Los movimientos sociales ya preparan una nueva protesta
Lo resolvieron ayer en una reunión conjunta; también presentaron un amparo contra la suspensión de los planes Potenciar Trabajo
El frente que agrupa a distintos sectores de las organizaciones sociales se reunió ayer para profundizar su “plan de lucha” contra el Gobierno y analizar medidas de fuerza de cara a las próximas semanas. Anoche cobraba fuerza la posibilidad de que las organizaciones emprendan una nueva jornada nacional de movilización el miércoles 10 de abril, en lugar del lunes 8 como se analizó en un primer momento.
Aunque los “detalles” de la protesta no estaban “resueltos”, ya que las organizaciones buscarán recuperar la masividad perdida.
El conclave piquetero tuvo lugar en las oficinas que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tiene en el barrio de constitución, y reunió a movimientos afines al kirchnerismo, como el Evita o somos Barrios de Pie, con los referenciados en la izquierda, junto a un tercer grupo de organizaciones más independientes.
A mediados del pasado mes, frente a los sostenidos intentos del Gobierno por recortar su influencia en el territorio y hacerlos a un lado en el manejo de los planes sociales, estos grupos decidieron aunar fuerzas, concentrar sus reclamos y constituir un frente amplio de protesta para enfrentar a los libertarios desde las calles.
La del lunes 10 de abril sería una nueva muestra de fuerza de las organizaciones sociales. Manifestarán su rechazo al desfinanciamiento del Fondo de Integración socio Urbana (FIsU), reclamarán la distribución de alimentos para los comedores que manejan y pedirán por la reinclusión de los beneficiarios de planes sociales que fueron suspendidos durante febrero, entre otros reclamos.
Amparo colectivo
Los movimientos sociales también unieron fuerzas en el campo legal. Ayer presentaron un amparo colectivo contra la medida que dispuso el ministerio de capital Humano, a cargo de sandra Pettovello, de suspender más de 20.000 beneficiarios del ex-Potenciar Trabajo, como parte de una extensa auditoría que realiza en todos los sectores del Estado (ver aparte).
El ministerio de Pettovello detectó que muchos de los beneficiarios habían realizado viajes al exterior. “no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica necesario para ser beneficiario del programa”, esgrimieron en el Gobierno.
“Unos 45.000 trabajadores fueron cesanteados de su pago por haber realizado viajes a países limítrofes por cuestiones personales, enfermedades de familiares, fallecimientos, trámites, etc. En ninguno de los casos se pudo corroborar un cambio en la situación social de las familias suspendidas”, se afirma en un comunicado que difundieron el Polo obrero, el MTL Rebelde, La William cooke, la coordinadora por el cambio social y Libres del sur, entre otras organizaciones.
Los firmantes entienden que se trata de una medida “estigmatizante”.
El amparo busca “impugnar y dejar sin efecto” la suspensión de poco menos de 23.000 planes sociales, como también de las “futuras resoluciones” que contengan “motivaciones análogas”.
“Peticionamos que, de modo cautelar, se ordene el inmediato pago del salario a todos los titulares afectados por la resolución en cuestión”, se agregó en el documento presentado ayer por la mañana.
El texto, que lleva el patrocinio del letrado Eduardo Penello y de la abogada Doris Juana Quispe Juro, luego de enlistar los requisitos y las incompatibilidades para recibir el beneficio, afirma que “en ninguno de los [casos] se menciona la salida del país como un factor incompatible para la permanencia en dicho programa”.