Avanza un proyecto de ley para eliminar la fe de vida
El Senado aprobó una iniciativa que busca impedir que los bancos pidan certificar la supervivencia para acceder a los haberes; cómo es hoy la situación respecto del trámite
El Senado de la Nación aprobó días atrás, con un voto favorable unánime, un proyecto de ley que busca eliminar la posibilidad de que las entidades bancarias les exijan a los jubilados y pensionados hacer un trámite de fe de vida como requisito para acceder al cobro de sus ingresos mensuales.
La medida, en caso de ser convertida en ley por la Cámara de Diputados, alcanzaría a todas las personas que cobran haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a quienes perciben prestaciones del régimen no contributivo. Con la eventual nueva ley, los beneficiarios a quienes todavía se les requiere dar una demostración de supervivencia –muchas veces con frencuencia mensual–, ya no tendrían que hacerlo, sin importar qué edad tengan ni en qué banco se depositen sus haberes.
En rigor, el efecto de la eventual normativa del Poder Legislativo generalizaría algo que, en la práctica, ya viene ocurriendo. A gran parte de los prestatarios ya no se le requiere ninguna acción para poder acceder a su dinero (la ley hubiera tenido mayor impacto, de hecho, de no haberse demorado durante varios meses su tratamiento).
El trámite actual de fe de vida no necesariamente implica que la persona deba presentarse en la sucursal bancaria. En el último año ganaron espacio otras modalidades para certificar la supervivencia, como las compras con tarjetas en determinados comercios y de manera presencial, el uso de un tótem o cajero con lector de huellas digitales, o la utilización de una app instalada en el teléfono celular.
El proyecto de ley busca disponer, concretamente, que quede sin efecto “toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales”. El texto agrega que la percepción de una prestación no requerirá “en ningún caso de la realización de acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia”.
La exigencia de certificar la supervivencia había sido suspendida por una disposición general de la Anses en el inicio de la cuarentena dispuesta por el Covid-19, es decir, en marzo de 2020. Y, pese a que en septiembre de ese mismo año desde el Gobierno se anunció el lanzamiento de una plataforma digital de “hechos vitales” con la cual, según se dijo desde el Ministerio del Interior (por el trabajo del Registro Nacional de las Personas, Renaper) y la Anses, se evitaría la vuelta de la fe de vida, el trámite regresó en marzo de 2022 en la mayoría de las entidades bancarias que se ocupan de pagar jubilaciones y pensiones.
Según aclaró una resolución emitida por la Anses a fines de 2021, “los agentes pagadores [los bancos] son los únicos responsables” de controlar que nadie perciba haberes correspondientes a personas fallecidas. Por tanto, son las entidades, que cobran por intermediar en los pago, los que deben hacerse cargo del monto de los eventuales percepciones indebidas. Además, está prevista la aplicación de sanciones.
Un año atrás, el regreso de la fe de vida provocó malestar no solo entre los beneficiarios, sino también entre algunos bancos, que consideran que el Estado deber garantizar que existe información correcta e inmediata sobre la muerte de las personas.
La situación actual
En los últimos meses, sin embargo, varios bancos fueron anunciando que ya no pedirían ninguna acción por parte de los prestatarios para dar fe de vida. La primera entidad que dejó de pedir el requisito (de hecho, con la reanudación del trámite en 2022 ya no lo exigió) es el Banco Provincia. En abril del año pasado, en tanto, el Banco Nación anunció la “suspensión” del requerimiento de certificar la supervivencia para quienes cobran en sus sucursales, algo que se mantiene hasta hoy.
En los meses siguientes se fueron sumando otras entidades a esa decisión. Ya no hay trámite de fe de vida en el Bancor (Córdoba), ni tampoco en los bancos de La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Tampoco en el Itaú ni el Santander, según informaron la Anses y las propias entidades.
Algunos bancos, por otra parte, dejaron de pedir que se certifique la supervivencia solo en algunos casos, dependiendo de la edad de los beneficiarios. En el Banco Ciudad el trámite sigue rigiendo para quienes tienen 81 años y más, mientras que en el Banco Piano quedaron liberados del trámite, a partir del inicio de este año, todos los nacidos a partir del 1° de enero de 1947. En el Credicoop la exigencia es para quienes tienen 75 años y más, según se consigna en su página web.
Y en el banco Supervielle, desde el mes pasado el trámite no rige, pero solamente para quienes tienen hasta 74 años; el resto sí debe certificar cada mes su supervivencia para acceder al dinero de su jubilación o pensión, con excepción de quienes viven en la provincia de Córdoba. En este último caso dejó de regir el requerimiento para todos los beneficiarios, sin importar la edad.
Tanto al Senado como a Diputados ingresaron diferentes proyectos para que, por ley, se elimine la carga para los jubilados y pensionados de tener que probar su supervivencia. Entre los fundamentos de las iniciativas se señala el hecho de que el Estado tiene hoy suficiente infraestructura y capacidad informática para comunicar de forma inmediata los fallecimientos. Además, se expresa que implica una “carga psicológica” exigirles a los adultos mayores que acrediten cada mes su supervivencia.
En el SIPA hay algo más de 6,92 millones prestaciones, cobradas por 5,76 millones de jubilados y pensionados, según la estadística oficial. Además, hay cerca de 300.000 prestatarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). ß