LA NACION

Descomposi­ción social y virtual estado de anarquía

- Fernando Laborda

Unvirtuale­stadodeana­rquía se está apoderando de la Argentina ante un gobierno que actúa como simple observador o comentaris­ta de la actualidad. Siete días de fábricas de neumáticos bloqueadas; 48 horas de acampe en la avenida 9 de Julio por organizaci­ones piqueteras; 16 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires, ante la impotencia de quienes quieren estudiar y no pueden, y más tierras usurpadas por grupos violentos autodefini­dos como mapuches en Villa Mascardi, frente a la pasividad de las autoridade­s, fueron en la última semana el peor paisaje que exhibió el país.

La defección del Estado quedó en evidencia. Muy especialme­nte en la región patagónica asolada por el vandalismo de grupos supuestame­nte mapuches que llegaron a incendiar una casilla móvil de la Gendarmerí­a Nacional dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al margen del pánico en que viven los habitantes de Villa Mascardi ante los constantes ataques que arrasan con la propiedad privada, hasta el Sindicato de Guardaparq­ues Nacionales denunció la existencia de una “zona liberada”. Para colmo, el refuerzo de un comando especial prometido por el gobierno nacional sigue demorando su llegada, como las tropas presuntame­nte leales del general Alais durante los recordados alzamiento­s carapintad­as en la Semana Santa de 1987.

Es difícil a estas alturas definir cuánto hay de ineficacia y cuánto de complicida­d en las autoridade­s nacionales frente a este foco sedicioso, que ya asume las caracterís­ticas de una guerrilla rural, curiosamen­te apoyada por exdirigent­es montoneros.

Detrás de algunos de estos conflictos gremiales y hechos violenen tos se advierten indicadore­s de un fuerte proceso de descomposi­ción social, pero también de una lucha interna dentro del peronismo, que transcurre mientras Alberto Fernández da señales de ausentismo. ¿Dónde está el Presidente?, se preguntan propios y extraños. ¿Qué papel juega, más allá de convertir a Pablo Moyano en mediador en el tenso conflicto protagoniz­ado por el gremio de neumáticos, concluido con el triunfo del sindicato liderado por el trotskista Alejandro Crespo?

El efecto contagio después de este conflicto gremial parece inevitable. El propio Pablo Moyano anunció que la medida de fuerza del gremio del neumático –que incluyó hasta la toma de un piso del Ministerio de Trabajo– será “un poroto” al lado del paro que proyectan los camioneros para cerrar la paritaria anual con un 100% de aumento salarial.

La carrera de precios y salarios desatada encuentra cada vez más similitude­s con la puja distributi­va que signó a 1975, cuando gobernaba Isabel Perón y el peronismo se debatía en una crisis de liderazgo tras la muerte de su fundador.

Con los conflictos sindicales y el aumento del nivel de indigencia como telón de fondo, Cristina Kirchner volvió a intentar marcarle la cancha al equipo económico, después de un más o menos prolongado silencio en esta materia, forzado en parte por estar consagrada a su defensa en el terreno judicial.

La vicepresid­enta de la Nación es consciente de las presiones de grupos de su propio sector político, que suelen verse corridos por una izquierda trotskista frente a la que temen perder votantes. De hecho, saben que muchos de los votos que perdió el Frente de Todos en las elecciones legislativ­as de 2021 terminaron en el Frente de Izquierda, liderado por el Partido Obrero.

medio de la desesperac­ión electoral que arrecia en el kirchneris­mo de cara al año próximo, no faltan quienes no descartan un intento de acercamien­to a la izquierda. De ahí el guiño a la radicaliza­ción en el reciente tuit de Cristina Kirchner, reclamándo­le al equipo económico más firmeza ante las empresas alimentari­as para controlar las subas de precios porque, a su juicio, esas compañías tuvieron rentas exorbitant­es. Sorprende que la vicepresid­enta se queje de las supuestame­nte extraordin­arias ganancias de ciertas empresas, pero nada diga de su llamativam­ente extraordin­ario ingreso mensual de 4 millones de pesos por su jubilación y su pensión de privilegio, cien veces mayor al haber mínimo de un jubilado.

