Los militares, más cerca de Villarruel que de Bullrich frente al combate al narco
Sectores internos diferencian el papel de las Fuerzas Armadas y temen las consecuencias de la intervención
Entre los militares, la vicepresidenta Victoria Villarruel saca ventaja en la pulseada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. En el ámbito castrense prevalecen las dudas y el rechazo a la intervención en Rosario para frenar el avance de la violencia, advirtieron fuentes castrenses.
Según pudo saber la nacion, antes de avanzar con el plan de incluir a los militares en las operaciones, a partir de la anunciada reforma de la ley de seguridad interior, el ministro de Defensa, Luis Petri, consultó a los jefes de cada fuerza, y la mayoría puso reparos. Así y todo, la iniciativa impulsada por Petri y Bullrich siguió su curso y llegará al Congreso. “Los reparos son los lógicos, por ahora no hay ley que nos cubra. Con una ley del Congreso es otra cosa”, reveló a la nacion una alta fuente militar. De esa mirada se desprende que no existe un ánimo de poner piedras en el camino a la posible reforma del marco legal.
“No hay diferentes posturas entre los jefes de las Fuerzas Armadas. Lo importante es darle tiempo al debate democrático. La posición de toda la conducción militar es una sola. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, resumió a la nacion una fuente castrense al tanto de la polémica abierta en el espacio político que gobierna.
“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. Los que combatieron el terrorismo están presos”, sentenció sin equívocos Villarruel, en franca oposición a la iniciativa anunciada por los ministros de Defensa y de Seguridad.
Se trata de dos áreas -Defensa y Seguridad- en las que la actual titular del Senado esperaba tener influencia, como prometió Javier Milei en la campaña electoral y admitió la propia vicepresidenta, que tiene un vínculo muy directo con la “familia militar”. Hija de un militar que en los años 70 participó del Operativo Independencia y en 1982 combatió en la Guerra de Malvinas, en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), para mostrar la otra cara al discurso que bajaba del poder durante el kirchnerismo. Hoy se opone a que los militares se involucren en el combate al narcotráfico.
La secuela de los 70 sigue siendo un elemento condicionante en la discusión frente a este tema sensible. A 48 años del golpe de 1976, aún permanecen encarcelados en unidades penales 115 militares y efectivos de fuerzas de seguridad y policiales, por las causas judiciales de lesa humanidad, a los que deben sumarse otros 739 que cumplen prisiones domiciliarias. Esos 854, que incluyen a algunos civiles, forman parte de un universo más amplio, marcado por 812 procesados y 1038 condenados.
Los datos fueron aportados a la nacion por la Unión de Promociones, que contabiliza 830 muertos en cautiverio o bajo proceso judicial. “El total de presos políticos alcanza a 2725, dijeron en la institución.
Como informó la nacion el miércoles pasado, ya en la campaña Villarruel expuso sus diferencias con Bullrich sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia narco. De acuerdo a lo anunciado por el ministro de Defensa, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso fortalecerá la cobertura legal de los militares para intervenir en Rosario. Tendrán las mismas atribuciones que las fuerzas de seguridad. Podrán realizar patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata a jueces y fiscales.
Petri tiene en carpeta, además, un cambio inmediato de la reglamentación de la ley de defensa nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y cuyo espíritu fue modificado con un decreto de Néstor Kirchner en 2006. La ley habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir ante agresiones externas, peor el decreto reglamentario limitó esa atribución a la respuesta de agresiones perpetradas por otros Estados extranjeros, lo que deja afuera la posible intervención ante eventuales atentados terroristas.
Además del fantasma de los 70, que lleva a muchos militares advertir que aún hoy están pagando consecuencias por los enfrentamientos contra la guerrilla, varios uniformados advierten sobre diferencias entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. Altos mandos retirados entienden que las operaciones militares no son disuasivas o preventivas, sino que emplean armas letales. En línea con ese pensamiento, la exposición a eventuales cuestionamientos por las consecuencias de sus acciones es mayor. Ante una consulta de la nacion, un general retirado dijo que existe “frustración desde hace tiempo con el actual gobierno, ya que la familia militar votó con la idea de que Villarruel lideraría el área de Defensa y se designó a un radical de Pro”, expresó. Claro que el pensamiento no es unánime. En el Foro Argentino de Defensa, que promueve el debate sobre los problemas de “un área esencial” y que preside Santiago Lucero Torres, se vive “con preocupación que no haya una visión compartida dentro del Poder Ejecutivo sobre una cuestión tan delicada”.ß