Investigan más mensajes en los celulares de los detenidos por el ataque a Cristina
Se realizó un operativo en una vivienda en La Matanza; una persona le escribía por WhatsApp a la novia de Sabag Montiel y le decía que era policía; la PSA se llevó documentos
Más allá de los procesamientos con prisión preventiva contra los cuatro principales implicados en el atentado a Cristina Kirchner, los investigadores no dan por cerrado el caso y siguen revisando evidencias en los teléfonos secuestrados la última semana y los mensajes que ya tienen disponibles de los celulares de los detenidos.
Así, esos mensajes llevaron a los investigadores a realizar este fin de semana un procedimiento en la casa de un hombre que intercambiaba mensajes de WhatsApp con Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el brasileño que disparó contra la vicepresidenta sin que saliera la bala.
En esos mensajes, el hombre quería seducir a Brenda, interesarla en salir juntos y, para convencerla, le decía que era policía.
Este detalle prendió la alarma de los investigadores del caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que consiguieron una orden para allanar su casa y llevarse documentación y elementos de interés para la causa. Sin embargo, los resultados no fueron alentadores.
Este procedimiento se inscribe en otros realizados la semana pasada en otros domicilios de personas allegadas a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte, ambos detenidos como autores de la tentativa de homicidio calificada de la vicepresidenta.
Además, están procesados con prisión preventiva Agustina Díaz, que es amiga de Brenda Uliarte y compañera de colegio secundario, y Gabriel Nicolás Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de algodón de azúcar coloreados. Estos dos últimos son considerados partícipes secundarios en la tentativa de homicidio calificado.
Los defensores oficiales de Sabag Montiel y de Uliarte prefirieron consentir sus procesamientos con prisión preventiva como una estrategia para que el caso llegue a juicio oral y público, sin que otros tribunales dejen sentada una opinión que, en lugar de mejorar la situación procesal de sus asistidos, podría complicarla.
Otras miradas
No es la misma estrategia de los abogados particulares de Carrizo y Agustina Díaz, que pretenden que la Cámara Federal revoque sus procesamientos. Por lo pronto, cuando el tribunal de alzada debió revisar las excarcelaciones de ambos, decidió dejarlos detenidos con el argumento de la gravedad de los delitos que se les imputan y por la necesidad de completar medidas de investigación. intercambió mensajes con un hombre que quería seducirla y le decía que era policía. la casa de este interlocutor fue allanada el fin de semana y se secuestraron elementos para el caso. Entre ellas, determinar si no hay otros implicados.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, patrocinada por el abogado José Manuel Ubeira, entiende que el caso no se agota en los cuatro detenidos y sospecha que hay un instigador por encima de ellos y que está detrás del intento de asesinarla.
Los abogados solicitaron investigar a una persona agendada en el celular de Uliarte como “David”; a otro interlocutor de Carrizo, agendado como “Jony White jaja”; a un tercero que supuestamente trabajaba con Uliarte y Sabag Montiel como vendedor de copos de azúcar, Sergio Eduardo Orozco, quien por ahora es testigo y no imputado; y a Joana Daniela Colman, a quien Carrizo tenía agendada como “Joa”. Ubeira citó un chat del 4 de septiembre -tres días después del ataque- en el que una persona identificada en el celular de Uliarte como David le dice a ella que le iba a confiar un secreto. “Hago espionajes y se los paso a la embajada de Estados Unidos”, dice el mensaje citado en la presentación. Otro texto dice: “Paso informes e investigo narcos pesados, nada más”. Uliarte le responde: “Ah, qué bien, no tenía idea de que laburabas de eso”.
La querella también pidió investigar a Joana Daniela Colman, agendada como “Joa” en el celular de Carrizo, quien sugiere que Sabag Montiel podría haber actuado por una motivación económica.
Las medidas de prueba que sugirió están siendo evaluadas por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien la semana pasada ordenó diversos allanamientos en domicilios de personas allegadas al grupo de vendedores de copos de algodón. Ninguno fue detenido, sino que se les tomaron declaraciones testimoniales y a algunos de ellos les secuestraron los teléfonos celulares, que están siendo analizados por la PSA.ß