El Gobierno avanzará en tribunales contra el expresidente y Grabois
La Oficina Anticorrupción investigará la trama de los seguros y el Fondo de Integración Socio Urbana
El Gobierno avanzará en los tribunales contra el expresidente Alberto Fernández en la causa donde se investigan los seguros contratados por el Estado a través de Nación Seguros y planteará su propia querella para impulsar la investigación sobre el destino final del fideicomiso que nutre al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba a sectores populares y era gestionado por dirigentes cercanos a Juan Grabois.
Así lo afirmó a el flamante titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, un abogado penalista de confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, puesto al frente de este organismo dedicado a recibir, analizar y reclamar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios, llevar adelante políticas de transparencia y motorizar investigaciones de corrupción en la administración pública.
“No vamos a hacer persecución ideológica, vamos a investigar hechos de corrupción, independientemente de los nombres que aparezcan en el camino”, dijo el funcionario, que recibió a en su oficina del microcentro.
La OA está nombrando aún a sus directivos en los cargos jerárquicos. Ya definió quién se hará cargo del área de transparencia y está decidiendo quién asumirá en el área de los litigios.
En ese sentido, el Gobierno cambió de orientación con respecto al rol de la OA en la causas contra funcionarios y exfuncionarios. Primero dijo que no iban a ser querellantes para impulsar las denuncias, en lo que se interpretó como un supuesto pacto de impunidad con el kirchnerismo, y en las últimas semanas anunció que será querellante en la causas de corrupción que cumplan con determinados criterios.
Giro y nuevos criterios
Melik explicó las razones del cambio en que, en un principio, se analizó una reforma legal para que la OA no querelle y que sean solo los fiscales, pero dijo que no se modificó la normativa por lo que decidieron retomar ese rol en las causas. “No hay ningún pacto de impunidad, nadie nos dijo lo que teníamos que hacer ni dejar de hacer, a quién denunciar o a quién no. No recibí ningún comentario de nadie. Vamos a investigar hechos de corrupción sin direccionamientos ideológicos”, afirmó el funcionario.
Melik dijo que está realizando un relevamiento de todas las causas
de corrupción que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y que luego decidirán en cuáles se presentarán como querellantes según sean relevantes en tres aspectos: institucional, social o económico.
Es decir, que la Oficina Anticorrupción asumirá las querellas e impulsará las causas de acuerdo con el rol institucional que tengan los investigados, considerando las consecuencias sociales de los casos o el monto de dinero involucrado.
Con estos criterios es que la OA decidió impulsar la causa contra Alberto Fernández, donde se investiga por qué el Estado pagaba comisiones a un broker de seguros para los contratos de las diversas dependencias del Estado que por decreto debían contratarse con Nación Seguros. En esa causa, el broker Héctor Martínez Sosa es un amigo de Fernández y esposo de su histórica secretaria privada, María Cantero. En ese caso se dan justamente los criterios que expresó Melik.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción relevó las denuncias que tramitan en tribunales sobre el caso, centralizadas en el juzgado federal de Julián Ercolini y la fiscalía de Ramiro González, donde ayer quedó imputado Alberto Fernández. Además, la OA tomó vista de ese expediente y está trabajando en un escrito para ser querellante en esa causa.
Con el mismo criterio está realizando una investigación interna sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta utilizada para urbanización de barrios populares y que era administrada por la exfuncionaria Fernanda Miño, ligada a Grabois.
La administración mileísta resolvió desfinanciarlo al reducir el aporte que recibe del impuesto PAIS. Cuando concluyan este análisis se van a presentar en la Justicia para impulsar la investigación del caso. Lo curioso es que el legislador libertario Sebastián Pareja, cuando fue designado para administrar el FISU, elogió el manejo de los recursos por parte de Miño.ß