Un religioso se niega a hacer un curso de género
El arzobispo de Salta apeló una medida por el conflicto con las monjas
CÓRDOBA.– Al borde del plazo establecido, el abogado del arzobispo de Salta, Mario Cargnello, apeló la resolución judicial para que el religioso se capacite en cuestiones de género y haga un tratamiento psicológico. La resolución fue firmada por la jueza de Violencia Familiar y de Género Carolina Cáceres Moreno, que interviene en el proceso iniciado por las monjas de clausura del convento de San Bernardo. Las carmelitas acusaron al arzobispo y otros tres sacerdotes de violencia de género y económica.
Ayer se cumplieron los cinco días para apelar la resolución que alcanza también al sacerdote Lucio Ajaya, al obispo emérito Martín de Elizalde y al vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
El abogado Eduardo Romani apeló en nombre del arzobispo y Ajaya, mientras que Pablo Pfister lo hizo por De Elizalde y Carlos Cornejo Costa por el vicario judicial. La resolución salió después de que Romani pidió cerrar el proceso cautelar iniciado en la Semana Santa de 2022 porque se cumplieron dos años “sin novedades”.
En el monasterio, ubicado a pocas cuadras de la catedral de Salta, se mantiene la custodia policial y siguen vigentes las medidas de restricción contra los cuatro sacerdotes acusados por las monjas.
El nudo del conflicto entre las carmelitas y el Arzobispado es el apoyo de las monjas a la devoción por la Virgen del Cerro y su vínculo con María Livia Galliano, la mujer que desde 1990 dice que “ve y escucha” a la virgen. La Iglesia no la reconoce aunque alrededor del relato de esas “apariciones” se mueven anualmente miles de peregrinos a la ermita que se construyó en el barrio Los Tres Cerritos, a unos 10 minutos del centro de Salta.
En su resolución, Cáceres de Moreno señaló que los sacerdotes acusados tienen “desconocimiento tanto de la normativa vigente en la materia [de género] como de la conceptualización de la violencia de género y perspectiva de género”, para quienes es una cuestión de “sensibilidad de las denunciantes... paranoia... ideología... desobediencia... de carácter o mal humor...”.
Para la jueza esa situación es de “suma gravedad” y está “probado” que hubo violencia. La existencia de violencia no fue considerada probada por la fiscal penal a la que ella misma le corrió vista antes.
En lo que hace a la Iglesia, cuando estalló públicamente el conflicto –que era vox populi hacia adentro– se conoció el documento del Vaticano del 30 de marzo de 2022, 12 días antes de la presentación judicial de las monjas, en el que les pedía a las carmelitas que no se involucraran con la “vidente”, como califican a Galliano.
El texto plantea que la orden “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y sostener esta actividad, que claramente tiene sus repercusiones entre los fieles”. Las monjas son socias de la fundación.
Francisco, a quien la jueza pidió “notificar” de su resolución, designó al delegado pontificio Javier Belda Iniesta “mediador” y defendió al obispo emérito Gustavo Zanchetta, condenado por la Justicia en 2022 a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual.
Hace un año y medio el monasterio de las carmelitas dejó de depender del Arzobispado de Salta y trata con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de las que siempre dependieron.