El país enfrenta el examen del GAFI sobre combate al lavado
Llega la misión más exigente para inspeccionar la situación nacional en materia de normas; el desafío es evitar caer en la “lista gris”, como ocurrió durante el kirchnerismo
La Argentina se enfrenta este mes a su examen más difícil para evitar caer en “la lista gris” de los países que incumplen las recomendaciones internacionales y son puestos en observación por sus problemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El país recibirá mañana a una delegación internacional de evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que permanecerá 20 días para analizar el aspecto normativo y la efectividad de la Argentina a la hora de combatir el lavado de dinero.
Y existen problemas en ambas áreas, coinciden especialistas y fuentes oficiales consultados. En lo normativo, se trabaja contra reloj para aprobar una nueva ley o un decreto de necesidad y urgencia con las reformas que recomienda el GAFI. Pero en la efectividad de la persecución del lavado es donde la Argentina está más débil. “El golpe más duro es la evaluación de efectividad, y el retroceso en estos cuatro años es grave”, se sinceró una fuente oficial en diálogo con la nacion.
Estos especialistas internacionales entrevistarán a funcionarios, legisladores, jueces y fiscales. Se reunirán con bancos, mutuales y financieras, y compararán el producto de estas charlas con los informes que vienen recibiendo desde hace un año sobre leyes, reglamentaciones, investigaciones en marcha, multas administrativas y condenas penales.
Una de las recomendaciones es promover reformas legales. El gobierno de Alberto Fernández envió un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 2023, aunque luego nunca pasó por el Senado, donde mandaba Cristina Kirchner. El gobierno de Javier Milei se propuso convertir en ley el proyecto que ya tiene media sanción y acordó con la oposición un dictamen. Solo restaba que se reuniera el Senado en febrero para votarlo y aprobarlo.
Pero el Senado no se reunió, terminaron las sesiones extraordinarias y no se aprobó la ley. Por eso el Gobierno empezó a analizar alternativas para cumplir con la recomendación normativa antes de la llegada de los observadores internacionales. Están en esta tarea el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el flamante titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci. El funcionario acaba de regresar de una reunión del GAFI en París acompañado del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, el juez Mariano Borinsky, y Marcelo Ruiz, asesor del ministro de Justicia, además de Felipe Jiménez Losano, funcionario de la Cancillería.
Cúneo Libarona y Yacobucci trabajaron en borradores de decretos de necesidad y urgencia para que firme el presidente Javier Milei, pero ahora dieron marcha atrás y no descartan que el Senado pueda aprobar una ley antes de que se vayan los evaluadores, a fin de mes. La revisión de marzo se extenderá entre dos y tres semanas en la Argentina, pero hay una evaluación en junio y una definitiva en octubre, cuando se ponen las calificaciones finales.
Las principales modificaciones que plantea el GAFI para la Argentina son:
● Reforma del tipo penal de terrorismo. Inclusión de los comportamientos vinculados a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Este cambio no se puede realizar por DNU, sino que será incluida en la ley que se presentará en sesiones ordinarias.
● Incorporación de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y también está previsto aprobarlo por ley.
● Inclusión, como sujetos obligados, de los proveedores de activos virtuales y abogados.
● Creación del registro de proveedores de activos virtuales, que cuenta con apoyo del sector.
● Creación del registro de beneficiarios finales (ya existe en todo el mundo y evita el abuso de las formas societarias).
● Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a la infracción y actualización de su monto (se amplía la multa hoy en 100.000 pesos).
Todas estas modificaciones son parte de las recomendaciones del GAFI para aprobar la evaluación argentina. La inclusión de los abogados en la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de sus clientes puso en alerta a los Colegios de Abogados.
Yacobucci y Cúneo Libarona aclararon que no se trata de violar la confidencialidad de la relación con el cliente, sino de la obligación de reportar. Dijeron que las operaciones en las cuales los abogados deben actuar con “debida diligencia” e informar no se vinculan con causas en trámite de sus clientes, sino “con actuaciones a cuenta y nombre de un tercero en un limitado universo de casos”.
