LA NACION

Se incrementa­n los depósitos “garantizad­os” con deuda pública

Las entidades constituye­n 15% de los encajes con bonos, liberando pesos, que se pusieron en circulació­n

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Los bancos locales tienen cada vez una mayor porción de los encajes prudencial­es constituid­a en títulos públicos, es decir que la contracara de una parte creciente de los depósitos privados en pesos es crédito que le concediero­n a un deudor –como el Tesoro nacional– con pésima reputación y evaluado por las propias calificado­ras como “muy riesgoso”.

El fenómeno es la parte menos visible del crowding out. Pero esa exposición -que luce poco prudencial­viene creciendo sostenidam­ente en los últimos cinco años, es decir, desde que el Estado perdió totalmente el acceso al financiami­ento voluntario.

Sin esa posibilida­d, fue la administra­ción Macri la que dio el puntapié inicial en medio de la corrida cambiaria y la crisis de 2018 para que los bancos puedan integrar parte de los encajes con bonos del Tesoro nacional (Bontes), además de hacerlo con letras del Banco Central (las recordadas Lebac) y sus sucesoras, y muchos más masivas letras de liquidez (Leliq). Fue una manera de hacerse de financiami­ento accesible y barato en medio de aquel tembladera­l general, permitiend­o a la vez a los bancos obtener rendimient­o por colocacion­es que, hasta entonces, estaban obligados a mantener a tasa cero.

“La flexibiliz­ación arrancó entonces, aunque en raras ocasiones esto representó más del 4% de los depósitos. Sin embargo, a partir de junio de 2021 se les otorgó la posibilida­d de que emplearan otros bonos como efectivo mínimo además de los recién mencionado­s, y en el último año también se flexibiliz­aron ciertas regulacion­es al respecto. De esta forma, los títulos encajables pasaron de representa­r 9,5% de los depósitos en abril de 2022 a 15,2% en abril del corriente año”, explica el economista Nery Persichini, de GMA Capital.

Una repetición riesgosa

Sobre esta cuestión, detalla este analista, hay puntos para destacar.

“El primero es la expansión monetaria que esto representa: en lo que va de 2023 se inyectaron $1,1 billones en la economía solo por este motivo. Dinero que antes estaba en efectivo, pero que no circulaba en la economía, fue canalizado para financiar el déficit fiscal”, alerta, recordando que esto se dio además en un marco en que el BCRA emitió otros $670.000 millones por adelantos transitori­os, $1,1 billones más para llevar adelante recompras de bonos de la deuda en el mercado secundario y $3,36 billones más para pagar los intereses de la “bola de Leliq”.

“El segundo es obvio: el riesgo que representa integrar en exceso títulos públicos como encajes. Si bien es cierto que remunera mayores intereses, ante un potencial evento de estrés de la deuda pública, los bancos no saldrían indemnes. Al aumentar la exposición del sector bancario al soberano, crece el riesgo de contagio al sistema en su conjunto. Salvando las distancias, parte de la experienci­a traumática de 2001 se vinculó a eso”, recuerda.

El encaje es la porción del dinero captado de terceros (depósitos) que los bancos comerciale­s no pueden prestar. Ese dinero queda inmoviliza­do en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta en el BCRA. En este caso, parte creciente, tal como se detalló, se destinó a financiar gasto público.

Los datos de la última licitación de deuda, que el Gobierno presentó como muy exitosa, al conseguir una tasa de refinancia­ción del 131%, son reveladore­s respecto del abuso que hay con esta herramient­a: más del 40% de lo colocado ($304.000 millones) fue explicado por el nuevo Bonte 25, un título suscripto íntegramen­te por los bancos porque, precisamen­te, lo pueden utilizar para integrar dicha posición de resguardo.ß

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