EL IMPERIO CRIMINAL QUE SE ADMINISTRA DETRÁS DE LAS REJAS

Pese a que una ley de 1996 prohíbe el uso de telefonía móvil en prisión, muchas acciones del narco se digitan desde las celdas; esta realidad exige abrir dos debates incómodos: derechos y garantías en las cárceles y transformación de la policía santafesina

DRosario ominar la cárcel les permite controlar las calles. Y para dominar las cárceles, el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, necesita grandes sumas de dinero y funcionarios cómplices y corruptos. Como el director de Análisis Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Horacio Lucchini, que le cobró US$150.000, en diciembre, a cambio de beneficios, rejas adentro.

“En un momento, [Lucchini] me empezó a decir que él podía conseguir beneficios para ‘Guille’ Cantero”, reveló Mariana Ortigala, una testigo en la causa Alvarado, el narco “enemigo” de Los Monos. “Los beneficios querían frenar requisas, que les habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que ‘Guille’ tenga un teléfono celular. También frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, engarronar a otra banda… por cada cosa, Lucchini pedía 20.000 dólares”, detalló la testigo a la nacion.

Esos beneficios que vendía Lucchini eran –y son– vitales para retener el control de las calles desde la cárcel, como lo demostró el secuestro que tramó “Guille” Cantero, el 9 de noviembre de 2017. Se encargaron dos miembros de Los Monos que vendían drogas en el barrio Empalme Graneros de esta ciudad. Cantero impartió la orden desde la Unidad 1 de Coronda, beneficiado por la complicidad de las fuerzas de seguridad.

El plan salió mal. El interlocutor de Cantero tenía su teléfono intervenido, lo que permitió avanzar contra los involucrados y requisar la celda del jefe. Mientras ocurría la requisa, alguien intentó alertarle a su celular sobre el operativo en marcha y le sugirió que se deshiciera de ese móvil. Tarde. El alfil del teléfono intervenido cayó asesinado. Veinte tiros.

Para Cantero fue apenas una mancha más. Condenado a prisión por múltiples delitos, dos años antes había cometido otro mientras se alojaba en el penal de máxima seguridad de Rawson, Chubut. Desde allí, organizó por teléfono el envío de marihuana y cocaína por encomiendas a Rosario y Funes, junto a Leandro “el Gordo” Vilches, alojado en otra cárcel, la de Piñero, 1500 kilómetros al norte.

Pero el líder de Los Monos no es la excepción. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) detectó 19 casos similares. Es decir, jefes narco que dirigen sus clanes desde prisión, ordenan asesinatos, secuestros, tráficos de armas y drogas, y lavan activos a través de teléfonos fijos y celulares, aunque el artículo 60 de la ley 24.660 prohíbe desde 1996 el uso de móviles en las cárceles y ordena “instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”. La Procunar expuso que la teoría y la práctica no coinciden: “Esa situación se ha identificado en reiteradas oportunidades, en distintas jurisdicciones y en las cárceles más estrictas del país , evidenciando que el problema excede las circunstancias específicas de una institución en particular, o de las características de determinada organización”, indicó en un informe de 2021.

¿Cómo es posible? En las cárceles, los penitenciarios suelen alquilar celulares a los presos, que pueden llamar a quienes quieran desde determinados “puntos ciegos” de los pabellones, donde las cámaras de vigilancia no filman y los inhibidores de señal no llegan. O no se instalan. En Santa Fe, el gobierno firmó un acuerdo con el Invap con una inversión de US$1,5 millones para instalar un sistema de inhibidores “full jamming” para “blindar” todo el penal de Piñero. Pero aún no lo instalaron.

“Desde las cárceles las bandas criminales manejan el negocio del narcotráfico, pero también el de las extorsiones, que es uno de los principales problemas, porque este negocio criminal derrama una violencia extrema”, señaló la fiscal Varia Haurigot, jefa de la Unidad de Balaceras. En el primer semestre de este año se produjeron, según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, 796 denuncias de extorsiones, en las que en más de 400 se usaron armas de fuego. “Todo se organiza desde la cárcel”, apuntó la fiscal.

