El Gobierno espera lograr el aval por la “Ley de bases”, pero a un costo mayor de lo esperado
Con los votos asegurados para la aprobación en general, entre el lunes y el martes, aún quedan dudas en algunos artículos; concesiones del oficialismo para llegar a un acuerdo
“Sería bueno que el presidente [Javier] Milei no utilice Twitter hasta después de la sesión. Así no pone en riesgo la aprobación de esta ley”. Más que una humorada, la del diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los negociadores de la nueva “Ley de bases”, sonó a un consejo. Finalizaba el plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados y los libertarios, luego de trabajosas negociaciones con la oposición dialoguista, se alzaban con el dictamen de mayoría del proyecto. Un trofeo que simboliza el triunfo del diálogo sobre la intransigencia de Milei a transar con “la casta”, aunque a un precio mayor de lo que hubiese deseado el Gobierno.
De aquellos 664 artículos y seis anexos del proyecto con que Milei inauguró su mandato y que llevaba el pomposo título de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” quedó, por obra de la motosierra opositora, un texto más modesto con 232 artículos y un solo anexo. La diferencia no es solo cuantitativa; también es cualitativa: esta nueva redacción condensa un consenso mayor que aquel malogrado dictamen que naufragó en enero pasado por una combinación de mala praxis en las negociaciones, jugadas arteras de un sector opositor y una dosis soberbia libertaria.
El horizonte para su aprobación luce ahora más despejado, al menos en la Cámara de Diputados. El Senado será otro cantar.
“La negociación fue difícil, pero al final, casi desesperados para que no se cayera el proyecto, nos concedieron casi todas las modificaciones”, exaltan los dialoguistas opositores. “Es la ley posible”, se consuelan los negociadores oficialistas, que, después de cinco meses sin poder exhibir una ley de cuño propio –todo un récord desde la recuperación democrática–, se ven apremiados por dar muestras de gobernabilidad ante los ojos aún escépticos del FMI y del círculo empresario local.
La oposición tampoco tenía margen para retacearle más tiempo las primeras herramientas a un gobierno que, mal que les pese, aún goza de un amplio favor social. Ambas partes no tuvieron otra alternativa que arremangarse para llegar al mejor acuerdo posible. Milei se encomendó en su hombre de mayor confianza, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse –ausente en las negociaciones de enero–, y confió en la sempiterna plasticidad del ministro del Interior, Guillermo Francos. El clima había cambiado y las tensiones aflojaron.
Como toda negociación en la que están en juego las urgencias del Ejecutivo y las necesidades de las provincias, las transacciones fueron difíciles. La fragmentación en los sectores dialoguistas, cada uno con sus demandas, las complejizó todavía más. Después de dos meses de idas y venidas finalmente hubo fumata. El Gobierno, no obstante, se equivocaría si cantara victoria antes de tiempo: los opositores llevarán más reclamos al debate en el recinto mañana, cuando arranque la sesión maratónica. Mayorías transversales y circunstanciales podrían dar vuelta algún artículo o incorporar otros indeseados por el Ejecutivo. Los votos se contarán de a uno: serán los momentos de mayor tensión que arrojará el espectáculo legislativo.
De no mediar imprevistos ni arrebatos presidenciales de último momento, la media sanción de la “Ley de bases” y del paquete de reformas fiscales se asoma como el primer triunfo libertario en el Congreso. Festejará el ala negociadora de la Casa Rosada. ¿Festejará Milei? Paradójicamente este triunfo lo despojará de su bandera discursiva más entrañable: con la casta política no se negocia, menos aún las ideas de la libertad. Lo que para la política convencional es natural –el diálogo y la negociación– para Milei es una claudicación.
Los puntos aún conflictivos
Más allá de las modificaciones introducidas, el ala negociadora del Gobierno podrá vanagloriarse de que el espíritu central de ambas iniciativas se mantiene incólume. Con la “Ley de bases”, de aprobarse, tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones, aunque para unos pocos: solo aquellos que presenten proyectos superiores a los US$200 millones.
De yapa, incluyó una módica reforma laboral que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT, pero que incorpora las demandas de las pymes para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco. Una demanda de la UCR que podría traerle al oficialismo algún dolor de cabeza en el recinto cuando la UCR, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, reclame la eliminación de las “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales. Una estocada hacia la “casta sindical” que pondrá incómodo a más de un libertario.
Otro momento de suspenso ocurrirá cuando un conglomerado de bloques opositores reclame la incorporación del capítulo impositivo al tabaco. El Gobierno insiste en discutirlo en una ley aparte. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal volverán a la carga en eliminar el impuesto mínimo y subir de 70 a 73% la alícuota del impuesto interno, para poner en pie igualdad a toda la industria. El sector que torcerá la balanza en esta disputa será Unión por la Patria. “Todavía no tenemos una postura tomada al respecto”, se limitan a responder.
Las demandas opositoras avanzarán en otras cuestiones. Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, buscará doblegar la intransigencia del Gobierno para que el RIGI no se ciña solo a los grandes inversores; insistirá en que las pymes puedan ingresar al régimen, con un piso más bajo. Los soldados de Pichetto tampoco dejarán de achacarle al Poder Ejecutivo su renuencia a revisar los gastos tributarios, que privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.
A la hora de discutir el paquete fiscal, no serán pocas las voces que plantearán cambios en la reversión del impuesto a las ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos). Varios bloques insistirán en que queden fuera de su alcance las guardias médicas y las horas extras de las fuerzas de seguridad. Los patagónicos, por su parte, clamarán por un párrafo especial que exima a los trabajadores de esa región por enfrentar costos de vida más altos.
Tampoco faltarán las voces que adviertan sobre la fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales. Además de acotar drásticamente el universo de personas alcanzadas (por la suba del mínimo no imponible) y reducirse las alícuotas a pagar, el proyecto sorprende con un régimen que le permite al contribuyente tributar 5 años en forma unificada y adelantada una única tasa, con garantía de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.
“Esto excede el mandato actual y condiciona mandatos futuros”, clamaron desde la UCR. Llamativamente, en su dictamen de disidencia, acallaron esta crítica.
En la vorágine de un debate maratónico todo puede suceder, aunque antes de convocar a la sesión oficialistas y opositores dialoguistas se tomaron el trabajo de hacer un conteo fino de los votos sobre los puntos más conflictivos. No hay margen para repetir el fracaso de enero. El veredicto fue favorable, aunque admiten que todavía puede haber sorpresas.
¿Festejará Milei? Paradójicamente, un triunfo lo despojará de su bandera discursiva más entrañable: “Con la casta política no se negocia”