Despiden a directores en Trabajo e investigan “severas irregularidades”
Cordero echó a 13 funcionarios de alto rango por presunta corrupción; a su vez, designó como número dos a una exasesora de Triaca; siguen las tensiones con Economía
El despido de 13 funcionarios, cuatro de ellos de alto rango, abrió ayer una nueva crisis en la Secretaría de Trabajo, que está a cargo de Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint.
Se desconocen por ahora los motivos oficiales de los desplazamientos, aunque se ordenó una auditoría interna para verificar una serie de gastos irregulares, según fuentes consultadas por
“Ninguno de los que se fueron ocupaban cargos políticos, eran funcionarios con experiencia, que están desde hace varias gestiones”, dijo un dirigente que conoce el funcionamiento del organismo.
Cuatro de los funcionarios desplazados son directores de áreas sensibles y con trayectoria. Las salidas se oficializaron en paralelo con la designación de Liliana Acosta de Archimbal como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, una suerte de número dos de Cordero. Acosta de Archimbal es una abogada que ya fue directora de Asuntos Jurídicos de Trabajo durante la gestión del macrista Jorge Triaca. Su nombramiento se concretó ayer en el Boletín Oficial a pesar de que ya estaba en funciones desde hace dos semanas.
“En el marco de las auditorías que se vienen realizando desde la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, se detectaron severas irregularidades en el área de Administración de la Secretaría de Trabajo. En este sentido, como medida inicial se dispuso la separación de su cargo a 13 funcionarios del área, el inicio de sumarios administrativos y el precintado de oficinas para custodia de posible evidencia. Al finalizar las auditorías, de corresponder, se iniciarán acciones judiciales pertinentes”, informaron desde la cartera laboral, donde ya se habla “de un presunto caso de corrupción”.
Dos de los 13 desplazados son Nicolás Sojit, director general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, y Martín Bugeiro, director general de Administración y Programación Financiera, según precisaron fuentes oficiales. Ambos ya habrían presentado su renuncia.
Las otras áreas involucradas en el escándalo interno de la cartera laboral serían Infraestructura e Informática.
En la sede central de la Secretaría de Trabajo, en la avenida Alem 650, está inhabilitado el 5° piso, donde se realizarán los peritajes para verificar si es que hubo irregularidades. La zona está custodiada, según informaron testigos. También hubo oficinas clausuradas en el anexo lindero, en Alem 638. Cordero evitó hablar con la na
sobre la auditoría, que habría cion comenzado con Omar Yasin, su antecesor, que fue despedido hace un mes. Desde el Gobierno no descartaron activar una denuncia judicial en caso de comprobar que existieron irregularidades.
El control de la Secretaría de Trabajo se volvió un fusible más del superministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello y en la que la motosierra de Javier Milei hizo estragos: 3611 despidos, entre ellos, más de diez cargos políticos de jerarquía. De esos 3611, unas 520 cesantías fueron en Trabajo. La última salida de alto impacto fue la de Mariana Hortal Sueldo, la número dos del organismo laboral y quien siguió los pasos del exsecretario del área, Yasin, a quien el Presidente responsabilizó sin argumentos del escándalo por la suba de su sueldo y de los ministros en tiempos de ajuste.
La salida de Yasin y la llegada de Cordero dejaron al descubierto los cortocircuitos entre la Secretaría de Trabajo y otras áreas claves del Gobierno, como el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, al mando de Luis Caputo y Nicolás Posse, respectivamente.
“Está muy trabada la comunicación con Economía y la Jefatura de Gabinete. Hay cosas que necesitan de autonomía y urgencia para resolver”, reconocieron cerca de Cordero, en un intento de argumentar el retraso en las homologaciones de los acuerdos salariales sellados entre empresarios y gremialistas.
Las tensiones entre la cartera laboral y Economía se agudizaron después de los intentos de Caputo de moderar e intervenir en las paritarias del sector privado. Para el jefe del Palacio de Hacienda, que está en Washington en reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fijar el tope salarial es determinante en su plan antiinflacionario.
La polémica que dejó al descubierto los cortocircuitos fue la paritaria de los camioneros. El gremio que lidera Hugo Moyano pactó hace casi dos meses un aumento de 45% para el bimestre marzo-abril que no fue homologado por el Gobierno, que pretende que las subas salariales no superen el 9%. El martes último, después de un conflicto que escaló, Moyano, Cordero y las dos federaciones empresarias del sector reformularon los porcentajes del acuerdo [15% en marzo y 9% en abril] y se añadió una suma fija. Nominalmente, no hubo cambios en el aumento para los trabajadores. “Fue un maquillaje”, dijo alguien que conoció los detalles del nuevo trato salarial.ß