EL “ESTADO BENEFACTOR” QUE MONTÓ EL CRIMEN ORGANIZADO
Allí donde la discontinuidad o desorganización de las políticas públicas fueron dejando bolsones de pobreza, los grupos narcos aportan contención y suman poder
CROSARIO uando llegó la policía, los vecinos dudaron si celebrar o lamentar que detuvieran a Máximo Ariel “el Viejo” Cantero. Porque el fundador del clan criminal Los Monos era –y es– capaz de mandarlos a torturar y matar, pero también asistía a más de 200 personas por día en Vía Honda, uno de los barrios más carenciados de la ciudad, velaba a su modo por su seguridad y hasta organizaba actividades recreativas para celebrar, por ejemplo, el Día del Niño.
Cantero llevaba un año y medio en libertad tras cumplir una condena por narcotráfico y otra por asociación ilícita. Pero reincidió, según los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot. Así que lo devolvieron a una celda, acusado de liderar otra asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios y regaba con balas la ciudad para sustentar sus amenazas. Eso importó poco en el barrio. Allí, Cantero era “don Ariel”.
Era “don Ariel” porque en el barrio estaba a cargo –o decía estarlo– de dos comedores sociales.
Era “don Ariel” porque en el barrio, a diez cuadras de la avenida de Circunvalación, solventaba los sepelios de los desahuciados.
Era “don Ariel” porque en el barrio ayudaba a reparar viviendas, organizaba talleres de capacitación en oficios, proveía más seguridad que un Estado ausente, y hasta contrataba un pelotero para que los chicos se divirtieran.
Pero dentro de su casa, entre una imagen de Al Pacino disparando un fusil en su rol de Tony Montana en Scarface y jaulas con aves exóticas y gallos de riña, los investigadores encontraron 8000 kilos de alimentos, muchos de los cuales estaban en cajas del Plan Integral de Cuidados, más conocido como el Plan Cuidar de la municipalidad de Rosario.
El intendente Pablo Javkin negó cualquier vínculo con Cantero y deslindó toda responsabilidad sobre lo ocurrido. Definió a la municipalidad como una víctima más y le pidió a la Justicia que la tuviera como querellante. Afirmó que eran 137 cajas de alimentos que debieron ir a otro centro comunitario, El Ceibo-manos a la Obra, en otro barrio, Molino Blanco, que sí estaba empadronado en la municipalidad para recibir esos alimentos.
El dato no es menor. El presidente de El Ceibo-manos a la Obra es Leonardo Pucheta y la tesorera, Cintia Macarena Berón; también están imputados en la investigación judicial. Los Pucheta tienen una relación con el crimen organizado desde hace mucho tiempo y ahora le anexaron una pata asistencialista. Varios integrantes de ese clan, a los que apodan “comegatos”, que viven en el Bajo Ayolas, en el sur de Rosario, fueron asesinados. Algunos alfiles de Los Comegatos se habían aliado a Ariel Segovia, conocido como Tubi, que fue asesinado en la cárcel de Coronda, y era parte de Los Monos.
Los Pucheta se ganaron ese apodo porque uno de los miembros del clan fue quien en 1996 le mostró al periodista porteño Julio Bazán de Canal 13 cómo asaban esas mascotas a la parrilla en medio de la crisis del menemismo. Por la trascendencia que adquirió la noticia, que para muchos en Rosario fue una fake news, a los Pucheta los llaman “Los Comegatos”, un clan que está ligado a los Cantero desde hace décadas. La relación más fluida siempre fue con el Viejo, que maneja el bufet del club de pescadores muy cerca de donde viven los Pucheta.
Será difícil saber qué pasó entre el clan Cantero y la municipalidad de Rosario. Cuatro días después del allanamiento a la casa del jefe narco, el domingo 1º de mayo, las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de la Intendencia fueron incendiadas de forma intencional, según concluyó un peritaje de los Bomberos Zapadores.
A pedido de los fiscales, la jueza Valeria Pedrana dictó la prisión preventiva de Pucheta, por el delito de administración fraudulenta, y a Cantero y su esposa por encubrimiento, tras rechazar el planteo de su defensa, que sostuvo que esas cajas estaban en su casa para que nadie las robara. Para la Justicia, sin embargo, las evidencias muestran que Cantero las repartía.
