trama macabra los lazos de jueces, fiscales y políticos con el narco
Mientras distintos funcionarios se acusan mutuamente de “persecución” cuando asoman causas que los involucran con el crimen organizado, los especialistas dicen que sectores importantes de los principales partidos mantienen un acuerdo de impunidad
LROSARIO a muerte entró en Enrique Encino a las 22.30 del sábado 11 de enero de 2020. Fumaba cuando recibió un tiro en la cabeza que no era para él. Los sicarios tenían orden de atacar el casino City Center, en las afueras de esta ciudad, y el tiroteo lo encontró al gerente del Banco Nación de Las Parejas en un balcón. Murió horas después, víctima de Los Monos. La investigación destapó el entramado de corrupción, poder, dinero y drogas que sacude la provincia.
Los fiscales rosarinos actuaron rápido. 48 horas después, detuvieron a Maximiliano “Cachete” Díaz, un ladero de Ariel “Guille” Cantero, jefe del clan. Al verse atrapado, Díaz rompió y descartó su celular. Pero un vecino lo encontró y aparecieron los primeros hilos de una red narco que llega hasta la cima política y financiera de la provincia.
El teléfono de Díaz habló por él. Expuso que planificó el ataque al City Center con Cantero, preso en la cárcel federal de Marcos Paz, y con otro lugarteniente, Carlos “Toro” Escobar, detenido en la prisión federal de Ezeiza. Dato no menor: una ley de 1996 prohíbe que los presos usen teléfonos celulares, pero la teoría va por un lado y la connivencia entre el crimen y los penitenciarios, por otro.
Más datos surgieron del teléfono de “Cachete”. El ataque planeado era un incendio en el estacionamiento del casino, con otros ejecutores, dos días antes. El objetivo era extorsionar a los dueños del establecimiento. Dinero a cambio de tranquilidad. La idea era explotar un auto en el parking cuando estuviera repleto de gente. Pero la Gendarmería detuvo a quienes debían encargarse del golpe a bordo de un Volkswagen Gol rojo robado, con una Browning 9 milímetros y 14 balas. Díaz cometió entonces un error: le pidió a un mandamás del juego clandestino, Leonardo Peiti, que les preguntara a sus “amigos de la Fiscalía” por la situación de los detenidos. Así cayó la primera ficha del dominó.
La relación del “empresario” que manejaba el juego clandestino con Los Monos venía de antes. Peiti les pagaba una “mensualidad” para que no lo mataran. Primero abonó 20.000 dólares y luego 5000 por mes, durante un año y medio, más el manejo de tres salas de juego ilegales. Pero Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino también sus influencias en la Justicia, que habría tejido de la mano del senador peronista Armando Traferri.
Urgido por Díaz, Peiti llamó a un comisario retirado y al jefe máximo de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. Con esas llamadas expuso el contubernio entre el juego ilegal, la policía, el narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el poder político.
¿Por qué? Porque al comprender que los fiscales habían interceptado sus llamadas, Peiti se vio acorralado y rompió el código mafioso del silencio. Declaró como imputado colaborador. Confesó sus pagos a los jefes policiales José Luis Amaya y Daniel Corbellini –exjefe de la Policía de Investigación durante el socialismo–, y sus acuerdos ilícitos con Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el secretario Rodrigo González. Admitió que les pagó para que lo protegieran mientras procuraba dominar el juego online en la región. Y apuntó contra el senador Traferri, referente histórico del peronismo en Santa Fe.
Peiti explicó que su sueño era pasar de ser el zar del juego clandestino a la legalidad a través de las apuestas online. Traferri era su nexo con el actual gobernador, Omar Perotti. “Fui ayudándolo para la campaña electoral [a Traferri]. Él dijo que tenía todo armado con Perotti y yo tenía que ayudarlo para la campaña. Yo habré puesto unos 200.000 dólares. Si ganaba Perotti íbamos a concretar el convenio”. Pero eso no ocurrió. Acaso porque el gobernador rompió su relación con Traferri después de asumir en la Casa Gris.
Ante la consulta de la nacion, Perotti dijo que “jamás” recibió un peso de Traferri para su campaña. “Me costó tanto llegar a ser gobernador [lo logró en su tercer intento, en 2019] porque no tenía recursos para la campaña como otros candidatos”, afirmó.
Traferri también negó las acusaciones. Afirmó que tienen motivaciones ocultas destinadas a perjudicarlo. “Estamos ante una asociación ilícita que tiene una pata judicial, con varios fiscales involucrados, y que es funcional a Marcelo Saín, que era el ministro de Seguridad provincial y ahora se sabe que es el responsable máximo del espionaje en la provincia”, indicó a la nacion.
