Cuatro años de Bukele: el lado B de su política de seguridad
Una ONG publicó los resultados de una investigación sobre las muertes en las prisiones salvadoreñas; ninguna de las víctimas había sido declarada culpable de delito
Carlos José Santos Mejía estudiaba para rendir sus exámenes finales del último año de la secundaria cuando la policía irrumpió en su domicilio en San Pedro Perulapán, municipio del departamento de Cuscatlán, El Salvador, el pasado 7 de octubre de 2022. La primera reacción del joven, de 18 años recién cumplidos, fue saludarlos, “porque tenía eso de saludar siempre a los policías y soldados, era bien amigo de ellos”, según contó su hermana Karla Santos Mejía a LA NACION. Pero la respuesta de los oficiales no fue la usual: “Te vamos a llevar, porque así lo manda la ley”.
En los meses siguientes, su familia volvió a saber de él en tres oportunidades. La primera fue en su traslado a una cárcel de mujeres ocho días después de su arresto. La segunda, tres meses después, cuando lo ingresaron en un penal en la ciudad de Sonsonate, a unos 90 kilómetros de su localidad natal. Y la tercera ocurrió en marzo de este año, cuando por Facebook y gracias a un aviso telefónico posterior supieron que el joven había muerto.
“El caso ha sido bien injusto”, contó a su hermana. “El LA NACION niño tenía retraso metal y aun así se lo llevaron. Cuando llegaron a buscarlo les dijimos que él era especial, pero dijeron que a ellos no les constaba”.
Durante sus días en detención, sus seres queridos, que no tuvieron comunicación con él, temían que Carlos José no estuviera recibiendo su medicación diaria para su enfermedad mental y sus ataques de epilepsia. Reiteradas veces exigieron en vano a las autoridades la liberación del joven apelando a su inocencia y a su cuadro de salud.
El Instituto de Medicina Legal (IML) indicó en la constancia de muerte que el joven había fallecido a consecuencia de un edema pulmonar, pero otros familiares contaron a El Salvador que su cadáver tenía marcas de violencia en el cuerpo y que su cabeza “estaba deformada”.
A dos meses de su muerte, la familia de Carlos José sigue sin tener respuestas de lo que ocurrió verdaderamente: “Ya no dijeron nada. Mi mamá anduvo en vueltas, pero no le dijeron nada”, asegura a LA NACION Karla.
Estado de excepción
El caso de Carlos José Santos Mejía es uno de los –por los menos– 153 fallecidos en detención durante el primer año del estado de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele en el marco de una política de mano dura a la que le atribuye el descenso de la violencia a nivel nacional, según una nueva investigación publicada el lunes por la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal.
Bukele cumple este jueves cuatro años en el poder con una gran popularidad –92% de aprobación– gracias a su política de seguridad, el Plan Control Territorial, pero con críticas sobre la vigencia de la democracia en el país.
De las 153 víctimas –cuatro mujeres y el resto hombres, no se identificaron fallecidos LGBT–, ninguna estaba declarada culpable del delito que se le atribuía en el momento de su detención.
“No obstante, los resultados permiten sostener que es altamente probable que el número sea mucho mayor, ya que se ha verificado la inhumación en fosas comunes, es decir, no se avisa a la familia de la muerte y se entierra como persona desconocida, pese a que estaba privada de la libertad”, puntualiza el texto.
En la Argentina, en 2020 se registró la cantidad más alta en los últimos diez años de muertes en contexto de encierro, con 58 decesos de personas privadas de la libertad, según la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
La mayoría de los detenidos fallecidos (46,3%) tenían entre 18 y 38 años de edad. El resto rondaban entre los 38 y los 48 años.
Todos los fallecidos vivían en condiciones de pobreza o en zonas controladas por las pandillas y muchos de los familiares de estos detenidos declararon a la organización haber sido víctimas de la violencia de estos grupos criminales en el pasado.
De las 138 personas fallecidas en 2022, 51 se dedicaban a la agricultura, el comercio informal, y eran empleados o estudiantes. Las fuerzas de la policía salvadoreña declararon en varios casos haberlos apresado por ser supuestos colaboradores de grupos delictivos, tener tatuajes –que suelen asociarse a las maras– y por denuncias anónimas, entre otras.
Torturas
El reporte revela que las muertes de los detenidos fueron en su mayoría resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Otras muertes se dieron por falta de atención médica, falta de medicamentos en los casos de reos con enfermedades crónicas, o desnutrición por escasez de alimentos.
“La violencia infligida hacia las personas privadas de libertad forma parte de una deliberada política de castigo y terror impulsada por el mismo presidente Nayib Bukele y los funcionarios que integran el gabinete de seguridad”, reflexiona Cristosal.
El gobierno de El Salvador no ha publicado hasta ahora informes sobre la situación dentro de las cárceles.
Al igual que la familia de Carlos José, Cristosal advierte que muchos familiares se enteran de la muerte de sus seres queridos por empleados de funerarias o por redes sociales.
El estudio de 98 páginas se llevó a cabo con investigaciones de campo que incluyeron fosas comunes, documentación fotográfica de los cuerpos, entrevistas con familiares, vecinos de las personas fallecidas y personas que estuvieron detenidas.
Otro de los casos presentes en el texto es el de un joven de 23 años fallecido el 18 de abril de 2022, cuyo certificado de disfunción difiere de las observaciones del cadáver realizadas por Cristosal.
“El cadáver presentaba señales de golpes en varias partes del cuerpo, quebraduras en pies y manos, llagas en la espalda en forma alargada tipo quemadura, lo que evidencia que pudo ser víctima de tortura. El cadáver fue entregado a la familia en un ataúd cerrado. El Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que se trató de ‘muerte súbita’”, esclarece el reporte.
Las cifras oficiales registran más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores capturados en el marco del régimen de excepción, que lleva más de un año rigiendo en el país.
El régimen de excepción dispuesto por Bukele en marzo de 2022 en el marco de su “guerra contra las pandillas” suspende derechos constitucionales tales como la libertad de reunión y asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, el derecho a la defensa, además de permitir allanamientos y detención arbitrarios, sin orden judicial.
Asimismo, Amnistía Internacional denunció que miles de familias han visto sus economías gravemente afectadas luego de la captura de la persona proveedora dentro del hogar.
Más de 5000 personas han sido liberadas porque no se las pudo vincular con estructuras criminales.
Una reciente encuesta de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) recogió que el 43% de los encuestados consideran la detención de inocentes la falla más grave del estado de excepción.
No obstante, el 87% destacó sentirse seguro bajo esta medida, mientras que el 75% reconoció no saber los derechos y garantías constitucionales que han sido suspendidos desde que entró en vigor.
El 53% de la población salvadoreña no sabe qué es la democracia, según el relevamiento.•