Según la Fiscalía, lideró una asociación ilícita que buscó asentar su dominio sobre barrios enteros de la ciudad, desplazando o matando clanes rivales. Y como parte de esa
disputa territorial ordenó balear escuelas, concesionarias, comedores y estaciones de servicio, además de extorsiones a comerciantes y empresarios. Eso quedó grabado en las llamadas que la Justicia interceptó a un colaborador preso por homicidio.
“El Ariel me dio semáforo verde para que cobremos todos los negocios a nombre de él”, le comunicó el preso a una mujer que estaba en libertad. “Todos, todos los negocios a nombre de él. Todos. Vamos y vamos. Negocio que no sea del Ariel, negocio que tiene que pagar”.
El reflejo de Tony Montana
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) consideran un error o una conclusión malintencionada considerar a Cantero como un benefactor en zonas que antes fueron polos industriales de la periferia rosarina y ahora son bolsones de pobreza, desempleo y marginalidad. “Hay zonas muy abandonadas por el Estado, es cierto, pero tampoco estamos ante tareas de ‘pacificación’”, indicaron a la nacion. “Cantero ordenó balaceras, está sospechado de participar en la trata de personas, abusos de terceros y mucho más”.
Las estadísticas del MPA muestran que el concepto mismo de “pacificación” es una falacia en los barrios periféricos de la ciudad. Más del 60% de las muertes que se registran en Rosario responden a las disputas territoriales entre clanes y bandas criminales, que a menudo no son más que adolescentes enfrentados por el control de una esquina. Es decir, lejos, muy lejos del espejo de Tony Montana en el que quieren reflejarse.
Las estadísticas reflejan, también, que la violencia se concentra en apenas el 13% de la ciudad, en su periferia, lejos de los bulevares y por fuera del cuadrante definido por las avenidas Ovidio Lagos y Pellegrini. Lo que acercó la violencia al centro de la ciudad fueron las extorsiones que realizan los narcos desde la cárcel: dinero a cambio de paz. O balas en el frente del negocio. Y no se trata de un caso aislado: durante el primer semestre se denunciaron 732 extorsiones y en más de 400 se usaron armas.
En el 85,85% de los homicidios también se usan armas de fuego, el 90,1% de los asesinados son jóvenes de entre 20 y 29 años, el 71,8% de las muertes ocurre en la vía pública –y a menos de 500 metros del domicilio de la víctima–, el 62,2% de los asesinatos ocurre de noche, y seis de cada diez se vinculan a organizaciones criminales o economías ilegales. Tres de cada cuatro homicidios no son espontáneos, sino planificados. Aun así, una de cada diez víctimas no era la destinataria del ataque y murió víctima de un error, por encima de los guarismos provinciales (7,8%) y de la ciudad de Santa Fe (4%).
Un ejemplo brutal de esos errores ocurrió el 26 de noviembre de 2016, cuando sicarios asesinaron de dos balazos a Franco Carballo en Grandoli al 4900 y descubrieron luego que se habían equivocado. En realidad, querían ejecutar a su primo, que se llamaba casi igual: Nicolás Franco Carballo. Ese mismo día, completaron la tarea asignada en Esmeralda al 4100, a un kilómetro del primer asesinato. En ambos casos, con armas 9 milímetros.
Para el investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Marco Iazzetta, ese tipo de asesinatos erróneos expone qué ocurre en Rosario por debajo de los dos clanes familiares –los Alvarado y los Cantero– que dominan las noticias. Proliferan las banditas que “se caracterizan por la rusticidad, la desorganización, la improvisación y la desprofesionalización. Se encuentran lideradas por jóvenes que ejercen una violencia vehemente, fuertemente territorializada y altamente lesiva”, detalló Iazzetta, en un artículo de título elocuente –“Crimen desorganizado y mercados ilegales de droga en la ciudad de Rosario”– que publicó la Revista de la Escuela de Antropología en 2020.
Fuera del sistema
El negocio de la violencia, por el que fluye el aceitado mercado de la venta de drogas, se retroalimenta de perfiles como el de Lautaro Arenas, acusado de ejecutar al “arrepentido” Carlos Argüelles, testigo clave en uno de los juicios más importantes del narcotráfico rosarino, con el enemigo central de Los Monos, Esteban Alvarado, en el banquillo.
