En marzo se pagaron $114 millones en comisiones por ART

La intermediación no es obligatoria, pero un convenio habilitó al Estado a contratar brokers

La trama de los seguros que investiga la Justicia por ahora hace foco sobre una sola parte del entramado de brokers que cobraron comisiones millonarias sobre las pólizas del Estado. Hay otro capítulo, el de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que comienza a abrirse. No solamente gran parte de los seguros patrimoniales (auto, incendio, obras de arte, etc.) fueron intermediados, sino que también los de riesgos del trabajo, que tienen un esquema distinto. La mayor parte del Estado contrata a Provincia ART, del Grupo Provincia, ya que a nivel nacional no hay una aseguradora similar. Por esas pólizas, el Estado pagó el mes pasado cerca de $114 millones en comisiones, según fuentes del mercado. En comparación, de acuerdo con la auditoría que se realizó sobre Nación Seguros, se pagaron en los primeros dos meses del año $239.961.680 sobre los seguros patrimoniales.

Entre 2020 y 2023, Provincia ART absorbió 28 nuevas carteras del sector público nacional, que antes no estaban en su órbita, ocho de las cuales fueron designadas junto con un broker. En esta rama no hubo un decreto del expresidente Alberto Fernández que obligara a contratar una empresa estatal. Así, por ejemplo, YPF no contrata con a una compañía pública. Existe sí un convenio marco con Provincia ART, que le permite a los organismos hacer contratos administrativos y, a criterio de estos, colocar a un intermediario.

Por eso, en el caso del Ministerio de Seguridad, Provincia ART recibió modificaciones de los productores asociados a las pólizas de las distintas fuerzas. Hasta el gobierno de Fernández, Castello Mercuri, empresa que donó US$16.000 a su campaña, tenía las ART de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y de los empleados del mismo Ministerio. Los últimos tres fueron pasados a la órbita de Héctor Martínez Sosa durante la gestión anterior. Ahora, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich al frente del ministerio, todas las fuerzas pasaron a un contrato directo.

Los productores son designados en las ART de la misma manera que en los seguros patrimoniales: se requiere una nota firmada y certificada por el área para que Provincia ART le pague una comisión que, a diferencia del caso de Nación Seguros, está determinada por ley. Es un 5% de la prima mensual contra el pago de la entidad, que es abonada por la empresa y no por el organismo, por lo que no le conlleva una erogación directa a los ministerios o entes, o una modificación de la alícuota que pagan, sino que le implica un costo adicional a la compañía.

Cerca de una decena de organismos, en la gestión de Fernández, pasaron de contratar de manera directa a Provincia ART a colocar un broker, lo cual generó un dolor de cabeza para la compañía: la empresa tenían armado un equipo acorde a la atención sin intermediación de esas áreas y, con la aparición de un productor, esas personas quedan ociosas y deben reubicarse en otras tareas. Es por este motivo que la empresa deberá hacer una reestructuración ahora que una gran parte de sus clientes públicos le están requiriendo la remoción de los intermediarios.

El broker interviene en dos momentos. Cuando se contrata un servicio, podría ofrecer distintas opciones, con las distintas empresas de mercado, al negociar una mejor alícuota de la prima, que dependen de la masa salarial y del riesgo del trabajo asociado y precio final de la ART. Pero allí es donde el sector público debe ir a licitación, por lo que su rol pierde sentido. Si se hace un convenio interadministrativo con Provincia ART, con quien hay un acuerdo marco, tampoco su rol tiene relevancia porque el sector público contrata con sí mismo.

La segunda instancia en la que interviene el broker es en la de los “servicios posventa”: hacen gestiones entre las partes ante los accidentes de los trabajadores y buscan “mejoras” de lo que ofrece la ART, como cubrir preocupaciones y elementos de prevención, entre otros. La irregularidad yacería, en ese momento, en la discrecionalidad para la colocación del mismo sin licitación ni ningún mecanismo que permita competencia entre ellos para determinar un mejor precio o prestación.●