José D’Angelo. “Tiene que ser transparente el pago de las indemnizaciones”

Entrevista con el autor de La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, el libro que fue prohibido en la Biblioteca del Congreso

Texto

Un ejemplar por día vendía el libro La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, de José D’Angelo, antes de que las autoridades de la Cámara de Diputados ordenaran suspender el acto programado para ayer en la Biblioteca del Congreso, en el que el autor iba presentar la obra, junto con Alberto Asseff y Rosendo Fraga. “Esta mañana [por ayer], antes de las 10, ya había vendido entre 40 y 50”, revela D’Angelo a la nacion, al explicar la fuerte repercusión que suscitó la decisión de “censurar” la investigación en la que denuncia el pago fraudulento de indemnizaciones por los desaparecidos.

“Hay que saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta desgracia de la violencia política de los años 70. Y es una oportunidad para que la oposición diga cómo va a tratar estos temas si es gobierno”, advirtió D’Angelo a la nacion.

El periodista presenta una selección de casos en los que se habrían pagado sumas millonarias, como si se tratara de víctimas de la represión ilegal del Estado, cuando hay constancias de que varios murieron en la ejecución de ataques a objetivos policiales o militares, o fueron ejecutadas por las propias organizaciones guerrilleras.

Los casos son los mismos que el periodistadenuncióanteeljuzgado federal de Ariel Lijo, quien avanza con la investigación. Dispuso varias medidas de prueba y ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informar a la Justicia el detalle de los pagos realizados en concepto de indemnizaciones.

–¿Qué se denuncia en el libro?

–El título habla de “estafas con los desaparecidos” y lo tomé de la carátula de la causa que investiga el juez Lijo. No hablo de “la estafa de los desaparecidos”, sino de “la estafa con los desaparecidos”. Es imprescindible reclamar transparencia y rendición de cuentas.

–¿Por qué habla de “estafa”?

–Porque hay casos escandalosos y una falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, en un tema tan sensible, como es la violencia política de los 70. Es increíble que quienes se han cansado de reclamar que se abran los archivos de todos lados, hasta del Vaticano, no permitan el acceso a los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos. Están cerrados a cal y canto.

–¿A cuánto ascienden las indemnizaciones pagadas?

–A valores actuales se estiman unos 3500 millones de dólares. Una indemnización es equivalente al sueldo más alto de la administración pública nacional multiplicado por 100. Para saber el monto total hay que multiplica el resultado por 7996, que son los pagos que se hicieron hasta diciembre de 2022, según pude averiguar en la causa judicial.

–¿Por qué no le dejaron presentar el libro?

–La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se cree con derecho a censurar. Ella se comunicó con la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso y ordeno suspender el acto. La fecha estaba definida desde mediados de febrero.

–¿Qué casos concretos presenta en su denuncia?

–Describo unos 15 ejemplos fraudulentos de cómo se registran presuntas víctimas de la represión ilegal del Estado y en realidad no lo son. En algunos casos, incluso, una vez que se realizó el pago de las indemnizaciones, fueron eliminados de los registros. Todo en jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos.

–¿Puede citar algunos casos?

–Sí, los registros de las víctimas son públicos, pero los trámites de los pagos de indemnizaciones son secretos. Un ejemplo es el de Nora Lía Marquardt, que murió durante un asalto a un camión de caudales de un organismo del Estado, como integrante de una organización delictiva durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El Estado pagó una indemnización y su nombre figura en el Parque de la Memoria, el sitio de homenaje a las víctimas de la dictadura militar que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.ß