El proyecto de defensa de la competencia de Milei divide a los especialistas
El borrador del equipo de Sturzenegger tiene el respaldo de expertos; otros alertan que les restaría facultades a las autoridades
El nuevo proyecto de “Ley de bases” que el presidente Javier Milei envió al Congreso incluye la reforma del sistema vigente de defensa de la competencia. Pero la propuesta divide a los expertos: para algunos, la iniciativa es un paso adelante para terminar con las cartelizaciones y los monopolios; para otros, podría resultar contraproducente y quitarles herramientas a los funcionarios que deben lidiar con casos sensibles como el que enfrenta al Gobierno con las prepagas.
La reforma abarca todo el Título VII del proyecto. Son 74 artículos que comenzaron a tomar forma dos años atrás, de la mano del asesor sin cargo en la Casa Rosada Federico Sturzenegger, según reconstruyó cuando el borrador circuló desde mediados de 2022 entre especialistas del sector privado a los que el equipo de asesores de la entonces precandidata presidencial Patricia Bullrich solicitaron ideas y sugerencias.
En esencia, el proyecto dispone la derogación de la ley vigente desde 2018 –la 27.442–, que creó la Autoridad Nacional de la Competencia, aunque en los hechos jamás se llegó a constituir, por lo que continuó vigente la vieja Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que esa norma venía a desactivar y reemplazar, en tanto que la Secretaría de Comercio, liderada por un funcionario político, quedó a cargo de emitir las resoluciones del sector.
Milei propuso crear una “agencia de mercados y competencia” y un “tribunal de defensa de la competencia”, que dividen aguas. Para el oficialismo y algunos expertos, el diseño agilizará los trámites para ocupar esos cargos, les dará nuevas herramientas para investigar y sancionar prácticas desleales y despolitizará toda su actuación.
A tal punto llega la obsesión por quitarle tinte político a la defensa de la competencia que el borrador fija que el responsable de la eventual agencia tendría vedada “cualquier actividad partidaria” durante su mandato de cinco años, renovable por cinco más, además de que no debería haber “desempeñado cargos partidarios” en el quinquenio previo a su designación.
La propuesta oficialista cosecha respaldos de expertos como el economista Esteban Greco, quien lideró la CNDC durante la presidencia de Mauricio Macri. Afirmó que la iniciativa mantiene “lo sustancial” de la ley de 2018, en cuya redacción fue clave, pero “simplifica el procedimiento de designación de una autoridad de aplicación independiente”, lo que juzgó “fundamental” para un régimen de protección de la competencia “moderno”.
“El gran déficit que tiene el sistema argentino es que la autoridad de aplicación debe ser independiente y profesional ante los casos sensibles que debe analizar, y arribar a sus conclusiones sin influencias políticas”, remarcó a
La CNDC lidió con casos sensibles: desde la denuncia por cartelización en la obra pública que derivó de la causa cuadernos (cerrada de forma controversial), la fusión Cablevisión-Telecom o, ahora, la acusación del ministro de Economía, Luis Caputo, contra las prepagas. Se juegan miles de millones.
Para Greco, “el proyecto es un buen proyecto, del que no comparto todo, pero al que ya se le aplicaron varias correcciones cuando se discutió en el Congreso por primera vez [como parte de la primera ley ómnibus] y se envió al recinto el dictamen de mayoría. No hay que comparar el proyecto que ahora impulsa el oficialismo con la ley actual, la de 2018, porque no terminó de aplicarse, sino con la situación actual, que se apoya en estructuras de los años 80 o más atrás”.
Otros expertos no están tan seguros. El abogado Pablo Trevisán, que compartió como vocal el período de Greco en la CNDC, evaluó que el proyecto es “innecesario, inconveniente e inoportuno”. Entre otros motivos, porque al simplificar los trámites para designar al secretario de la agencia y a los cinco miembros del tribunal, que quedarán sujetos a la propuesta del Presidente en vez de un concurso, “podría reducir la garantía de independencia”, además de que en la práctica el proyecto podría debilitar a la autoridad competente.
“La discusión que en estos momentos mantiene el Gobierno con las prepagas ayuda a poner sobre el tapete cómo es la legislación sobre defensa de la competencia y las autoridades del sector”, planteó Trevisán, que inició una acción preventiva de daños en tribunales en representación de una jubilada de 82 años afectada por las subas de las prepagas, y una denuncia ante la CNDC. Estimó que el proyecto “le quitaría facultades y reduciría la gravedad de las sanciones que la autoridad podría imponer”.
El sucesor de Greco en la CNDC en la gestión de Alberto Fernández, Rodrigo Luchinsky, celebró “la preocupación por revisar la arquitectura institucional del sistema de defensa de la competencia”. Pero alertó que “el proyecto reduciría las herramientas básicas de sanción, facilitaría la concentración de los mercados e, incluso, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.
Estimó que el titular de la agencia podría por sí solo aprobar o condicionar operaciones de concentración económica. “Sobre esto realmente no existen antecedentes imitables. La decisión más importante de una autoridad ‘antitrust’ es, justamente, condicionar operaciones. Son decisiones muy excepcionales y que requieren gran respaldo institucional, porque implican de algún modo limitar el accionar de un grupo empresario. Por eso, todas las agencias ‘antitrust’ son colegiadas, y muchas de ellas, con participación de la oposición política, como en Estados Unidos”, ejemplificó. “Como la aprobación de las operaciones de concentración económica no es revisable judicialmente porque son decisiones de política económica –abundó–, dejar esa responsabilidad en un funcionario designado discrecionalmente por el gobierno no parece razonable”.
Greco no ve mal que una persona lidere la agencia, en un sistema que incluya un tribunal: “Modelos similares se aplican en Chile y Brasil, por ejemplo, y aquí se plasmaría con nuestras propias particularidades. Más allá de eso, lo importante es que hay que lograr que la ley de 2018 o este proyecto se apliquen de una buena vez. Si en estos momentos hay impulso político y consenso entre las fuerzas que integran el Congreso para avanzar para que esta reforma prospere y se ejecute, hay que aprovecharlo”.
Para Trevisán, la mejor opción pasaría por aplicar la ley vigente. “La ley que se aprobó en 2018 logró un consenso muy alto entre los técnicos y todos los sectores políticos, pero lo que falló fue su aplicación porque Macri demoró los concursos hasta que fue demasiado tarde y Alberto Fernández jamás mostró interés; al contrario”, precisó. “Milei designó por decreto a las nuevas autoridades de la CNDC, que son muy buenas y con experiencia”, destacó, en alusión a Alexis Pirchio (presidente), y Lucas Trevisani, Florencia Bogo y Eduardo Montamat (vocales). “Si hay voluntad política, en cinco meses podría completar los concursos para activar la Autoridad Nacional de la Competencia, en vez de dar vueltas con una reforma que puede o no salir”, señaló.ß