¿Debe homologarse cualquier acuerdo salarial?
Celestino Rodrigo comenzó su gestión en el Ministerio de Economía el 2 de junio de 1975 en el entendimiento de que las negociaciones paritarias estaban cerradas con un aumento salarial del 38%. De inmediato, y en números redondos, duplicó las tarifas públicas y el tipo de cambio oficial, generando lo que se conoce como “Rodrigazo”, lo cual generó una vertiginosa dinámica, que, desde el punto de vista de lo que importa en estas líneas, concentro en el hecho de que algunos sectores negociaron modificaciones salariales bien por encima del 38%: construcción, 70%; metalúrgicos, 80%; textiles, por encima del 100%.
La enorme disparidad generó tensión dentro del Gobierno, que se zanjó el 8 de julio, cuando –durante el segundo día de un paro general dispuesto por la CGT–, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón dispuso homologar los referidos acuerdos. A los efectos prácticos, en ese momento, Rodrigo dejó de ser ministro de Economía.
Obvio que 2024 no es 1975, obvio que Milei no es Isabel, pero la cuestión de la homologación de convenios celebrados entre privados vuelve a estar sobre el tapete. ¿Por qué debería el actual gobierno no homologar aumentos salariales celebrados entre representantes de los trabajadores y de los empleadores de algún sector?
Más allá de alguna cuestión técnica, como la conexión que existe entre los acuerdos salariales y ciertas indexaciones, el núcleo del problema tiene que ver con la tasa de inflación implícita en esas negociaciones. Me explico: las argumentaciones pueden tener que ver con el pasado y la necesidad de recuperar salarios reales, pero el pago efectivo de los acuerdos tiene que ver con el presente y el futuro.
¿Y si los empleadores se comprometieron a pagar mejoras salariales porque sobrestimaron la tasa de inflación? Una respuesta posible es: “Que se embromen por no prestarle atención a lo que firmaron”.
Más me preocupa que, en algunas negociaciones, los acuerdos privados hayan descontado la no homologación, de manera que los empleadores son los buenos de la película y el Poder Ejecutivo Nacional, el malo. Es lo que técnicamente se denomina riesgo moral (moral hazard), jueguito que –con el actual gobierno– yo no le recomendaría al sector privado que lo jugara.
Estamos delante de una cuestión delicada porque muchas opiniones diferentes son atendibles, pero forma parte de las cuestiones relevantes hoy en la Argentina.
El núcleo del problema tiene que ver con la tasa de inflación implícita