Eso ocurre en un contexto complicado. Las fuerzas de seguridad dejaron de actuar como un factor “regulador” del delito, según coincidieron varios fiscales, analistas y exfuncionarios. Eso llevó a la “feudalización” de los territorios y de las cajas recaudatorias en Rosario, con la consolidación de la corrupción entre los penitenciarios, policías provinciales y federales y efectivos de otras fuerzas en la zona. Ni siquiera la Gendarmería quedó exenta de la contaminación y el desgaste, aunque las sombras se ciernen con especial fuerza sobre la policía santafesina, que acumula 9 jefes en Rosario en tres años. Está probado que numerosos efectivos dejaron de combatir el crimen y pasaron a trabajar para el narco.

Ese fue el caso de la División Judiciales de la Policía, que Alvarado sobornó para que persiguiera y desbaratara a su principal contendiente, Los Monos, según declaró en los tribunales Emilio Lencina, un jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que investigó al clan Alvarado entre 2013 y 2016, hasta que la pesquisa quedó trabada por la inacción del juez federal Marcelo Bailaque.

Alvarado no solo compró policías para perseguir rivales. Seleccionó a los jefes de la fuerza, según salió a la luz en el juicio oral por el que terminó condenado a prisión perpetua. Allí quedó en evidencia su amistad con el entonces jefe de policía de Rosario, el comisario Néstor Arismendi, y su peso cuando Cristian Sola fue seleccionado como nuevo jefe de policía de Santa Fe en 2012, luego de que se ordenara el desplazamiento de su predecesor, Hugo Tognoli, acusado de supuestos vínculos con narcos.

Tampoco hay que olvidar la confesión del capitalista del juego, Leonardo Peiti, que detalló cómo las coimas llegaban a la cúpula de la policía santafesina, incluido su jefe máximo, José Luis Amaya, a Daniel Corbellini, por entonces responsable máximo de la Policía de Investigaciones, además de otros jerarcas. Y aunque el gobernador Omar Perotti ordenó la exoneración de 210 agentes , los propios efectivos admiten que es la punta del iceberg.

Nueve de cada 10 policías santafesinos que participaron en el Censo Policial 2020 afirmaron que la corrupción institucional resulta un problema grave. Pero, también, más de la mitad dijo estar seguro de que afrontaría represalias si denunciara lo que sabe sobre la corrupción dentro de la fuerza.

Sin embargo, fue el teléfono de Marcos “Pato” Maccaddon, un alfil de “Guille” Cantero, el que mejor expuso las ramificaciones y alcances del narco en las fuerzas de seguridad. Y así consta en el material que los investigadores extrajeron de los mensajes y audios que intercambió con su jefe y otros narcos como Daniel Godoy, detenido desde marzo de 2021 como parte de la investigación por el asesinato de otro narco, Marcelo “Coto” Medrano.

En esos audios, Mac Caddon aludió al referente peronista en el Senado provincial, Armando Traferri; al exministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, y al jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, además de referirse a las “gorras” –es decir, policías– con los que se reunía.

Tras cruzar mensajes de voz y de texto por Whatsapp, Mac Caddon le envió un mensaje tajante a Godoy: “Pillín que me la chupe; Pipi Traferri, una atención y no jode más. El único complicado es Saín, que anda haciéndose el loco, pero ese lo puede manejar ahí la diputada porque es de Buenos Aires”.

Consultado por la nacion, Traferri negó las afirmaciones: “Todo lo contrario. Por mi posición he sido amenazado, he recibido mensajes mafiosos, mis hijos tuvieron problemas”.

En sus intercambios por Whatsapp, Mac Caddon también le informó a Cantero sobre sus esfuerzos por diversificar los negocios más allá del narcotráfico y abarcar el comercio de granos en negro: “Me junté en San Lorenzo por el tema de los cereales con la gorra y los políticos. Viste que estamos haciendo un par de negocios”. Mac Caddon había ofrecido sus servicios a la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, dominada hasta 2020 por Herme Juárez, más conocido como “Vino Caliente”. El narco pretendió sellar un acuerdo con los opositores al jerarca sindical del SUPA, como mano de obra violenta. El acuerdo nunca se concretó, pero quedaron expuestas las intenciones de meterse en una rama económica estratégica.

El negocio de las extorsiones es uno de los principales problemas: derrama una violencia extrema

Tras la “feudalización” de los territorios, se consolidó la corrupción entre penitenciarios, policías provinciales y federales

Ni siquiera Gendamería quedó exenta del desgaste

“Gorras de todos los colores”

Mac Caddon también le detalló que sus interlocutores querían regular el narcomenudeo, que por esos días enfrentaba a las bandas de Ramón “Willy” Velázquez y de Víctor Hugo “Pipi” Leys en la zona, para que una sola banda se encargara del negocio. “Ellos lo que estaban buscando era que tengan, que se maneje una sola línea… Así que estaba la gorra también

ahí, de todos los colores… Ahí es un arreglo que se paga por semana, bueno, una monedita. Yo aproveché esa reunión y digo: ‘Mirá, yo tengo una línea que la podemos bajar, así que yo propuse la tuya… La aceptaron, lo que no quieren es que hagamos ruido”.

