sabag Montiel y Uliarte integran un colectivo inquietante para la política: hombres y mujeres jóvenes que están fuera del sistema o son, incluso, antisistema: desempleados, precarizados, sin dinero, ni acceso al crédito, ni planes asistenciales. Protagonistas de la degradación social que se mueven por la periferia metropolitana y que sienten que tienen poco (o nada) para perder. Algunos adscriben al anarquismo; otros, al neonazismo; y otros más a idearios libertarios extremos.

El atentado fallido contra la videcena cepresidenta del 1º de septiembre podría registrar, en ese sentido, antecedentes menores durante los últimos años. El 14 de noviembre de 2018 ocurrió uno de los más notorios. Fue en el barrio porteño de Belgrano R. En pleno torbellino por el caso cuadernos al juez federal Claudio Bonadio le arrojaron una bomba en el patio delantero de su casa. El artefacto no explotó y el atacante terminó detenido. ¿Su nombre? Marcos Viola. ¿Edad? 26 años. ¿Otros datos? Portaba una faca con una hoja de 10 centímetros. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

Ese mismo día, un par de horas antes y a 9 kilómetros al sudeste de la casa de Bonadio, cuando caía la noche, dos sombras intentaron colocar una bomba junto a la tumba del jefe de la Policía Ramón Falcón. El artefacto sí explotó, pero antes de tiempo y en las manos de una de esas sombras. ¿Su nombre? Anahí Esperanza Salcedo. ¿Edad? 32 años. ¿Otros datos? Terminó internada, en grave estado, con una mano destrozada y el rostro desfigurado, y su pareja, Hugo Alberto Rodríguez, de 38, quedó detenido, al igual que una de sospechosos más. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

También en noviembre, pero de 2021, nueve encapuchados atacaron con bombas molotov la sede del Grupo Clarín en la calle Piedras al 1700, Barracas. Al menos siete artefactos causaron un principio de incendio el lunes 22, aunque no hubo heridos, ni daños relevantes, mientras que otra bomba no llegó a estallar. El ataque pareció quedar impune. Pero las detenciones llegaron con los meses. El primero fue Juan Gabriel Apud. ¿Edad? 32. Y se sumaron luego tres hombres y dos mujeres. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

Todos integran, acaso, lo que el decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes), de la Universidad Nacional de San Martín, e investigador del Conicet, Ariel Wilkis, categorizó como un emergente del “antipopulismo popular de los precarizados”.

Aunque con matices, un perfil común a los detenidos de los últimos años parece esbozarse: jóvenes criados en democracia que viven en barrios periféricos, en viviendas humildes o tomadas, y cuyo mayor activo personal es, con suerte, una motocicleta, una laptop o un teléfono celular que utilizan para acceder a foros extremos en plataformas digitales como Telegram que pueden ser contra referentes de la izquierda o de la derecha… o contra todos al mismo tiempo.

Esa agresividad llegó a las calles, también durante los primeros días de marzo pasado cuando un grupo atacó a piedrazos el Congreso mientras se debatía el acuerdo del Gobierno con el FMI. Ocho de los jóvenes identificados tras el ataque no tendrían afiliación política conocida, según la agencia Télam. También llegó a la Plaza de Mayo, el 18 de agosto, cuando el grupo Revolución Federal avanzó con antorchas, bombas molotov y piedras contra la Casa Rosada. El 14 de septiembre, en tanto, se registró un incidente inquietante. La Brigada de Explosivos detonó un paquete sospechoso que apareció en el frente de la casa de Jorge Gorini, uno de los jueces que integran el tribunal que juzga a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.ß