Depredación en nuestro Atlántico Sur
La pesca ilegal por parte de buques extranjeros continúa sin cesar e impunemente, perjudicando a la economía argentina y al ecosistema marino
En reiteradas ocasiones hemos denunciado desde este espacio la depredación ictícola de numerosos buques extranjeros en nuestra zona económica exclusiva (ZEE). Esta situación no solo nos genera un enorme perjuicio económico cuando no respetan ni zonas ni períodos de veda, sino que también contraviene y afecta nuestra soberanía.
Días atrás, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional por un temporal en el Atlántico Sur, que preveía olas de entre cinco y siete metros de altura, obligaron a unos 259 buques chinos a pedir refugio en nuestras aguas.
Con anterioridad a la recepción de estos pedidos, el buque Calvao, de origen portugués, fue detectado por el Sistema Guardacosta presumiblemente pescando en la ZEE argentina, a 370 kilómetros de la costa, en infracción al Régimen Federal de Pesca, por lo cual se emitieron notas a la Secretaría de Pesca, la Cancillería y la Autoridad Consular de Portugal para informar de la irregular situación.
Con su extensión y alta productividad, nuestra plataforma continental es hábitat de innumerables especies. Las estimaciones contabilizan más de 500 buques factoría y pesqueros extranjeros que compiten por el mismo recurso detrás del cual operan unos 72 barcos poteros argentinos, principalmente langostino, merluza y calamar, todo destinado al mismo mercado internacional. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada al filo de la milla 200 afecta seriamente la sostenibilidad del recurso.
La Argentina, Uruguay y Brasil compartimos el Atlántico sudoccidental, una zona de aguas internacionales en la que no hay un organismo de ordenación pesquera, en parte por la presencia de la administración de las Islas Malvinas, que no está reconocida por nuestro país ni por otros la región. El interés chino en que su flota reciba apoyo logístico en puertos argentinos no cesa y enciende polémicas respecto de los beneficios de generar así empleo local. Mientras tanto, en Montevideo descargan y se reaprovisionan buques que operan también en la referida zona, considerado el segundo mayor puerto del mundo en recepción de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
A todo esto, Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina ha expresado su rechazo ante los cambios que la ley ómnibus proponía para el régimen federal de pesca. Argumentan que “deja de lado el historial pesquero, las inversiones realizadas y la mano de obra argentina empleada” y reclama que no se haya consultado al sector. Se oponen a liberar la venta de licencias de pesca a flotas internacionales en nuestra ZEE, que “pondrían en riesgo la protección y la sostenibilidad de los recursos pesqueros”, un sector que genera 46.000 puestos de trabajo directos en la Argentina.
Dentro de la zona económica exclusiva, durante más de un mes flameó la bandera argentina del buque Tai An, cuyo verdadero propietario es chino, un procedimiento habitual que nuestras autoridades parecen consentir para cubrir la depredación extranjera a pesar de que a bordo llevan un observador y un inspector. Fue denunciado por las únicas tres empresas argentinas tenedoras de cuota de merluza negra, especie protegida internacionalmente, de reducida población y que se pesca con cuentagotas. En violación del sistema de cuotificación, el buque finalmente inspeccionado en el puerto de Ushuaia el pasado miércoles llevaba una carga de 163 toneladas con un valor de 4 millones de dólares, que ya había comenzado a ofrecer a la venta. La mitad eran juveniles, por lo que no tenían forma de justificar que fuera solo pesca incidental. Las multas que fija la ley federal de pesca por estas faltas son millonarias, además de imponer parada en puerto por 60 días y, a veces, retiro de los permisos.
Capeca, la cámara que nuclea a los buques congeladores, denunció una ilegalidad de proporciones y solicitó el decomiso de la carga. Desde la Subsecretaría de Pesca, en un primer momento se exigió el regreso a puerto del buque para verificar su carga, como indican las normas, pero luego de un llamado de tono intimidatorio que se habría recibido de parte de Pablo Ferrara, coordinador general de la Comisión Nacional de la Plataforma Continental (Copla), solo se le pidió que se alejara de la zona. Julián Suárez, director de Control y Fiscalización Pesquera con 15 años de actuación en el área, presentó su renuncia. Días después lo siguió Ferrara. A todo esto, Liu Zhijiang, propietario del buque, se había reunido la semana pasada con el flamante subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, el mismo funcionario que se hizo presente en el momento de inspeccionar la carga.
Urgidos por recuperar nuestra devastada economía, no podemos darle la espalda a un sector que genera unos 2000 millones de dólares anuales en divisas. Mucho menos, desoír los razonables reclamos de ambientalistas ante la desprotección del valioso recurso que habita en nuestros mares cuando las propias autoridades se muestran dispuestas a incumplir las leyes que preservan nuestra soberanía. Urge conformar el Consejo Federal Pesquero, para cuya conducción estaba propuesto el renunciante Ferrara. La impunidad en el rubro pesquero perjudica a nuestra economía tanto como al ecosistema marino. Alguien debería explicar por qué el Tai An estaría listo para alejarse nuevamente de la costa.