El Incaa: una película de terror
Los números del Instituto Nacional de Cine ilustran la irresponsable manera en que se manejó este organismo durante muchos años
Las revelaciones sobre la insostenible situación económica del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) son cada vez más elocuentes. Los números que empezaron a trascender desde que se hizo cargo a fines de febrero la conducción designada por el Gobierno empiezan a justificar con creces la presencia al frente del organismo de un economista en vez de un representante del sector audiovisual, como venía ocurriendo.
Los últimos datos conocidos son especialmente precisos para ilustrar el modo irresponsable con el que se manejó el Incaa durante las gestiones del kirchnerismo, y especialmente en la última etapa del gobierno anterior. La nueva administración, encabezada por Carlos Luis Pirovano, suspendió gastos que en el último ejercicio anual superaron los 42 millones de pesos solamente en servicios de movilidad (motomensajería, traslados en taxi y afines); los 28 millones en combustibles, estacionamiento y comida; los 22 millones en servicios complementarios de seguridad, y los 150 millones en el pago de horas extras al personal.
Debe valorarse la decisión oficial de transparentar los números del Incaa, que debería servir a la vez de ejemplo y modelo para que se haga lo propio en el resto de la administración pública, dejando finalmente a la vista de todos las graves consecuencias del desmanejo en las cuentas del Estado. En el caso del Incaa, lo que empezó a revelarse a través de los números fue algo que se hizo costumbre durante los años kirchneristas: hubo más dinero para sostener la burocracia del organismo que para hacer películas.
Lo que era un secreto a voces (que los gastos estructurales, operativos y de personal crecieron mucho más que los ingresos) fue cuantificado por las nuevas autoridades del Incaa en las reuniones que mantienen con entidades del sector. El quebranto alcanza hoy por lo menos al equivalena cuatro millones de dólares, que fueron en gran parte financiados con adelantos del Tesoro.
El Gobierno parece decidido a librar en este espacio específico del cine argentino un enfrentamiento retórico y conceptual con las ideas representadas por el kirchnerismo mucho mayor al que se refleja en otras áreas del Estado. Pretende mostrar que la idea de “casta” tuvo durante la etapa anterior connotaciones no solo políticas, sino también culturales, por la existencia de un sector que llegó a disfrutar, a cambio de un apoyo ideológico incondicional, de un sinfín de ventajas y privilegios a costa del resto de la población. Un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, dentro de cuya órbita funciona el Incaa, llegó a decir que “se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos”.
La batalla tanto verbal como ideológica entre el oficialismo y algunos sectores que siguen plenamente identificados con las políticas y los beneficios anteriormente gozados y llevan adelante un plan de lucha contra la nueva conducción del Incaa, encabezados por los representantes sindicales, parece encaminada a crecer en los próximos días. Y en la medida en que esto suceda las preguntas imprescindibles que se imponen sobre la situación del cine argentino actual siguen pendientes y lejos de contestarse.
El mayor interrogante sigue pado por el distanciamiento entre el cine que se hace en nuestro país y su propio público, una ecuación básica que extrañamente quedó fuera del radar, escondida detrás del espejismo de una actividad plena, hoy casi paralizada después de que la realidad mostrara su verdadero rostro.
En cualquier lugar del mundo debería ser motivo de inquietud inmediata que apenas un centenar de las 241 películas nacionales estrenadas en 2023 hayan vendido más de 1000 entradas. Es posible que algunas de ellas terminen elevando a través del streaming esas cifras paupérrimas, pero el diagnóstico general deja a la vista un panorama imposible de sostener. Mucho más si desde el Estado se alienta, como ocurrió en los últimos años, un tipo de películas que tiende a satisfacer determinadas opciones temáticas y preferencias ideológicas con una insistencia que al mismo tiempo aumenta el desinterés y la indiferencia del público.
El objetivo que parece haberse impuesto de manera excluyente la nueva conducción del Incaa con la aplicación de un muy severo plan de ajuste es el saneamiento de las cuentas. Una vez completada esa etapa comenzaría a prestarse atención a la producción y a la misión específica asignada al Incaa por las normas vigentes: el fomento del cine argentino.
Para alcanzar ese objetivo, una de las preguntas fundamentales que la comunidad cinematográfica local debería hacerse de la manera más honesta pasa por cuántas películas está en condiciones de producir por año la Argentina con el apoyo del Estado. La ley del cine indica que los ingresos del Incaa deben aplicarse por partes iguales a planes de estímulo y a gastos operativos. Pero en los últimos años se dirigieron a aumentar sin fundamentos la estructura burocrática del organismo, usándolo como ariete de pronunciamientos y necesidades políticas para beneficio de unos pocos que hoy se resisten a abandonar sus cómodas butacas.
El quebranto alcanza hoy por lo menos al equivalente a cuatro millones de dólares, que fueron en gran parte financiados con adelantos del Tesoro