Confirman la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri
El exgobernador kirchnerista de Entre Ríos atribuyó el fallo de la Casación a la campaña electoral
La Cámara de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia por corrupción dictada el año pasado contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Tras el fallo, Urribarri debió dejar su puesto como embajador en Israel y Chipre, adonde había sido promovido por el oficialismo.
En la causa se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
Por esta causa había sido removida de su cargo la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño. Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015.
En su fallo de ayer, la Cámara de Casación de la provincia rechazó los planteos de las defensas. Sostuvo que toda la prueba fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Los delitos por los que está condenado Urribarri son peculado y negociaciones incompatibles con el cargo. La sentencia confirmada fue dictada, por unanimidad, el 7 de abril de 2022.
La Casación recordó que una de las abundantes pruebas encontradas, que resultó clave, apareció de un modo “cinematográfico”: durante un allanamiento en una empresa que resultó ser de un cuñado de Urribarri revolearon a la casa de al lado un disco extraíble que encontró, colgando de una canaleta, la empleada doméstica de la casa vecina. Se lo mostró a la dueña de casa, y aunque las dos creyeron que podía ser un juguete se lo entregaron a la policía que estaba haciendo el allanamiento.
Junto con Urribarri fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Aguilera es el cuñado de Urribarri y se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública por ser dueño de las imprentas a las que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
“Están en campaña”
Conocida la sentencia, Urribarri la atribuyó a motivaciones políticas y a la campaña electoral en ciernes. “Los términos en lo que se expresó Casación demuestran que está en campaña electoral. Las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”, afirmó Urribarri.
“El fallo en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado”, continuó Urribarri, que el jueves pasado acompañó desde el escenario a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto por el 25 de mayo.