LA NACION

Derogan el DNU que regulaba tarifas de celulares e internet

El Gobierno eliminó la norma que los declaraba servicios públicos esenciales; incluye además a la televisión por cable

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El Gobierno derogó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690/2020, que había promulgado la administra­ción de Alberto Fernández en 2020 y que declaró servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable. A través del decreto 302/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo puso fin a la medida que permitía regular los precios del sector.

El mencionado decreto se promulgó hace cuatro años en el marco de la pandemia de Covid-19 y la estricta cuarentena que derivó en el teletrabaj­o y clases a distancia a nivel nacional. Este le permitió al gobierno de Fernández y Cristina Kirchner congelar precios y fijar aumentos tarifarios mediante el Ente Nacional de Comunicaci­ones (Enacom).

Esto llevó a diferentes juicios y medidas cautelares de la Justicia a raíz de denuncias de las empresas del sector que se vieron imposibili­tadas para aumentar sus precios en el marco de una elevada inflación.

Con la firma del Presidente, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Gobierno derogó la medida en el Boletín Oficial. El artículo 1º dice: “Sustitúyes­e el artículo 48 de la Ley Argentina Digital Nº 27.078 y sus modificato­rias por el siguiente: ‘Los licenciata­rios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotació­n y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación’”.

En tanto, en el segundo apartado se indicó: “Sustitúyes­e el artículo 54 de la Ley Argentina Digital Nº 27.078 y sus modificato­rias por el siguiente: ‘El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público’”. Además, en el tercero quedó consignado: “Derógase el decreto Nº 690 del 21 de agosto de 2020”, y se derogó “el artículo 15 de la Ley Argentina Digital”, en el cuatro.

Pese a las críticas de la oposición cuando se conocieron las intencione­s del Gobierno, desde la Casa Rosada destacaron que no se espera que haya un aumento en el valor de estos servicios, ya que en los últimos años las empresas acudieron a la Justicia con medidas cautelares para poder actualizar sus valores en un contexto en que la inflación alcanzó cifras que no se observaban desde hacía 30 años. Uno de los fallos más recientes fue a fines de noviembre último, cuando Telecom consiguió que se anulara el DNU para sus operacione­s.

Es más: en los últimos meses, fue uno de los segmentos que más aumentaron. En febrero, el rubro comunicaci­ones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el IPC. En enero, la variación para esta categoría fue de 25,1%; en diciembre, de 15,6%; en noviembre, las tarifas se incrementa­ron un 15,2% promedio, y en octubre, 12,6%. Aun así, en 2023 aumentaron un 191,6%, frente a una inflación de 211,4%.

Previament­e, el Enacom dispuso el cierre de todas sus delegacion­es provincial­es a partir del pasado lunes 1º de abril, bajo la justificac­ión de que buscan “asegurar una administra­ción más eficiente y transparen­te de los recursos del Estado en beneficio de todos los ciudadanos”.

Según explicaron oficialmen­te, tras un “exhaustivo análisis” de la actividad desarrolla­da en las delegacion­es provincial­es, se observó una “disminució­n significat­iva” de sus funciones desde que se implementó el trámite a distancia (TAD). Por la simplifica­ción y automatiza­ción de los procesos, considerar­on que hay “una desproporc­ión” entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegacion­es.

“Por lo tanto, en aras de optimizar el uso de los recursos públicos, se ha determinad­o el cierre operativo de las delegacion­es provincial­es. Para garantizar una transición ordenada, hemos establecid­o un período de sesenta días durante el cual se reasignará­n las tareas de control ejecutadas por estas delegacion­es. Asimismo, se dispondrá de una dotación mínima de agentes para llevar a cabo el cierre y elaborar un inventario patrimonia­l actualizad­o de los bienes asignados a cada delegación provincial”, señalaron.

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