El terrorismo
El otro asunto que traerá debate es la reforma del tipo penal de terrorismo, ampliándolo a la preparación y desarrollo de actos terroristas. La Argentina padeció el año pasado la falta de un tipo penal específico en la materia cuando se investigó la llegada del avión de Emtrasur, con tripulación venezolana e iraní, que estuvo retenido más de un año en la Argentina.
La otra novedad por incluir en la norma es el registro de proveedores de activos virtuales y su inclusión como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de sus clientes. Se trata de las empresas de criptomonedas y todo lo que tiene que ver con fintech, banca electrónica y billeteras virtuales.
Si la Argentina pensaba que su principal debilidad era normativa, los especialistas creen que el escollo más difícil de superar en esta evaluación es la efectividad. Es donde el país está más frágil, coinciden especialistas y autoridades.
La evaluación encuentra a la Argentina como un país con riesgo en cuanto al narcotráfico, la evasión y la corrupción, todos delitos precedentes del lavado de dinero. Por eso los evaluadores internacionales analizarán cómo funciona todo el sistema de incautaciones de bienes, los casos de lavado de dinero y las condenas, como la que se aplicó a Lázaro Báez por lavado o a Cristina Kirchner por corrupción.
Se analizarán, también, las sanciones administrativas, las multas de la UIF por incumplimiento a los bancos y sujetos obligados. No es casual que la semana pasada la Corte rechazara los recursos de un banco y dejó firme una multa que impuso la UIF. La actuación de la AFIP está también en observación.
Los cuestionamientos del GAFI apuntan a situaciones que vienen como herencia de los gobiernos anteriores, ya que el actual apenas si tuvo tiempo de organizar esta visita. La evaluación de este año ya tuvo dos postergaciones desde 2010. El GAFI ya no admitía más prórrogas.
El GAFI es un organismo intergubernamental que establece políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo desde 1989. La Argentina lo integra desde el 2000 junto con otros 40 miembros (38 países y la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo).
La Argentina está en deuda con el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en el aspecto normativo. Por eso la urgencia para aprobar una nueva ley de lavado de dinero antes de que los evaluadores internacionales abandonen el país el 26 de marzo. El resultado de su evaluación se conocerá en octubre de 2024, en una reunión del GAFI en París.
Los evaluadores del GAFI juzgarán la política antilavado de los últimos gobiernos desde 2010, cuando fue la última revisión en el segundo mandato de Cristina Kirchner. De las 49 recomendaciones efectuadas entonces, 20 “no estaban cumplidas”, 26 se encontraban “parcialmente cumplidas”, una “casi cumplida” y sólo a dos se las consideró “totalmente cumplidas”.
Con estos resultados, la Argentina pasó a integrar la “lista gris”, junto a Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Namibia y Sudán, entre otros países, explica el especialista y exdirector de la UIF Agustín Pesce.
En 2016, el país pudo revertir esta situación, con la realización de reformas legales, la creación de la Procelac, que es la fiscalía antilavado, y aumentando su eficacia en los procesos administrativos y judiciales. Logró salir de la “lista gris”. Ahora, ante esta nueva revisión, se expone nuevamente a descender de categoría si no se ajusta a las recomendaciones del organismo internacional.
El incumplimiento de sus recomendaciones implica ser considerado un país de alto riesgo por sus facilidades para el lavado y genera mayores costos en las transacciones financieras, observación de cuentas de personas u empresas y bancos en el exterior, afecta el comercio internacional de Argentina, a las inversiones y genera problemas para acceder al crédito.
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo cuando se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.
María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la UIF entre 2016 y 2020, dijo a la nacion: “El gran responsable de la probable caída de la Argentina en la lista gris es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que no siguió con todas las reformas y la profunda actitud que tuvo el sistema de prevención de lavado de dinero y financiación de terrorismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Se nominó a Hezbollah organización terrorista y la Argentina llegó a presidir todas las UIF del mundo. Este gobierno es nuevo y hereda una situación de los últimos cuatro años que es catastrófica”, dijo la exfuncionaria.