La sola mención de Traferri incomoda en Santa Fe. Están quienes lo admiran, le temen o lo detestan, pero todos lo definen como un factor ineludible en la ecuación del poder provincial. Es senador desde hace 14 años por el departamento San Lorenzo, donde están ubicadas las cerealeras y los puertos que exportan el 85% de la soja que se produce en la Argentina. Otro de sus aportantes para las campañas fue Herme Juárez, conocido como “Vino Caliente”, que manejaba la estiba de los buques y estuvo preso hasta 2020.
Reparto de fondos
¿Por qué es tan poderoso? Porque por él pasaban las negociaciones con el gobernador y con otros partidos, y por él pasan hoy las definiciones más calientes sobre partidas presupuestarias, designaciones de jueces y fiscales, traslados de policías y mucho más, apoyado en las facultades que la Constitución provincial le otorga al Senado, al ubicarlo como contrapeso del Poder Ejecutivo. Eso llevó al gobernador Antonio Bonfatti (2011-2015) a negociar la creación del Programa de Fortalecimiento Institucional –en la práctica, una partida presupuestaria para que los senadores distribuyan subsidios– a cambio de votos para las leyes que quería.
Esa partida asciende este año a $795,9 millones que repartirán los 19 senadores más la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. A modo comparativo, el presupuesto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que agrupa a todos los fiscales y fiscalías de la provincia, asciende este año a $397 millones. Es decir, los que investigan delitos tienen menos de la mitad de dinero para funcionar y pagar sus salarios que la política para repartir en subsidios.
En el Senado defienden esa partida. Remarcan que se estableció un triple control para evitar abusos, que sirven para ayudar de manera eficaz a las instituciones o solucionar emergencias y que otros deberían dar más explicaciones. “¿Por qué no le pregunta al gobernador por los 250 millones de pesos que le dio al club Sportivo Norte de Rafaela, el club de sus amores?”, desafió un senador radical ante la consulta de la nacion.
El reparto de los fondos del Programa de Fortalecimiento Institucional derivó en denuncias penales por presunta corrupción y desvío de fondos, con Traferri entre los sospechados. Y esas denuncias provocaron una reacción sintomática de los senadores. Liderados por el propio Traferri (peronista) y Felipe Michlig (radical), aprobaron la ley 13.695 para arrogarse el control político sobre el régimen disciplinario de los fiscales.
Esa ley se judicializó, hasta que la Corte provincial la declaró inconstitucional. Los senadores redoblaron su apuesta y aprobaron otra ley, la 13.807, que rige desde fines de 2018 y sirve como una amenaza latente contra aquellos que pretendan investigarlos.
No fue la única reacción corporativa. Tras la denuncia contra seis senadores que radicó el exconcejal Jorge Boasso por el otorgamiento de subsidios a fundaciones vinculadas a la política, el poder designó a Patricio Serjal como jefe de los fiscales de Rosario. Serjal cumplió: apartó a los fiscales que investigaban el reparto de los subsidios, benefició a los principales acusados y archivó el expediente.
Volvamos a Peiti. ¿Qué declaró cuando se quebró ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery? Que le pagó una coima por US$250.000 a Traferri, lo que se sumó a la confesión del fiscal devenido acusado, Ponce Asahad, que también involucró a Traferri en la trama criminal. Los fiscales citaron a Traferri a indagatoria para el 11 de diciembre de 2021. Lo acusaron de cobrar coimas, encarar negociaciones incompatibles con la función pública e incumplir sus deberes como funcionario público. Pero chocaron con el Senado. Radicales y peronistas se unieron para rechazar su desafuero. Traducción: es intocable.
La votación evidenció el contubernio político santafesino. Todos los senadores peronistas y del bloque de la Ucr-frente Progresista respaldaron a Traferri y solo votaron en su contra los cuatro senadores peronistas que responden al gobernador Perotti (Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman), en tanto que solo se abstuvieron el propio acusado y dos radicales (Lisandro Enrico y Rodrigo Borla).
“Traferri es parte de un entramado de poder en el que también está la vicegobernadora [por Rodenas] y que abarca a peronistas y radicales”, dijo a la nacion uno de los cuatro senadores que apoyaron el desafuero.
Para el investigador y profesor titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, la impunidad es evidente: “Sectores importantes de los tres partidos grandes mantienen un acuerdo de no contar con instituciones de control independientes en la provincia: ni jueces, ni fiscales, ni Defensoría del Pueblo, ni Tribunal de Cuentas, entre otros”.
