Renunció el jefe del órgano de control de Santa Cruz
Se trata de Carlos Ramos, quien encabezó el tribunal de cuentas provincial durante el kirchnerismo
EL CALAFATE.– El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Carlos Ramos, renunció al cargo después de 13 años al frente del máximo órgano de control de la provincia. No fue una decisión aislada: lo hizo mientras en la Legislatura está en curso el proceso de juicio político contra él y las vocales nombradas por Alicia Kirchner, en tanto que en los tribunales de Comodoro Py su nombre está en danza dentro del tercer tramo de la causa Vialidad: tiene un pedido de indagatoria solicitado por el Ministerio Público Fiscal pendiente desde 2018.
La renuncia de Ramos fue informada ayer por la gobernación santacruceña, pero empezó a tejerse el último martes, cuando por más de una hora y media se reunió con el gobernador Claudio Vidal, al que le expresó su voluntad de dejar el cargo por considerar que había “cumplido un ciclo” y que era “necesario oxigenar las instituciones de la provincia”, según se informó oficialmente.
Ramos había llegado al cargo en 2011, luego de estar al frente de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, y fue nombrado por el entonces gobernador Daniel Peralta.
La carta de renuncia de Ramos, que también incluyó el pedido de iniciar los trámites correspondientes a la jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social, dejó ahora en libertad de acción a la gobernación para nombrar un vocal en el Tribunal de Cuentas.
Para el gobernador Vidal, la renuncia del ahora exvocal fue “un gesto de grandeza que no es común en estos tiempos y que agradezco”. Y amplió: “Uno ve a algunos agarrados con garras y dientes a sus cargos, con tal de preservar sus privilegios”. Más duro en sus términos fue el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien denunció a Ramos por no ejercer el control “que posibilitó el robo” al kirchnerismo y había iniciado el jury para la destitución del cargo.
En febrero, Leguizamón había denunciado penalmente a Ramos y a dos vocales del Tribunal de Cuentas, Matilde Morales y Romina Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión para luego solicitar formalmente el juicio político. El vicegobernador confirmó ayer que el juicio para los dos vocales sigue adelante, al igual que la denuncia penal efectuada en la Justicia.
A mediados de marzo ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político a los tres representantes del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas. Leguizamón les atribuye a los funcionarios falta de control de las cuentas municipales y los ministerios, y la aprobación sin observaciones de las rendiciones de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de la cual se licitaron obras públicas para Santa Cruz y en su mayoría el beneficiario fue Lázaro Báez, lo que derivó en la causa Vialidad.
En el primer tramo de ese expediente, la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el desvío de obras públicas santacruceñas en beneficio de Báez. Ramos es parte del tercer tramo de la causa. Los investigadores afirmaron que el Tribunal de Cuentas santacruceño “contribuyó a la maniobra criminal investigada a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercer sus deberes de fiscalización y control de legalidad sobre las obras viales direccionadas hacia el Grupo Báez, por la Administración General de Vialidad Provincial”.ß