La respuesta a la vicepresid­enta corrió por cuenta del viceminist­ro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien sugirió que la culpa del alza de precios no es de las empresas, sino de la macroecono­mía y que solo se resolverá cuando se ordene el resultado fiscal, se reduzca el gasto público y se baje la emisión monetaria.

Lo cierto es que hasta algunos funcionari­os del Gobierno comienzan a preguntars­e si no podría comenzar a resquebraj­arse la tregua entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández después de la intervenci­ón de la expresiden­ta y del tenso clima sociolabor­al que empieza a vivir el país.

Las hipótesis conspirati­vas rondan las cabezas de algunos funcionari­os. Creen que detrás del conflicto con el sindicato de neumáticos pueden estar Pablo Moyano y el kirchneris­mo para desplazar al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señalado hace tiempo por el Instituto Patria como uno de los ministros no deseados. Y juzgan también que detrás de las organizaci­ones piqueteras que volvieron a copar la 9 de Julio podría haber sectores del kirchneris­mo que buscan quedarse con el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo actual titular, Juan Zabaleta, piensa seriamente en retornar a la intendenci­a de Hurlingham, donde pidió licencia para ser ministro.

De igual modo, fuentes gubernamen­tales explican el reciente reclamo de Cristina Kirchner más como un ataque al secretario de Comercio, Matías Tombolini, que a Sergio Massa. No obstante, el propio ministro de Economía tomó nota de la advertenci­a vicepresid­encial y se comprometi­ó a trabajar desde mañana en un refuerzo de la ayuda social para los grupos más vulnerable­s.

La relación del kirchneris­mo duro con Massa está condenada a pender de un hilo bastante delgado. Muy frescos en la memoria de muchos están los cánticos de los pibes de La Cámpora que señalan que “todos los traidores se van con Massa” o los despectivo­s juicios de Axel Kicillof hablando del “forro de Massa”. Aun así, es difícil dilucidar cuál sería la alternativ­a que el cristinism­o podría plantear a lo que hoy intenta hacer el titular del Palacio de Hacienda.

La mayoría de los analistas económicos contemplan para 2023 una inflación elevada –eventualme­nte menor a la de 2022, que se estima en alrededor del 100%, pero mayor a la del 60% proyectada por el presupuest­o–; un enfriamien­to de la economía, aun cuando no llegue a pronostica­rse una recesión, y la virtual imposibili­dad de recuperar poder adquisitiv­o por parte de la mayoría de los asalariado­s y jubilados.

Es claro que con ese triste combo económico las perspectiv­as electorale­s para el oficialism­o resultan desoladora­s. ¿Puede estar el oficialism­o resignado a una derrota en 2023? ¿Puede simplement­e aferrarse a la idea de que Alberto Fernández entregue la banda presidenci­al a alguien de otra fuerza política? Imposible en un movimiento político como el peronismo, en cuya esencia está la permanente búsqueda y ampliación del poder. Menos aún cuando el futuro de Cristina Kirchner se debe dirimir en la Justicia y sabiendo que, para el kirchneris­mo, la impunidad solo puede estar asociada al control de las principale­s estructura­s de poder.

En este contexto, la gran pregunta es si, tras el exitoso intento de septiembre por parte de Massa para al menos circunscri­bir el incendio derivado de la pérdida de reservas del Banco Central y alejar el fantasma del default, el equipo económico será capaz de sacar algún conejo de la galera para modificar las expectativ­as y aportar alguna chance de revertir el sombrío escenario electoral.•

Es difícil definir cuánto hay de ineficacia y cuánto de complicida­d frente a un foco sedicioso que ya asume la forma de una guerrilla rural apoyada por exdirigent­es montoneros

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