El Gobierno rescinde el 20% de los contratos y los gremios dicen que son cerca de 15.000
Se trata de una primera etapa de ajuste de la planta estatal; los despidos se concretarán el 31 de marzo
Antes de Semana Santa, miles de empleados públicos que están bajo modalidad de contrato (no integran la planta permanente estatal) verán caer sus convenios y, por decisión de la gestión de Javier Milei, quedarán desvinculados del Estado. El Gobierno no puede informar aún cuál será la cifra global de cesanteados, pero fuentes calificadas señalaron ayer que se estima que “el 20% de los contratos” no se renovarán a fin de mes. El dato preciso se conocerá recién con las liquidaciones de abril.
La desvinculación masiva de empleados obedece a que el decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado que todos los empleados con modalidad de contrato renovarían su situación solo por 90 días y serían sometidos a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, su continuidad. Los gremios estiman que en esa situación quedaron unos 71.000 empleados de la administración central del Gobierno (65.000 de planta transitoria y 6000 bajo la modalidad de asistencia técnica profesional) por lo que están sujetos a renovación para continuar en sus funciones.
Milei generó mayor alerta en la planta estatal porque ayer dijo durante una disertación: “Hay mucho más de motosierra (que de licuadora); echamos a 50.000 empleados públicos y fíjense que ahora van a caer 70.000 contratos”. Fuentes de la Presidencia luego aclararon que los 70.000 obedecen a “el universo analizado” y que lo que dijo el Presidente fue “una confusión”, porque no caerá el conjunto de esos convenios. Tampoco serían 50.000 los despedidos hasta la fecha.
“La cifra 70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente. Las bajas se harán en etapas. Ahora en marzo, el número rondará en un 20%, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones. Los que sí se renueven, se renovarán por tres meses y se continuarán revisando por etapas”, dijeron fuentes oficiales de la Casa Rosada.
La política oficial, según distintas fuentes, fue que el responsable de cada organismo evaluara a su planta y determinara quiénes asisten a trabajar a diario y quiénes cumplen funciones necesarias para la gestión. Extraoficialmente, en las últimas semanas circuló que el objetivo de la Casa Rosada era que la
guadaña alcanzara a “entre el 20 y el 30%” de los contratados”. Consultadas por la nacion, distintas fuentes calificadas de Balcarce 50 moderaron esa cifra y dijeron que estiman que, si bien no hay aún un número oficial, las desvinculaciones finalmente alcanzarían a “entre el 15 y el 20% de los contratados”.
Es decir que en la administración central –sin contar las decenas de organismos descentralizados que existen– serían entre 10.500 y 15.000 cesanteados. En el Ministerio de Economía, donde se registraron algunas protestas de estatales, confirmaron que los cesanteados serán el 15% de los empleados que no integran la planta permanente.
Respecto de la forma de instrumentar los despidos, trascendió que la orden oficial fue que las desvinculaciones se informaran hoy, a 48 horas de Semana Santa, y de manera verbal, sin una notificación oficial. En la Casa Rosada aseguraron que “no hubo una bajada al respecto” y que “cada área manejaba la situación a su manera”, pero que hay organismos que comunicarán la noticia a través del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE).
Los gremios estatales, UPCN y ATE, se encuentran en estado de alerta. En el caso de ATE, el más combativo, hubo una jornada de lucha frente a la sede del exministerio de Agricultura. Se eligió ese lugar por el anuncio del cierre de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Con el correr de las horas se va conociendo la magnitud que tendrá el recorte en distintos organismos. En la Anses, los gremios están en situación de asamblea porque en las últimas horas fueron desvinculados 910 trabajadores. En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde trabajan más de 400 personas, se habló de que habrá un recorte del 30% de los empleados y –según fotos publicadas en redes sociales– se habría enviado personal policial a las distintas sedes donde funciona el organismo. En la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se rescindieron 135 contratos, según una nota de su titular, Diego Spagnuolo, que fue publicada por la agencia Noticias Argentinas (NA).
En la Fábrica Argentina de Aviones Sociedad Anónima (Fadea) suspendieron de manera rotativa al 30% del personal –que cobra el 75% del salario– y establecieron un plan de retiros y jubilaciones anticipadas. Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) denunciaron que habrá 50 despidos en el organismo y realizaron una protesta en el cruce de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta para advertir las consecuencias de este recorte.
“La gente que trabaja”
La Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, no bajó una instrucción respecto de cuántos contratos rescindir y con qué modalidad hacerlo. Una fuente de Casa Rosada apuntó: “La gente que trabaja y que se necesita que siga trabajando, seguirá en su puesto”.
Más allá de la no renovación de los contratos de forma transversal en toda la administración, en distintos organismos hay incertidumbre porque no fueron designados sus titulares y los empleados no tienen certeza de que esas estructuras sobrevivan en el organigrama de Milei. Por caso, los trabajadores de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) emitieron recientemente un comunicado en el que advirtieron que peligra su continuidad “ante la falta de designación de sus autoridades y la reducción de su planta”.