Las prepagas apelarían la decisión del Gobierno

No pueden ir en conjunto; algunas aún evalúan el camino

Un día después de las polémicas medidas oficiales que obligaron a siete prepagas a reajustar sus cuotas por inflación, las empresas de medicina privada seguían aún en estado de “shock”. Varios representantes del sector comentaron a que todavía LA NACION analizan qué acciones adoptar. Si bien la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio es de “inmediata” entrada en vigor, esto no impide que puedan presentarse apelaciones.

De hecho, una de las empresas con más afiliados confirmó que intentará frenar la medida del Gobierno aunque todavía no elaboró ningún documento formal; el representante de otra compañía indicó que “los abogados analizan qué responder”, y los directivos de Medifé aseguran haberse reunido con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud para entender el alcance total de las medidas. “No podemos no apelar”, explicaron. Fuentes oficiales confirmaron que mantuvieron “conversaciones informales” con las “principales” prepagas afectadas.

Esta segmentación de parte de las prepagas se entiende a partir de la prohibición de reunión entre las empresas, dictada en la resolución del Gobierno, que inhabilita una acción en conjunto como respuesta a la resolución oficial. De esta manera, una presentación de la Unión Argentina de Salud (UAS), que era presidida por Claudio Belocopitt, queda descartada.

A su vez, las empresas de medicina privada aguardan re soluciones del Juzgado 9 de la Cámara Federal Civil y Comercial, en la que el Gobierno presentó la medida cautelar. Esa presentación solicitó ajustar aumentos por inflación, pero además adjuntó una propuesta de reembolso del excedente que las prepagas habrían facturado a sus afiliados. Según ese mecanismo confeccionado por el Ejecutivo, las compañías deberían devolver el dinero en cuotas iguales entre junio y diciembre.

Esto último es lo que más preocupa a las prepagas, dado que calificaron que para ellas sería “inviable”. De todos modos, a diferencia de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, el posible reembolso está incluido en la cautelar y, en consecuencia, su implementación depende de la decisión de la Justicia.

“Todos los abogados están analizando las medidas”, describieron desde otra prepaga. Esta frase explica el motivo por el cual todavía no se registra aún ninguna apelación de las empresas.

Pese a posibles respuestas judiciales de parte de las compañías, en la arena declarativa mantienen una idea que repetían en los días previos a las medidas del Gobierno: “Si todo se mantiene igual, en 30 días no vamos a poder pagar sueldos”.

El Gobierno descree de esa tesis, ya que considera que su propuesta de devolución del dinero cobrado de más es “viable” y las prepagas habrían obtenido rédito financiero con los pagos a 90 o 120 días a los prestadores, tales como clínicas o sanatorios gracias a los que calificó de “excesivos” aumentos.●