Los temas que la Argentina no debate
La declamada intención del gobierno nacional de convocar al diálogo político no constituye una novedad. En realidad, no es la primera vez que el oficialismo enuncia su afán de arribar a entendimientos básicos con sus adversarios. También es cierto que ese objetivo presenta hoy una limitante bipolar: la pretensión hegemónica del kirchnerismo y la escasa vocación dialoguista que se percibe en varios referentes de la principal coalición opositora.
En este contexto se impone, entonces, una reflexión más amplia. Al compás de la persistente polarización, la Argentina transita un permanente estado de no debate. Temas políticos, económicos, sociales e institucionales de suma importancia están lejos de ser ponderados por quienes administran el Estado o legislan. Sobran ejemplos.
En los hechos, violando los plazos fijados por la Constitución nacional aprobada en 1994, no se sanciona una nueva ley de coparticipación federal. Por eso, el Poder Ejecutivo gira fondos a las provincias de manera discrecional. Asimismo, al margen de iniciativas puntuales, está fuera de consideración un reordenamiento general del territorio, capaz de atender las demandas de más de 47 millones de habitantes y generar dinámicas de funcionamiento que combinen gobernabilidad con desarrollo.
La ramplona Mesa argentina contra el Hambre, presentada por el Presidente en diciembre de 2019, aparece como una mera estructura burocrática. Mientras tanto, a fuerza de la inflación desenfrenada, la pobreza y la marginalidad dominan el presente. Según los últimos datos del Indec, en el primer semestre de 2022 se registraron más de 10.600.000 personas pobres, de las cuales casi 2.570.000 son indigentes. Frente a tal escenario, la política en su conjunto no diseña y ejecuta medidas estructurales.
En el plano electoral, y mientras está latente la posible eliminación de las PASO para 2023, no se avanza hacia la tan necesaria y postergada reforma política. Ciertamente, la boleta única de papel, la ficha limpia y la regulación de las reelecciones deberán seguir esperando. Lo mismo sucede con el modelo de organización sindical: el esquema vigente garantiza la perpetuación de los dirigentes en la conducción de los gremios y va a contramano de las transformaciones en el mundo laboral. Por otro lado, tal vez por la influencia que ejerce el papa Francisco en la coyuntura nacional o por la falta de disposición para discutir la relación que existe entre política y religión, la concreción plena de un Estado laico no es un tema en agenda. Por consiguiente, conforme a lo que reza la letra constitucional, el gobierno federal continúa sosteniendo el culto católico apostólico romano.
Quizá las cuestiones sin abordar tengan que ver con algo más profundo. El ensayista y editor Alejandro Katz explica la raíz del problema: “Nuestros dirigentes políticos son muy rudimentarios, el debate público es de pésima calidad y de escasísimo volumen intelectual”. A esta certera afirmación se suma un dato histórico: kirchnerismo y macrismo, como proyectos que llegaron al poder urnas mediante, surgieron luego de la crisis de 2001. A su turno, ambos se presentaron en sociedad como respuesta a “la vieja política”. Con el tiempo, quedó demostrado que lo nuevo no implicó un salto de excelencia representativa. En efecto, desde hace más de 20 años, salvo honrosas excepciones, la elite gobernante pisotea el diálogo y dinamita los consensos, tornando insustancial la discusión política.