Acusado de “integrar una asociación ilícita cuyo objeto es obtener dinero mediante el uso de violencia, garantizando además la seguridad de barrios y zonas para cometer hechos delictivos (dominio territorial)”, Mac Caddon no solo debió afrontar lo que surgía de su propio teléfono. Los fiscales probaron que se reunió con efectivos de fuerzas de seguridad con los que acordó comprar su protección, evitar que detuvieran a miembros de su clan o los liberaran, y recibir información sobre las investigaciones abiertas en su zona.

Todo tenía precio, tanto con efectivos de las policías santafesina y federal, Gendarmería y Prefectura, acordando un pago de $800.000 por mes a la Brigada Antidrogas, durante tres meses, para que les liberaran la zona y persiguieran a las bandas rivales. Solo evitó nombrar a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), cuyos tentáculos e influencia en la Argentina es un secreto a voces.

En ese contexto, la clase política fue y volvió frente a las fuerzas de seguridad. Promovió su control político o dejó que se gobiernen solas, unificó la gestión de la policía provincial y del Servicio Penitenciario o las ubicó bajo la órbita de distintos ministerios, desplazó o protegió jefaturas de acuerdo con el humor social y las convenienciaspropias,yordenóeldespliegueo el repliegue del territorio sin mayor fundamento. ¿El saldo? Las estadísticas empeoraron.

A ese contexto se suman las idas y venidas que protagonizaron los gobernadores y la Casa Rosada durante los últimos 15 años, y el envío esporádico de destacamentos de la Gendarmería. “El arribo de los gendarmes tiene un primer efecto beneficioso, apaciguador de la violencia, lo que luego baja”, indicó el criminalista Enrique Font.

El gobierno nacional envió las fuerzas federales a Rosario siete veces desde 2014, ante los recurrentes pedidos de gobernadores e intendentes. Pero ya no tranquilizan las aguas. Desde que llegaron 575 gendarmes en agosto pasado, la violencia creció a niveles de hace una década, cuando estalló la guerra narco.

El designado para conducir las fuerzas federales en la zona fue el comandante Ricardo Castillo. El anuncio trajo ciertos coletazos porque Castillo arrastra desde 2017 una denuncia que presentaron tres fiscales federales en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de sus funciones y asociación ilícita que radicó la Procunar contra él y otro gendarme por el presunto armado de una causa penal contra narcotraficantes que, al salir a la luz, llevó a la nulidad de la investigación. El juez federal de Salta, Julio Bavio, dictó la falta de mérito, aunque el fiscal Carlos Amad considera que un peritaje solicitado podría reimpulsar el expediente.

Tres meses después, Castillo y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmaron en el Senado que los más de 750 gendarmes, prefectos y policías federales y de Seguridad Aeroportuaria desplegados en Rosario y sus alrededores protagonizaron 1039 operativos y detuvieron más de 1000 personas, y calificaron como un éxito la creación de una mesa de inteligencia criminal para prevenir delitos.

Para el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la realidad contradice esos números: “La Gendarmería tiene una presencia que permite que se mate gente en su cara. Esa situación es la que harta”.

Fiscales, jueces y criminalistas que conocen a fondo Rosario aportaron a otro enfoque

la nacion sobre la presencia de Gendarmería y otras fuerzas federales. Coincidieron en que requieren más entrenamiento, más capacitación, más tecnología, más análisis de los antecedentes personales y familiares de los involucrados e, incluso, encarar un cruce de relaciones familiares entre policías y narcos.

Los fiscales rosarinos comenzaron a solicitarles a los jueces que recorten los regímenes de visita a los presos de más alto riesgo y la imposición de que sus comunicaciones sean por videoconferencias con un agente penitenciario al lado. Los jueces accedieron. Aun así, no se trata de una solución, sino de un paliativo, y hay por delante un debate incómodo sobre derechos y garantías en las cárceles. Sería, apenas, el primero de los debates incómodos. La transformación de la policía santafesina sería otro.ß