De 19 años, Arenas fue condenado a prisión perpetua. Nunca tuvo un empleo ni educación: es analfabeto. Pertenece a esa flota de jóvenes que están fuera del sistema, que solo son integrados por los narcos en el negocio criminal. Los otros detenidos –Aldana Peralta, Rodrigo Varela y Maximiliano Morel–, que habrían cobrado 180.000 pesos por matar a Argüelles, tampoco terminaron la escuela primaria y nunca tuvieron un empleo formal. En semejante contexto, el Estado brilla en Rosario por su ausencia. Un ejemplo: Rosario eliminó 11 comisarías en cinco años, como parte de un plan que trazó el gobierno socialista. La idea fue del entonces ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien pretendía eliminar 36 comisarías para reemplazarlas por megaestaciones. Pero el plan quedó trunco por el cambio de gestión y la pandemia. Y los barrios terminaron abandonados a su suerte.
Ahora, las autoridades provinciales anuncian que reabrirán cuatro seccionales, aunque los referentes de la Red de Vecinales Rosarinas Unidas temen que no pase de los anuncios cosméticos. Desconfían hasta que no vean con sus propios ojos la llegada de efectivos, patrulleros y todo lo necesario para combatir el delito, en vez de limitarse a pasar la gorra para la recaudación ilegal. La comisaría 7ª, ejemplificaron los vecinos, cuenta con un solo patrullero activo, mientras otro languidece con sus cubiertas pinchadas.
El gobierno de Omar Perotti decidió dejar a un costado el Plan Abre, uno de los bastiones de su antecesor Miguel Lifschitz, que apuntaba a mejorar la infraestructura barrial. Perotti creó su propio plan, que lo llamó Incluir. Cada sector político mostró su propio plan, sin darles continuidad a los anteriores.
Mientras el Estado fluctúa entre la ausencia y la descoordinación, se expande la “gobernanza criminal”, como la definen los expertos, que es caótica y contradictoria, y que queda sujeta a las disputas territoriales manchadas de sangre. Porque la violencia resulta una fórmula identitaria y un recurso insoslayable para ganarse el respeto y el reconocimiento social. Eso ocurrió, este año, en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, en el Oeste. Las disputas entre soldaditos de Los Monos y de Esteban Alvarado dejaron 44 muertos en menos de cuatro meses. Violencia y sangre, por un lado, y asistencialismo narco por el otro.
“Respeto”
Así, los clanes criminales “se ganan el respeto de la comunidad, porque son parte de ella y buscan mejorar su calidad de vida proveyendo bienes básicos que muchas veces el Estado es incapaz de proporcionar”, destacaron las investigadoras Carolina Sampó y Ludmila Quirós. “Los miembros de los clanes no ostentan sus ganancias –como solían hacer los narcos de generaciones previas– y suelen permanecer en el lugar que los vio nacer”, detallaron en un trabajo titulado “Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación estatal para combatir su avance”.
Algunos datos oficiales fortalecen esa visión. En Rosario y el llamado Gran Rosario, la tasa de desempleo bajó del 7 al 4,3 por ciento durante el segundo semestre de 2022, en tanto que la pobreza llega al 31,2% y la indigencia al 3,6%; es decir, por debajo de los guarismos de la ciudad de Santa Fe, donde la pobreza rondó el 39,6% por esos días. Córdoba tiene peores índices en desocupación, pobreza y salarios. Pero no registra los índices de violencia de Rosario. ¿Qué la distingue tanto?
Según el intendente Javkin, una de las causas sería la propia lucha contra el crimen. “Cuando uno va descabezando bandas, la disputa territorial se hace más violenta”, afirmó, sin que el arresto de los cabecillas los detenga.
Eso no es todo. “El nivel de violencia responde a la fragmentación del mercado de drogas, que es muy competitivo”, dijo un estudioso de Rosario que le pidió a la nacion mantener su nombre bajo reserva para evitar represalias. “Un factor es la policía, que está fragmentada y subordinada a bandas locales. Es una anomalía, distinto a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde la policía regula el crimen. Pero en Rosario, hay policías trabajando para Los Monos y Alvarado tenía en la nómina a policías que investigaban a los Monos”.
Las esquinas de esos mismos barrios periféricos dicen mucho sobre quiénes las controlan, qué sustancias venden, con quiénes rivalizan y mucho más. Reflejan también la profusión de banditas criminales horizontales, sin estructura jerárquica, más fluidas y flexibles, que se mueven en áreas geográficas reducidas.ß