Premiados por usurpar
Resulta inconcebible que las autoridades nacionales concedan una porción de un parque nacional para alojar a quienes sembraron el terror en Villa Mascardi
El presidente Alberto Fernández y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, tomaron la tan inconcebible como insolente decisión de premiar al grupo de violentos usurpadores de terrenos en Villa Mascardi con 10 hectáreas de tierras fiscales dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde los encapuchados erigieron un “altar” que consideran sagrado, y la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad (la “machi”), a su familia y también a los adeptos que podrían visitar ese lugar para recibir los “tratamientos” que brinda.
Lo que podría parecer un error es increíblemente así: los beneficiados son los mismos que destruyeron casas particulares de quienes nunca fueron escuchados por el Gobierno, destrozaron edificios públicos, agredieron a la gobernadora de Río Negro y a miembros de las fuerzas de seguridad con armas de fuego y otros elementos. Se trata de la comunidad que usurpó tierras en Mascardi en noviembre de 2017 y se mantuvo allí hasta la mañana del 4 de octubre pasado, cuando fuerzas federales los desalojaron. Durante ese período cometieron más de 200 vandálicos hechos delictivos, entre incendios, robos y atentados con armas de fuego. Durante el desalojo, los hombres de la comunidad –ahora prófugos, pero igualmente beneficiados– agredieron con armas, piedras y otros elementos a los uniformados. Luego se dieron a la fuga y todavía permanecen en la clandestinidad.
La llamada “machi”, beneficiada por una incomprensible y cómplice generosidad de nuestro Presidente, se encuentra detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria, imputada por la usurpación de predios públicos y privados de Villa Mascardi.
Como es lógico, la irresponsable e ilegal cesión de tierras públicas a esta comunidad delictiva, que solo puede fundarse en razones ideológicas o conveniencias políticas, ha despertado la indignación de la sociedad y de las comunidades mapuches, como es el caso de la comunidad Wiritray, ubicada a pocos kilómetros del lugar de conflicto. Estos habitantes históricos del lugar explicaron que el sitio que los delincuentes declararon sagrado (“rewe”) en realidad sería el sitio que sus abuelos utilizaban como “veranada”, para llevar a los animales a pastar en la época estival. Aseguran que “el Estado pretende enajenarnos de parte de nuestro histórico territorio comunitario para cederlo a este mencionado conjunto de delincuentes y prófugos de la Justicia”.
Resulta realmente sorprendente que una jueza, Silvina Domínguez, haya ofrecido, luego del desalojo, que la comunidad mantuviera un espacio “sagrado” donde los encapuchados colocaron un objeto de madera, supuestamente sagrado, para que la “machi” –hoy detenida– pueda poner en práctica “sus dotes de sanación” dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí también el gobierno nacional tiene previsto construir cabañas para los amigos y allegados de la “machi”, otra más amplia, destinada a un “consultorio” y una tercera para que pueda vivir junto a su pareja.
Recordemos que la toma de Mascardi se inició a partir de “una visión” que tuvo la “machi” en 2017, cuando era una niña de 16 años que se autoproclamó autoridad espiritual del pueblo mapuche, esgrimiendo “que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.
Es asombroso y hasta poco civilizado que una jueza, un presidente y un secretario de Derechos Humanos de la Nación hayan aceptado como cierto este relato para permitir un lugar de “culto” en un parque nacional junto a quienes han sido usurpados y dañados, impedidos del uso y goce de su propiedad, y ahora sujetos al riesgo de que regrese este grupo de delincuentes a ejercer acciones cercanas a la brujería.
Se trata de una absurda recompensa a quienes han robado, quemado, usurpado y ejercido el terror desde 2017 –hoy prófugos de la Justicia–, tal como lo denuncian los pobladores que promueven una marcha hacia Villa Mascardi para hoy.
Sería deseable que instancias superiores de la Justicia responsabilicen y castiguen debidamente a quienes incurren en hechos de incuestionable gravedad que perjudican no solo el patrimonio natural argentino, sino también a los ciudadanos que viven pacíficamente en su territorio y que confían su tranquilidad y seguridad a las instituciones de la república.