La protección política que benefició a Traferri contrasta con la forma en que, tras una movida de la Corte santafesina, socialistas y radicales removieron a fines de 2016 al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien había expuesto la actuación delictiva policial reiteradas veces. Y hasta echaron del interbloque Frente Progresista al legislador provincial, Rubén Giustiniani, por negarse a votar su desplazamiento.
Ante los micrófonos, Traferri se definió víctima de una persecución. “Quiero que mi causa sea una causa emblema para que inocentes no estén presos por fiscales que arman causas –dijo en el recinto–. Quiero que sea un precedente. Tenemos que mejorar la Justicia”.
Ante la nacion, Traferri insistió en esos argumentos. “No tengo ninguna duda de que el Ministerio Público de la Acusación provincial no ofrece las garantías suficientes para que yo o cualquier otro ciudadano tenga un juicio justo”.
Traferri radicó denuncias contra los fiscales que pidieron su desafuero. Todas fueron desestimadas por los magistrados que intervinieron. Los acusó de responder al exministro de Seguridad provincial Marcelo Saín, sostuvo que se ensañaron con él –y por extensión con el peronismo que denunció al “narcosocialismo”– y les enrostró que no aplican la misma vara para investigar a todos.
Aunque crítico de Traferri, Font considera válido ese planteo: “Entre el socialismo y el radicalismo se repartieron los cargos dentro del MPA, y eso explica por qué los fiscales jamás quisieron investigar quiénes de la política recibieron el dinero que recaudaban los jefes policiales Amaya y Corbellini, como declaró Peiti”. Corbelini era uno de los policías más cercanos al exministro de Seguridad y actual diputado Maximiliano Pullaro.
Dos años después de la muerte de Encino mientras fumaba en un balcón del casino City Center, el avance de la investigación es elocuente: llegó hasta el umbral de la política. Allí quedó estancada.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery obje
Al comprender que habían interceptado sus llamadas, Peiti rompió el código del silencio
Los fiscales objetaron la constitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que blinda a los legisladores
La investigación por la muerte de Encino llegó a la política y allí quedó estancada
taron la constitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que blinda a los legisladores y lograron que un juez, José Luis Mascali, les diera la razón. También apoyó su planteo el procurador general ante la Corte provincial, Jorge Barraguirre.
Pero el tribunal revocó ese fallo por 5 a 1, con el voto de Daniel Erbetta en soledad. ¿Quién resultó clave en la mayoría? El presidente y articulador de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien no se excusó pese a ser amigo de Traferri, como demuestran las más de 300 llamadas entre ellos que constan en un expediente judicial, además de almorzar y militar juntos, como lo reflejan fotografías que ellos mismos difunden.
Para Gutiérrez, no debió excusarse. “Los criterios de excusación son restrictivos y mi actuación en ese caso fue muy correcta”, dijo a la nacion. Su amistad con Traferri, remarcó, no influyó en su proceder. “Mi voto fue técnico y le recuerdo que el fallo salió 5 a 1”, dijo.
Para Saín, la actuación de Gutiérrez ante el pedido de desafuero de Traferri confirma lo que está podrido en Santa Fe. “Esta maquinación política tiene un jefe, un hombre del Partido Justicialista que hace años se ha posicionado como el jefe de la banda, que es el doctor Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene descaradas vinculaciones con legisladores del justicialismo y del Partido Socialista. Además, ha establecido la estrategia de persecución penal contra mí”, afirmó tras su caída como ministro de Seguridad. Meses después, Saín quedó involucrado en una causa por supuesto espionaje ilegal en territorio provincial.
Gutiérrez ahondó en esa senda. “Yo me negué a tomarle juramento a Saín. No cumplía con los requisitos, y después dijo todo tipo de pelotudeces”, remarcó a la nacion, antes de corregirse a sí mismo. “Pavadas”, editó. “Ahora afronta dos causas, una por la compra de armas que al final no se concretó, y otra porque espió a medio mundo”.
Tras el fallo del máximo tribunal provincial que favoreció a Traferri, Schiappa Pietra y Edery apelaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ilusionan con que revoque la sentencia y declare la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución santafesina que enuncia los fueros parlamentarios. Mientras Traferri mantiene sus fueros, sin embargo, los fiscales pidieron la condena de “Guille” Cantero por el asesinato de Encino a 22 años de prisión (suma sentencias por más de 100 años), del “Toro” Escobar (20 años), “Cachete” Díaz (16 años) y del autor material, Otniel De León Almonte (18 años). También pidieron penas de prisión para el renunciado fiscal Serjal (12 años), en tanto que el también fiscal Ponce Asahad terminó condenado, el fiscal González removido y la fiscal Serena afronta un proceso disciplinario.
¿Traferri? Representa al Senado en la Junta Provincial de Seguridad.ß