La oposición pide mejorar jubilaciones y reincorporar el impuesto al tabaco
Los bloques dialoguistas nucleados en Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclaman modificaciones a la “Ley de bases”; van a solicitar que se incorpore la reforma laboral
Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas –incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno– decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la nueva “Ley de bases”. Reclamarán que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacalero y un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.
Los bloques de Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclamarán que la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios (1,8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.
La reversión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto. La versión acotada de la “Ley de bases”, en cambio, todavía no tiene fecha de discusión. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero, cuando se discutió el texto original –que naufragó en el recinto–, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las negociaciones que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.
Fondos fiduciarios: este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la “Ley de bases”. La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren –provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables– vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si estos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.
Organismos públicos: a instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto NaDía cional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
Privatizaciones: la venta del Banco Nación y sus seis empresas anexas genera posiciones contrapuestas entre los bloques. Algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emita un informe crítico soluego bre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para que el Congreso intervenga.
Desregulación económica: no aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público.
Reforma laboral: fue presentada por la UCR. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa –que propone eliminar las llamadas “cuotas sindicales”–, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la “Ley de bases”.
Moratoria previsional: el Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
Tabaco: el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.
Grandes inversiones: solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos.
El FGS de Anses: el Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los $26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a Nación.ß